En octubre de 2009 la diputada Alicia Gutiérrez entró a los Tribunales Federales de Rosario para declarar en la causa donde investigaban crímenes de lesa humanidad en una quinta de Funes. Antes de empezar a hablar, les entregó a los jueces una carta en la que pedía que sacaran el crucifijo que colgaba en la sala de audiencia. Le dijeron que no y ofrecieron que declarara en una sala más chica donde no podían filmar el testimonio. Un año después la legisladora presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para quitar las imágenes religiosas de todas las dependencias públicas de la provincia. La respuesta fue una campaña mediática en contra de ella, con amenazas telefónicas anónimas y pintadas en el local partidario que tenía en el barrio Candiotti de la capital santafesina. Con pintura roja, la tildaban de comunista. El proyecto perdió estado parlamentario y Gutiérrez insistió en 2012 pero nunca fue tratado.
Hace dos semanas la concejala Celeste Lepratti retomó la idea y presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Municipal para que las imágenes no estén en escuelas, hospitales y centros de salud rosarinos. Como en el de Gutiérrez, el proyecto de Lepratti deja afuera a las capillas y oratorios de los hospitales porque focaliza en los espacios comunes en los cuáles personas sin culto o de otras religiones pueden no sentirse representadas. Tampoco incluye a las imágenes que son parte del arte y de la arquitectura del lugar.
La iniciativa llegó mientras continúa la polémica por la enseñanza de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas públicas, a la que se oponen las religiones católica y evangélica. Más atrás, y vinculado al último debate por el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo (IVE), se reavivó la campaña de separación de la Iglesia del Estado con las convocatorias para que los creyentes bautizados que no creen renuncien a su fe por escrito. En agosto un grupo de diputados de Cambiemos presentó un proyecto en el Congreso Nacional para quitar las imágenes religiosas de todas las dependencias públicas del país.
“Sabemos que hay muchas escuelas y hospitales de la ciudad que tienen imágenes religiosas en lugares comunes. Va contra las leyes que defienden la libertad de culto y declaran a Argentina como un Estado laico”, explicó Lepratti a El Ciudadano. La concejala aclaró que el proyecto no alcanza a los edificios del Poder Judicial o el Registro Civil, aunque no descartó que pueda ampliarse.
“Estamos en un momento de discusión de los lazos entre el Estado y la Iglesia que alcanza a toda la sociedad, pero que no se traduce en las legislaturas, donde las iglesias siguen teniendo poder para frenar leyes”, dijo Lepratti y recordó el tratamiento de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) provincial, que tuvo media sanción de la Cámara Baja y está frenada en el Senado.
En la iniciativa que estudia la comisión de Gobierno del Palacio de Vasallo la edila hace un repaso por las leyes que garantizan la laicidad del Estado en Argentina. También recuerda una serie de decretos del último gobierno militar que obligan a dar distinto tipo de financiamiento a la Iglesia católica. Destaca las que dicen que el Estado deberá pagar a la jerarquía eclesiástica un sueldo equivalente a un porcentaje de lo que cobra un juez así como los salarios de curas y párrocos y otras categorías, y dará pasajes de avión a representantes culto católico apostólico romano. También incluye que el culto está exento de pagar distintos impuestos.
Respeto a los cultos
La diputada Gutiérrez celebró la iniciativa de Lepratti. “Las oficinas públicas no tienen que tener imágenes partidarias o religiosas porque cada uno es dueño de practicar la religión que quiera y militar en el partido que desee. A una oficina pública llegan las más diversas personas y no es justo que haya una imagen católica”, opinó.
Gutiérrez recordó que cuando presentó el proyecto a la Legislatura santafesina los diputados que estaban en contra respondieron que debían poner imágenes de todos los cultos. “No todos los cultos las tienen. Por ejemplo, los evangélicos. Nuestro país debe respetar a todos por igual, no puede haber cincuenta imágenes religiosas. El culto es de orden privado. No puede ser que en un registro civil la gente de distintos credos tenga que casarse con un crucifijo en frente, o que en los tribunales tengan un Cristo del tamaño de una pared en la sala que juran los jueces”, agregó.
La diputada contó que cuando declaró en la causa de La Perla en Córdoba, por delitos de lesa humanidad, hizo el mismo pedido que en los tribunales de Rosario. Los jueces accedieron sin problema y pudo dar el testimonio sin el crucifijo en la pared.
Asunto separado
Unas semanas antes del rechazo en el Senado del proyecto de IVE, tomó fuerza la Campaña Federal por la Separación de la Iglesia del Estado, que nació de la Coalición Argentina por un Estado Laico (Cael). Buscan dar a conocer cuánto dinero reciben las instituciones de culto del Estado y piden cambiar las leyes que lo permiten. El día del rechazo hicieron una de las primeras apostasías colectivas –la renuncia a la fe por escrito– en la zona del Congreso. Sumaron dos mil firmas.
El trámite de la apostasía es sencillo. Hay que entregar un formulario con los datos personales –la información sobre la parroquia o iglesia en la que la persona fue bautizada– y una fotocopia del DNI. La campaña y otras organizaciones similares facilitan el papeleo y lo llevan al Arzobispado. En Rosario un grupo de jóvenes replicó la iniciativa y en la semana del debate llevó las primeras solicitudes.
Desde la campaña aclararon que la Iglesia no recibe financiamiento en relación a la cantidad de personas bautizadas aunque consideraron que usan las cifras para hacer valer su poder de lobby. El Ciudadano solicitó información sobre la cantidad de personas que llegaron al Arzobispado de Rosario en 2018 para hacer el trámite, pero desde la institución no quisieron dar detalles.
Después del llamado a renunciar a la fe, distintos legisladores presentaron proyectos de ley de separación de la Iglesia del Estado. Hay nueve en el Congreso Nacional que solicitan desde la quita de financiamiento, garantizar la educación laica, hasta sacar imágenes religiosas de dependencias públicas.
Sobre el debate en marzo, el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Marcos Peña, dio datos sobre los sueldos de la Iglesia en Argentina. Todos están por encima de los 40 mil pesos. Este año la Iglesia recibió del Estado 130,4 millones de pesos.
