El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes una serie de medidas que afectan al sector de telecomunicaciones y modifican el régimen impositivo para publicaciones periodísticas.
Adorni informó que el Gobierno decidió “ampliar la oferta en el rubro de telecomunicaciones” y adelantó que “se implementarán medidas para alentar una mayor competencia entre las empresas del sector, buscando más competencia, mejor servicio y menor precio”. Eso será a costa de la empresa estatal de servicios satelitales Arsat y del Ente nacional de Comunicaciones (Enacom).
En el plano fiscal, se eliminarán las exenciones del IVA para diarios, revistas y publicaciones periódicas, tanto en ediciones impresas como digitales. “Con esta modificación, los sujetos que realicen estas actividades pasarán a tributar el IVA sin ninguna ventaja respecto al resto de los actores económicos”, afirmó Adorni pese a que se mantienen excenciones como las que benefician a los ensambladores de electrónicos en Tierra del Fuego. Para el vocero, la restitución del IVA a los medios aumentará la recaudación en 264.000 millones de pesos.
El Gobierno pondrá a disposición los “100 MHz de espectro que el Estado Nacional le reservó a Arsat para comunicaciones móviles y que no está utilizando, además de los 50 MHz que se encuentran en manos del Enacom”, dijo el vocero. Estas bandas serán utilizadas para el despliegue del servicio de 5G, con el fin, según el oficialismo, de impulsar inversiones que mejoren las telecomunicaciones y corrijan los «privilegios» de las empresas públicas.
El vocero también anunció la relicitación del contrato para proveer conectividad en las 16.000 escuelas del país, representando un valor anual aproximado de 60.000 millones de pesos, además de un relevamiento de contratos de telecomunicaciones para detectar incumplimientos y la posible existencia de prácticas anticompetitivas en el sector.
La conferencia cerró con la promesa de seguir “trabajando en la desregulación, apertura de mercado y corrección de cualquier distorsión existente en la prestación de servicios”.
Así, el Estado renuncia a contar con esas bandas de frecuencias estratégicas y se las entrega en licitación a compañías privadas del sector de las telecomunicaciones o incluso a aquellas que quieran aventurarse en esa actividad.
Para Adorni, la enajenación de frecuencias es para la “protección de los derechos de los consumidores”. E insistió en que “la apertura del mercado es para que haya mejor servicio”.
En 2023, el gobierno del Frente de Todos licitó 3 de los 4 módulos de 5G que estaban disponibles y recaudó 875 millones de dólares. 750 MHz se repartieron entre tres empresas, 300MHz se quedaron Telecom y Claro y 150MHz Telefónica. Y decidió que 150 MHz quedaran en poder de Arsat para cuestiones estratégicas del país. Ahora, pasarán a manos privadas.
La incipiente tecnología de conexión a internet móvil de 5G recién se está iniciando en la Argentina, donde todavía predomina en la enorme mayoría de los usuarios el uso del 4G.
Habilitar el 5G requiere la instalación de nuevas antenas y la selección estratégica de los sitios donde se ubicarán por parte de las empresas del sector, lo que resultará en una mejora significativa de la latencia en las áreas cubiertas.
Esta tecnología es más rápida y estable. La velocidad del 5G, medida en Mbps (Megabites por segundo), es de 10.000, frente a 200 del 4G, lo que permite, entre muchas otras ventajas, descargar archivos más rápidamente.
Hace un año, durante la gestión de Alberto Fernández, el Enacom había concretado la subasta de las bandas de frecuencias para el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de quinta generación (5G), logrando una recaudación total de 875.091.000 de dólares.
Durante el anuncio, Adorni además sostuvo que el Gobierno hizo una auditoría sobre el Enacom, de la cual se supo que “Telecom y Telefónica debían más de 3.000 millones de pesos en conceptos de aportes de inversión”.
“Este trabajo dejó en evidencia que el Enacom omitió intimar a las empresas, falló en el control e incurrió en una demora en la resolución de recursos interpuestos por las empresas”, agregó.
Además, anticipó que se derogará la resolución 1.491 que implicaba la obligación de incluir señales de carácter informativo en la grilla de las operadoras de televisión por cable.
“El Estado Nacional relevará todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones para analizar su cumplimiento, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciará investigaciones para analizar si existen conductas anticompetitivas en la industria”, detalló.
