Trabajadores del semanario Tiempo Argentino sufrieron el ataque de una patota durante la madrugada de ayer en la redacción ubicada en el barrio porteño de Palermo. Los agresores provocaron destrozos, por lo que fue imputado el empresario Mariano Martínez Rojas junto a otras diez personas por los delitos de “usurpación” y “daños”.
El ataque generó el inmediato repudio del gobierno nacional, de dirigentes de todos los sectores políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos, centrales obraras y sindicatos de prensa de todo el país (ver recuadro).
La patota desalojó a quienes se encontraban dentro del edificio y ocasionó daños en elementos que son fundamentales para la continuidad de la publicación de Tiempo Argentino, como un servidor y conexiones de red; según indicaron los integrantes de la cooperativa “Por Más Tiempo”, a cargo del semanario porteño luego del súbito abandono por parte de los anteriores propietarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, titulares del Grupo Veintitrés que cobró gran peso mediático y publicidad oficial en la gestión kirchnerista.
Según remarcaron en una conferencia de prensa, la patota estaba integrada por al menos 16 personas, entre quienes estaba el propio Martínez Rojas, quien se arroga el carácter de dueño del inmueble y de las instalaciones de Tiempo Argentino y de Radio América, ubicadas en Amenábar 23 de la Capital Federal.
Los denunciantes afirmaron que algunas de las personas que irrumpieron en el lugar “escaparon por los techos”, pero 16 de ellos “fueron custodiados por la Policía para salir”, mientras que también hubo golpes hacia algunos trabajadores.
El grupo de personas que irrumpió violentamente en la redacción habría cerrado la puerta del edificio para evitar el ingreso de los trabajadores, que realizaron la denuncia correspondiente a la comisaría 31.
Al registrarse la denuncia, se dio intervención a la fiscal Verónica Andrade, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 6, quien ordenó inmediatamente consigna policial en el diario.
“La Policía no intervino ante hechos flagrantes”, denunciaron los trabajadores, al tiempo que apuntaron contra Martínez Rojas que “dice haber negociado con Spolski, del Grupo Veintitrés” la compra de acciones de la empresa tras la quiebra.
“A 16 personas la Policía Federal las dejó salir por orden expresa de la fiscal”, recriminaron. Y agregaron: “Andrade se comunicó con la Policía y dijo que los efectivos esperaran afuera y que los trabajadores nos quedáramos afuera mientras se producían los destrozos en la redacción”.
Luego Andrade imputó a Martínez Rojas y diez personas más por los delitos de “usurpación y daños” y los llamó a declarar en 48 horas en la sede de su Fiscalía.
Javier Borelli, presidente de la cooperativa a cargo del matutino, remarcó que las personas que irrumpieron en el lugar “dicen ser los dueños del inmueble pero ese contrato fue rescindido”.
La cooperativa de autogestión “Por Más Tiempo”, que tiene a cargo la edición y publicación de Tiempo Argentino desde hace tres meses, se constituyó tras el cierre del diario dispuesto por el grupo Veintitrés, tras un prolongado conflicto que todavía no cesó dado que los trabajadores siguen reclamando el cobro de indemnizaciones y otras deudas.
Amplio repudio desde la política y el sindicalismo
Distintos sectores de la sociedad y la política repudiaron el ataque a la redacción del semanario Tiempo Argentino.
El gobierno nacional, mediante un comunicado de la Secretaría de Comunicación Pública, manifestó su “más enérgico repudio al ataque a las instalaciones de Tiempo Argentino y se solidarizó “con los integrantes de esa redacción, víctimas desde hace meses del accionar irresponsable de un grupo de empresarios”.
La Secretaría de Medios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires también expresaron su “enfática condena al ataque” y se solidarizaron con los trabajadores, quienes anunciaron que hoy saldrá una edición especial del semanario, que se publica habitualmente los domingos.
El Partido Justicialista (PJ) se sumó al repudio pero adelantó que va a “pedir explicaciones” a las autoridades a través de una iniciativa parlamentaria. “No nos quedaremos sólo en el repudio”, anticipó el presidente del PJ, José Luis Gioja.
Al respecto, el bloque de diputados del FPV solicitó la interpelación de la ministra Bullrich y del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, “para que expliquen la actuación de las fuerzas policiales en el atentado” y destacó que la comisión de Libertad de Expresión invitó a Martínez Rojas a una reunión convocada para este martes a las 12 en el Congreso.
Por su parte, Amnistía Internacional calificó lo sucedido como un “ataque a la libertad de expresión” y en la misma línea se manifestaron Abuelas de Plaza de Mayo, el partido Miles y las dos corrientes de la CTA y gremios de prensa de todo el país como Sopreba (Buenos Aires) y el Sindicato de Prensa de Rosario (SPR), que exigió “a las autoridades políticas y judiciales una inmediata investigación y un esclarecimiento para sancionar a los atacantes”.
El SPR también se solidarizó con los trabajadores despedidos de Revista 23, de Rosario y Mar del Plata. “Reiteramos el rechazo a esta metodología de achiques y más precarización en los medios de nuestro país”, concluyó el gremio de prensa rosarino.
