“Desde el municipio, el control que podemos hacer es superficial, el poder de policía allí es inexistente. En el último relevamiento que hicimos, vimos muchos emprendimientos privados. Hay que revisar quiénes tienen posesión de terrenos desde hace muchos años y cuales son las explotaciones que realizan en ese lugar”, se apartó el intendente de Capitán Bermúdez, Daniel Cinalli.
El jefe municipal dejó en claro que el escándalo por el ofrecimiento de lotes en venta en la isla de los Mástiles, un área natural protegida de tierras fiscales que comparte con Granadero Baigorria, excede a la capacidad de su gestión.
La denuncia pública la hizo la Comisión Intersectorial Isla de los Mástiles, una unión de ONGs que en un escrito pidió “atención y urgente intervención” a las autoridades santafesinas y de los dos municipios ante las “situaciones alarmantes” que están ocurriendo en el espacio, de unas 900 hectáreas y que tiene menos de 80 años de existencia: la isla, en realidad un conjunto, se formó por una acumulación de sedimentos tras el choque entre el petrolero de YPF “Presidente Figueroa Alcorta” con la barcaza “Plaza Libertad” el 8 de octubre de 1943.
La sucesión de hechos denunciados por los colectivos ambientalistas conforman un entramado que parece haber ido escalando hasta tornarse sumamente grave, encima con quemas incluidas.
La lista comprende “ocupación de los terrenos lindantes al parador Puerto Pirata”, en la que quien avanzó “ha construido una cabaña de lujo para uso privado” probablemente sin habilitación alguna para la obra; carteles de “Propiedad privada. También la ocupación en desarrollo de la punta sur que se fue conformando con sedimentos en los últimos años y donde en marzo del año presente colocaron sorprendentes carteles de “Propiedad privada” y “Prohibido acampar”: para mayor desconcierto, investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, que desarrollan un proyecto de relevamiento en el lugar, fueron advertidos poco más de un mes atrás por un “cuidador” que los terrenos le pertenecían a un privado, cuya identidad aún no trascendió. A esto se le agrega la construcción de tres casas sobre el Paso Destilería, en terrenos correspondientes a Capitán Bermúdez, donde los ocupantes trasladaron un cuatriciclo para desplazarse por la isla. Pero el más grave, y que los distintos grupos que conforman la Comisión Intersectorial ubicaron en primer término es la “venta de terrenos que se está realizando en todo el frente costero lindante con el río Paraná de las hectáreas correspondientes a Capitán Bermúdez”.
Patear el hormiguero
La isla de los Mástiles, a media asta en preservación de lo que escapó al fuego frente a Rosario
“Pateamos un hormiguero”, lamentó el activista ambiental Jorge Bártoli. Miembro de El Paraná No Se Toca –una de las organizaciones que conforman la Intersectorial junto al Taller Ecologista Rosario, la Multisectorial Humedales, el Frente Nuevo Bermúdez y Ambientalistas Baigorria, junto a otros colectivos más pequeños– él mismo había advertido en diciembre pasado la situación: “La isla de los Mástiles está amenazada por la voracidad inmobiliaria, el turismo agresivo, el sobrepastoreo, la caza furtiva y la pesca sin control en sus lagunas interiores, entre los mayores males”, marcó a fines de 2020.
Por entonces, el Concejo Municipal de Granadero Baigorria aprobó una ordenanza clave de protección que tomó en cuenta toda el conocimiento en la materia: dio cuenta de los “servicios ambientales” que brinda el Humedal: “De aprovisionamiento (provisión de alimento y agua, entre otros); de regulación (como la regulación de inundaciones, sequías y enfermedades); de apoyo (formación de suelo, ciclado de nutrientes y otros) y de carácter cultural (recreacional y espiritual)”.
La ordenanza también puso en relieve que la isla de los Mástiles “se encuentra actualmente en estado de emergencia absoluta a partir de las intensas actividades de quema” y, bajo el paraguas de la Constitución Nacional (artículo 41, derecho de todos los habitantes a un ambiente sano); en la ley nacional 25.675 (presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sostenible en Argentina) y, la ley provincial 12.175 de Áreas Protegidas para avanzar en “regular las distintas situaciones de planificación con una visión de sustentabilidad medioambiental a fin de conservar la flora y la fauna autóctonas y de respetar el adecuado equilibrio del ecosistema que se desarrolla”.
En esa línea el intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, ratificó que la ordenanza no sólo está vigente sino que se cumple: “Permanentemente estamos desarmando ranchadas”, le dijo a El Ciudadano. Y explicó que se trata de una construcción provisoria, con fines de ocupación, y que aunque “cuesta”, trabajan con la Policía de la provincia, y con la Guardia Rural Los Pumas en desalentar intentos de intrusión. Con ello también confirmó su existencia: “Vivos hay en todos lados. A nosotros nos rompen los carteles”, admitió, aunque desconoció por completo la existencia de loteos: “Estamos alertas en ese sentido. Queremos que esto se preserve”.
Maglia puntualizó que tienen proyecto en conjunto con Medio Ambiente provincial, a cargo de la ministra Erika Gonnet –quien es de Baigorria– y con el gobierno central a través de Parques Nacionales y el Ministerio que conduce Juan Cabandie. “Hemos cruzado técnicos incluso”, marcó.
Desde la propia Intersectorial admiten que Baigorria es “más de puertas abiertas” y respecto a las amenazas ambientales “más permeable” a la hora de articular para resolverlas. Pero no escapa a un problema común, invocado por todos los gobiernos a escala municipal: “La escasez de recursos”.
Bártoli fue preciso: “Necesitamos la voz del dueño de los terrenos, que es la provincia de Santa Fe”.
En eso coincidió el intendente Cinalli: “En el último relevamiento que hicimos vimos muchos emprendimientos privados, alrededor de 23. No podemos ejercer autoridad de policía porque no somos propietarios”, apuntó a la provincia. Y advirtió, de igual modo que “hay que ver quienes tienen posesión desde hace muchos años y qué tipo de explotación realizan allí”.
También en esa arista coincide Bártoli, quien apunta la presencia de residentes que “conviven con el espacio desde hace muchos años”, con una perspectiva de uso sustentable. Pero los distingue de quienes lleguen y “se arroguen el derecho a hacer desmontes, loteo” y otros actos lesivos: como el resto del Alto Delta, la isla de los Mástiles y el conjunto de islotes también pasaron por la devastación de las quemas. Y esto en similar marco de bajante extraordinaria del río Paraná, lo que expone una mayor superficie en terrenos que están en permanente modificación.
Con todo, en medio de la situación que destapó la Comisión Intersectorial se conocieron ofrecimientos de terrenos por varias partes del humedal, incluso con precios en dólares sobre tierras fiscales e intransferibles entre privados, por más que tengan presencia histórica o, como el caso de Puerto Pirata, permiso de explotación con modalidad de concesión de espacio público. En esa circunstancia, en la que quedaron expuestas incluso agencias inmobiliarias, las entidades que conforman la Intersectorial, que no hicieron denuncia judicial –“No somos los dueños, es la provincia”– pero documentaron todo ante escribano público pidieron reasegurar la situación de espacios públicos de toda la superficie de la isla de los Mástiles, accesibles para todos sin impedimento alguno; y la concreción de los distintos proyectos para aumentar la protección, como el todavía reciente Regenera Santa Fe, anunciado este año por la ministra Gonnet y que apunta a la “ampliación e incorporación de áreas protegidas en zonas del Delta e Islas del río Paraná, para su protección y conservación”. Entre los territorios en vista de la iniciativa se encuentran la isla La Fuente, frente a Reconquista; El Pelado, en el Parque Nacional Islas de Santa Fe; Sabino Corsi, frente a Rosario, conocida como El Banquito; Pereyra, frente a Villa Constitución, y también la isla de los Mástiles. Sobre esa base llamaron a la ministra Gonnet y a los intendentes Cinalli y Maglia a abrir el mazo para “comenzar a gestionar de manera participativa y colectiva” el área, “y así lograr preservar el ecosistema de humedal que la caracteriza”.
