“Por supuesto que es repudiable cualquier tipo de información que salga desde el Ministerio Público de la Acusación hacia una organización criminal. Sin duda. En principio habría que analizar si es un delito, una falta como fiscal. Hay que analizar qué implicó esto, si tuvo implicancia en la causa o no, si hubo otros mensajes, esos son análisis que hay que hacer”. Lo dijo el fiscal regional Patricio Serjal el 25 de julio pasado, tras la detención e imputación de parte de una banda de extorsionadores y juego clandestino. En la audiencia se conoció que un integrante de la fiscalía había pasado información sensible a un miembro de la banda, vinculada con el líder de Los Monos, Ariel «Guille» Cantero. Todo cambió una semana después cuando uno de los involucrados declaró como arrepentido y contó que pagaba coimas al fiscal Gustavo Ponce Asahad y se había reunido en dos oportunidades con Serjal, con quien arregló un aumento de cuota mensual en el último encuentro, juró.
Patricio Serjal Benincasa es de San Pedro, en territorio bonaerense. Llegó a Rosario para sumarse a las filas del flamante Ministerio Público de la Acusación que se puso en marcha en febrero de 2014. Ingresó a la Unidad de Flagrancia y Turno, una oficina donde los fiscales están en la primera línea de fuego y se ocupan de todo lo que no estaba designado a una unidad especial. Algunos la describieron como la trinchera: «Donde llegás para ganarte un lugar».
Allí Serjal hizo sus primeras herramientas en el MPA santafesino y coincidió con su par Gustavo Ponce Asahad, que venía del viejo sistema procesal penal. Había sido prosecretario de la cuestionada jueza María Luisa Pérez Vara cuando se produjo el crimen de Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli en diciembre de 2013.
La magistrada terminó condenada a un año de prisión en suspenso e inhabilitacion especial para ejercer cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público: se comprobó que se fue de vacaciones a Cariló durante su turno en el Juzgado de Instrucción 5°.
Ponce Asahad se presentó en un concurso para fiscal del nuevo sistema y su pliego fue aprobado en la Legislatura con quince abstenciones y ocho votos en contra. En aquella oportunidad la entonces diputada y ex vicegobernadora Griselda Tessio dijo que no era apto y agregó. «Si estos son los fiscales que vamos a tener en la provincia, en algún momento vamos a tener que revisar los métodos», publicó Rosario 12 en aquel momento.
La Fiscalía Regional Rosario
Tras los primeros cuatro años, un nuevo fiscal regional debía asumir el cargo. Jorge Baclini, quién hasta entonces había ocupado el puesto, concursó para fiscal general y ganó el cargo. Mientras que 10 postulantes se presentaron para dirigir el MPA de la Circunscripción 2a, con Rosario como principal jurisdicción.
En carrera quedaron tres postulantes al concurso. El jefe de los fiscales de la Unidad de Homicidios Adrián Spelta, su par Miguel Moreno y sorprendió en la terna a quienes siguen los vericuetos del Poder Judicial Patricio Serjal, que quedó primero. El fiscal recibió un fuerte espadarazo en la Legislatura, que lo terminó ubicando en el cargo y juró en abril de 2017. Así llegó a uno de los puestos de mayor poder en el nuevo sistema penal, donde entre otras cuestiones se fijan las políticas de persecusión criminal que rigen en la jurisdicción.
Mal desempeño
Tras asumir hubo un cuestionamiento en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales para ser fiscal, ya que algunos se preguntaron si contaba con el plazo legal necesario en cuanto al cambio de domicilio. Pero dos años despúes Serjal quedó en la mira de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura cuando archivó una causa contra un empresario al que luego le compró dos autos cero kilómetro por dos millones de pesos, en una causa investigada por la Unidad de Delitos Económicos.
La pesquisa se inició por una denuncia del empresario Omar Santero, de Carrocera Sudamericana, contra Rómulo González, titular de la concesionaria Auto Rosario por los delitos de retención indebida, fraude y administración infiel. En abril de 2019 los fiscales del caso Natalia Benvenuto y David Carizza desestimaron la denuncia y Serjal confirmó el archivo en junio de ese año. Menos de un mes después del archivo Serjal compró dos autos Toyota cero kilómetro en esa concesionaria.
Una causa archivada y dos Toyota cero kilómetro salpican al fiscal Serjal
En noviembre pasado el fiscal general Baclini revocó la decisión de Serjal, reabrió la investigación contra González y emitió una resolución donde dijo que la situaciones expuestas en el caso implicarían una violación a la responsabilidad ética y a la transparencia que se le exige a todos los funcionarios del MPA. Tras esta intervención, Serjal pidió su apartamiento de la causa, cuenta el preinforme. La entonces diputada Alicia Gutierrez pidió una investigación contra el fiscal regional por posible mal desempeno.
En carácter de acusador de esta investigación administrativa estuvo el diputado Carlos del Frade, quien en mayo de este año presentó un preinforme donde citó algunos de los dichos de la ex diputada Gutiérrez, queén en una de sus conclusiones dijo que Serjal “decidió actuar en contra de la ley que lo obliga a mantener y proyectar probidad en sus conductas públicas y privadas”, y pidió que se imprima el trámite que corresponde al caso. A lo que le siguió un descargo del fiscal regional.
Coimas
Ahora una nueva sospecha sobrevuela sobre Serjal. Esta vez un empresario bajo investigación por juego clandestino, Leonardo Peiti, dijo que tuvo dos encuentros con el fiscal regional, uno de ellos en un hotel en Buenos Aires, donde arregló un monto mensual a cambio de información y protección.
En una conferencia de prensa Baclini dijo que el encuentro se confirmó y que ambos se alojaron en el mismo hotel. Peiti aseguró que los pagos los hacía al fiscal Gustavo Ponce Asahad, con el que se encontró unas 30 veces en el plazo aproximado de un año y le pagaba entre 4 y 5 mil dólares mensuales.
El «arrepentido» dijo que pagó coimas un año a Ponce Asahad y que renegoció cuota con su jefe Serjal
El último encuentro con Serjal, según el empresario del juego Peiti, quien tiene negocios en el rubro incluso en Paraguay, ocurrió en julio pasado, cuando se encontraron para discutir un aumento del canon mensual. Contó que le dieron el dato de que había una investigación avanzada en su contra y que destruyera su telefono.
Baclini contó en la conferencia que tenían intervenido el telefono de Peiti –que declaró como arrepentido este viernes tras ser imputado como miembro de una banda de extorsionadores y por sólo una tentativa de extorsión, de la saga que se le achaca a la banda, contra un empresario– y tras una visita de Serjal y Ponce Asahad al Organismo de Investigaciones, donde se interiorizaron de la pesquisa, «perdieron» la intervención al teléfono de este investigado.
La semana previa a la detención de Peiti, Serjal dio declaraciones públicas sobre la circunstancia que un empleado o funcionario público haya filtrado información a un integrante de una banda delictiva. Tildó el hecho como una gravedad institucional enorme y ahora quedó en el ojo de la tormenta con su subalterno Ponce Asahad, con quien mantiene un estrecho vínculo, contó Baclini.
El presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura, Raúl Gramajo, llamó a una reunión urgente sobre el caso, la que tendrá lugar este martes a las 18.
En cuanto a la causa penal, está previsto que Ponce Asahad, y su empleado Nelson Ugolini, sean imputado en los próximos días por exacciones ilegales e incumplimiento de deberes. “Puede ser lunes o martes”, dijo un vocero del caso.
Un empresario declaró como arrepentido y apuntó contra el fiscal Ponce Asahad y su superior Serjal
