El colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGTBI) obtuvo desde las leyes de Matrimonio Igualitario (2010) y de Identidad de Género (2012) una serie de reivindicaciones que imprimieron distintas exigencias al Estado. Para Esteban Paulón, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de Santa Fe, una de las más importantes fue poner en la agenda pública las necesidades de todos y la discriminación que sufren aún muchos integrantes del colectivo. El funcionario hizo un repaso de cómo impactó la legislación.
Trayectoria
Paulón es militante socialista y de los derechos del colectivo LGTBI. Se ganó el respeto por su responsabilidad y compromiso. Con un grupo de compañeros fundó en Rosario la Federación Argentina LGBT, de la cual fue presidente. Trabajó dos años en Buenos Aires durante el gobierno kirchnerista y lo recuerda como un aprendizaje profesional y político. Desde diciembre de 2015 asumió como subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de Santa Fe. Paulón tiene palabra fácil y discurso profundo. “Cuando asumí me encontré con un escenario de gran apoyo, pero como toda área nueva nos queda mucho camino por recorrer”, confió a El Ciudadano.
—¿Hay mejoras para el colectivo desde la creación del área de la que es subsecretario?
—Como toda área nueva tratamos de desplegar políticas territoriales. Todavía nos queda camino por recorrer. Se nota que estamos mejor porque hay políticas públicas. Es una de las que más presupuesto tiene. Manejamos nuestro propio presupuesto. Nos da autonomía y permite dar respuestas más rápidamente.
—¿Qué cambió desde la aprobación de ley de Matrimonio Igualitario (2010) e Identidad de Género (2012)?
—Las dos leyes son muy importantes. La de mayor impacto social fue la de Matrimonio Igualitario porque se debatió socialmente, generó más polémica y nos ayudó a situarla en la agenda comunicacional y política. La ley de Identidad de Género es más revolucionaria y significativa, pero nos quedamos a mitad de camino de poder tener un debate profundo. Son normativas que marcaron muchas por legislación problemas que vinieron después como el femicidio, la reproducción médica asistida, entre otros. Lo más importante es que puso un piso para cualquier otra ley: de educación o cultura, por ejemplo. Necesariamente va a tener que contemplar a la diversidad sexual. Las dos leyes tienen que ser líneas rectoras para trabajar el desafío en función de que hay una igualdad legal obtenida que no siempre puede ser plasmada en una igualdad real de oportunidades. Achicar esa brecha sólo puede pasar con políticas públicas.
—¿Sigue habiendo discriminación?
—Ninguna ley termina con la discriminación. Hay problemas en el ejercicio de los derechos. Ya tenemos la ley de Matrimonio Igualitario. Ahora hay que luchar por la del noviazgo. La provincia de Santa Fe tiene 250 mil agentes estatales, entre ellos, 60 mil docentes, 27 mil policías, 25 mil empleos en el Ministerio de Salud, entre otros. Eso no significa que todas sean abiertas y amigables. Sigue existiendo la discriminación, pero tenemos estas leyes que son un piso. Son oportunidades para demostrar que conseguimos el derecho a la libre orientación sexual e identidad de género de las personas pero hay que seguir luchando contra la discriminación.
—¿Cuál es el mayor desafío del colectivo?
—La vivienda es un problema de la sociedad en general, pero muchas personas trans no tienen la posibilidad de alquilar porque no tienen un trabajo registrado. Eso implica no tener garantías propietarias.
—¿Con respecto a lo laboral?
—Estamos trabajando en un programa ambicioso para hacer una fuerte incorporación de personas trans al Estado santafesino. Si se demora hay que tener herramientas e invitar a sectores que se sumen.
—¿Cómo afrontan la exclusión del colectivo?
—Las personas trans sufren exclusión en empleo y educación. Estamos transitando un camino de reparación histórica. Este año logramos que 120 trans vuelvan a la escuela, a través de una beca de estudio. En Venado Tuerto y Reconquista hay muchos inscriptos. En Rosario y la capital de Santa Fe cuesta más porque están más desintegrados los lazos sociales. En los lugares más chicos la comunidad se sostiene. En Gálvez hay casi 10 chicas que volvieron a la escuela. Eso generó un cambio en la escuela y que la comunidad se interese en la diversidad sexual.
—¿En el área de salud?
—En las cinco regiones hay servicios de salud hormonales para personas trans y se irán abriendo más. Sigue costando no por problemas económicos sino de barreras ideológicas. Tenemos servicios de operaciones quirúrgicos acordes con la ley de Identidad de Género. Hay dos centros de alta complejidad: el Hospital Centenario y el Eva Perón de Baigorria, donde se realizan cerca de cuatro operaciones de adecuación genital feminizante por mes. Los implantes mamarios están demorados porque cuestan más: unos 20 mil pesos.
