Organismos defensores de los derechos humanos agrupados denunciaron este miércoles penalmente a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y a su par porteño, Waldo Wolff, por la utilización de una sustancia corrosiva por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones de protesta contra la denominada Ley Ómnibus.
“Red Federal por la defensa de los DDHH y la democracia”, que agrupa a múltiples organismos humanitarios, pidió además el dictado de una medida cautelar que impida a las fuerzas de seguridad la utilización de ese elemento químico.
“Nos encontramos ante una grave situación de Violencia Institucional que amerita que lo aquí denunciado sea investigado, ya que arrojar sustancias químicas de alta potencialidad lesiva a las personas es altamente peligroso y dañino para la salud”, sostiene la denuncia.
“Ello –añade- se potencia cuando quienes lo hacen son los integrantes de las fuerzas de seguridad estatales, que responden a una cadena de mandos jerárquica que confluye, a nivel nacional, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, hoy a cargo de Patricia Bullrich, y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, hoy a cargo de Waldo Wolff”.
Los organismos humanitarios denunciaron “el uso por parte de las fuerzas de seguridad de un compuesto químico, altamente tóxico e irritante, que, por sus consecuencias y efectos, califica como instrumento de tortura”.
El nuevo gas pimienta, según su denominación vulgar, “viene siendo usado de manera indiscriminada contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a peticionar ante las autoridades o se solidarizan con esas personas”, subraya la denuncia.
“Entendemos imprescindible, en defensa de la salud pública y la integridad física de las personas involucradas, que se decrete como medida cautelar la prohibición del uso de este compuesto químico en tanto se avanza en la instrucción de esta denuncia y se determinan sus potencialidades lesivas”, pidió la presentación, que quedó radicada ante el juzgado de instrucción número 14, a cargo interinamente del juez Carlos Bruniard.
La sustancia química, precisa la denuncia, “ocasiona graves lesiones según la parte del cuerpo que resulte afectada. (…) A nivel pulmonar, provoca broncoespasmos y crisis asmáticas en personas sin antecedentes de patología de vías respiratorias; a nivel dermatológico causa irritación en la piel, sensación urente y quemaduras de origen químico de primer grado; a nivel ocular ocasiona queratitis por contacto y ceguera temporaria”.
“Las lesiones generadas con el uso de la sustancia toxica utilizada genera un intenso, profundo y penetrante dolor que no calma con lidocaína”, justificó el escrito la invocación de la figura de la “tortura” como delito imputado a las autoridades de los ministerios de Seguridad.
Entre las organizaciones que firman la denuncia figuran la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
