La pauta cero a medios y periodistas denostados como «ensobrados» fue uno de los ejes de la campaña electoral de Javier Milei, y una consigna declamada luego en lo que va de la gestión. Sin embargo, ese discurso de austeridad choca con los hechos: la publicidad paraestatal de la petrolera YPF creció durante el primer semestre del año un 421,5% respecto de lo gastado en igual período del año anterior. Así surge del balance del segundo trimestre publicado el jueves pasado por la compañía que el Estado aún controla con el 51% de las acciones.
Los datos fueron publicados por el portal La Política Online con cita del documento contable oficial. Si bien la petrolera no es parte del Ejecutivo que encabeza Milei, el encargado de ejecutar ese gasto publicitario fue el vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF, Guillermo «Guillo» Garat, socio del asesor presidencial sin cargo Santiago Caputo y de Rodrigo Lugones en la consultora Move. La misma que trabajó en la campaña de Milei, aunque es todoterreno: también intervino en la fallida instalación como precandidato a la Casa Rosada del camporista Wado de Pedro.
Los cargos máximos en YPF, además, son digitados por el Ejecutivo nacional. De lo que se desprende el maquillaje: la pauta no se computa directamente al Gobierno sino que se vehiculiza por la petrolera. Lo mismo sucede con Aerolíneas Argentinas o, más recientemente, la Afip. En este último caso, son mil millones de pesos para promocionar el blanqueo de activos contemplado en el paquete fiscal que aprobó el Congreso.
En el primer trimestre de este año, Garat gastó en publicidad poco más de 10 mil millones. El crecimiento fue geométrico: en el segundo, lo duplicó, por lo que entre enero y junio la petrolera destinó a pauta unos 33.170 millones de pesos. Durante igual lapso de 2023, bajo la gestión de Alberto Fernández, YPF invirtió en el mismo rubro 8.000 millones de pesos.
De cómo pautar para beneficio de los buitres
La interpretación de pauta paraestatal que puede desprenderse del asesor estrella y el funcionario involucrados en la decisión de los gastos de publicidad –Caputo y Garat– ofrece, como regalo caro, un argumento a favor del fondo especulativo Burford Capital, que le entabló un juicio al Estado argentino por 16.000 millones de dólares por la expropiación de acciones de YPF realizada en 2012 cuando el ministro de Economía era Axel Kicillof.
La jueza neoyorquina Loretta Preska ya le dio el aval a ese reclamo. Y el diario Financial Times, uno de los medios más influyentes del mundo, publicó que el estudio de abogados que representa al litigante plantea el embargo de empresas como la petrolera, Aerolíneas Argentinas y organismos como el Banco Central y Arsat bajo la hipótesis de que son «alter ego» del Estado argentino. Es decir, que responden directamente a las directivas de la Casa Rosada. Aunque es un trámite complejo la toma de esos activos, que pueden ser incluso bonos como los corporativos garantizados por las exportaciones de la petrolera, la amenaza es un arma para forzar una negociación favorable a los intereses de los demandantes.
Según los abogados de Burford, esas empresas y entidades acumulan multiplicidad de nombramientos políticos de personal no calificado, lo que significa que son controladas por el Estado argentino e “indistinguibles de él”. Si la Justicia estadounidense acepta el criterio, facilitaría teóricamente la toma de activos por parte de los acreedores. La pauta publicitaria ejecutada por esos mismos ocupantes de cargos son un condimento más a la misma postura del fondo especulativo.
La estrategia de Burford no es inédita: es la misma que utilizó el fondo buitre Elliott e incluyó la retención por más de dos meses de la Fragata Libertad en un puerto de Ghana. En ese caso, se llegó a un arreglo durante el gobierno de Mauricio Macri.
Ahora hay otro factor de riesgo agregado recientemente en torno a los bienes pasibles de embargo si triunfa la postura de los litigantes: las reservas de oro que el otro Caputo, el ministro de Economía, Luis, envió al exterior para, según su argumento, obtener un «retorno» por esos activos del Banco Central. Que son un potencial blanco lo advirtió la semana pasada, otra vez, el Financial Times.
Desde YPF explicaron, de acuerdo a la nota de La Política On Line, que el gasto en publicidad no es estrictamente pauta oficial. Es decir, que no son, por lo menos en su totalidad, fondos destinados a medios de comunicación, facilmente rastreables. Pueden estar encubiertos, en cambio, bajo las figuras de patrocinios y mecenazgos o envío a fundaciones.
