El travesticidio de Pamela Tabares, una mujer trans de 36 años asesinada el jueves pasado de cinco disparos en un camino rural de Pérez, movilizó a la comunidad LGBTI. El crimen se suma a la larga lista de muertes que sacude al colectivo trans, junto a la discriminación y violencia cotidiana. Esteban Paulón, subsecretario provincial de Diversidad Sexual, explicó que hace décadas “sufren exclusión, falta de políticas públicas y vulneración de derechos”. “En muchos casos, el rechazo comienza desde muy temprana edad. Se llevan vidas muy jóvenes. Esperamos que este caso se pueda esclarecer lo antes posible para que tenga algún tipo de reparación”, señaló.
Desde el crimen de Vanesa Zavala, asesinada en Reconquista en 2013, hubo otros tres travesticidios en la provincia: dos se dieron en la ciudad capital; el de Chiche Castañeda en 2016 y Fernanda Olmos en 2015. El año pasado Mónica Ortiz fue asesinada de ocho puñaladas en barrio Santa Lucía. Ahora se sumó Pamela.
El subsecretario de Diversidad Sexual explicó que la exclusión de las mujeres trans comienza desde muy temprana edad. El rechazo se inicia en sus propias familias, y muchas veces son expulsadas de ese núcleo. “Esa situación genera una cadena de exclusiones. Por ejemplo, abandonan la escuela, los espacios de formación y siguen las barreras discriminatorias para el acceso al empleo formal y a una vivienda, entre otras cuestiones”, subrayó Paulón.
El subsecretario del área especificó que recién ahora se está dando un cambio paulatino en los servicios de salud. “Son muy recientes. La ley de identidad de género tiene menos de cinco años. Y los cambios y expresiones físicas y públicas de la identidad trans se desarrollaban al margen de lo que ofrecían los servicios de salud como, por ejemplo, implantes de siliconas ilegales, inyección de silicona industrial o con la medicación de hormonas que no están habilitadas ni prescriptas por profesionales”.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, la expectativa de vida de la población trans no llega a los 42 años.
“El colectivo LGBTI pasa por situaciones de extrema vulneración, de entornos no seguros y de crímenes que se dan en el marco de los propios hogares”, detalló Paulón.
El caso de Tabares se investiga como homicidio calificado y Paulón advirtió que el crimen tuvo que ver con la situación de extrema vulnerabilidad social y “subjetiva” que sufría por su identidad de género. “El día que vayamos a una escuela y tengamos un docente o no docente trans empezaremos a integrar en nuestro imaginario al colectivo como debe ser”, concluyó Paulón.
