Una investigación que se inició en Alemania para desbaratar una red internacional de intercambio virtual de pornografía infantil alcanzó a 35 usuarios distribuidos en toda la Argentina. En el marco de la investigación nacional, anteayer se llevaron adelante allanamientos en todo el país que incluyeron dos domicilios en Rosario y uno en Villa Gobernador Gálvez. En los procedimientos locales, la Policía Federal demoró a cinco personas y secuestró computadoras, cámaras de fotos y otros elementos que indican la producción y el intercambio de material para este delito. En diálogo con El Ciudadano, Daniela Dupuy, quien estuvo a cargo de la pesquisa en Argentina y es titular de la Fiscalía especializada en Delitos Informáticos de la ciudad de Buenos Aires, explicó que “el que consume pornografía infantil demanda cada vez más imágenes. La demanda genera que haya que producir contenido para poder ofertar. Y la producción necesariamente se produce con niños y niñas abusados sexualmente”.
El año pasado la Justicia alemana comenzó a investigar un software que permitía el intercambio y la descarga de pornografía infantil en todo el mundo. Como Ares, la conocida plataforma que se utiliza para intercambiar música de manera gratuita, el software funcionaba con el programa P2P de compartición de archivos. Pero, en vez de música gratuita, los integrantes de esta comunidad pagaban para formar parte y poder intercambiar fotos y videos pornográficos que tenían como protagonistas a niños y niñas. “La red implica intercambio, distribución, fabricación y consumo con fines de distribución del material, porque para consumir hay que distribuir también”, explicó Dupuy.
Interpol
A fines del año pasado, Interpol Wiesbaden, de Alemania, puso en conocimiento a las autoridades argentinas sobre la existencia de 35 direcciones IP que operaban en el territorio nacional como parte de esta red. La denuncia fue tomada por la Fiscalía especializada en Delitos Informáticos de la ciudad de Buenos Aires, desde donde se inició una minuciosa investigación para la identificación de los mismos. “Cuando nos llega esta información, empezamos el trabajo de campo y llegamos a la conclusión de que los IP estaban en domicilios de Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Salta, Entre Ríos, Corrientes, Chubut, Santa Fe y Mendoza”, dijo la fiscal a cargo de la pesquisa.
Con los datos concretos, anteayer la Policía Federal, a través de su División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia, realizó allanamientos en los 35 domicilios, todos casas particulares.
Un vocero de la delegación local de la Policía Federal contó que se llevaron adelante dos allanamientos en Rosario, en Buenos Aires al 4800 y en Juan B. Justo al 2400, y uno en Villa Gobernador Gálvez, en bulevar San Diego al 200.
En un departamento ubicado en el edificio de Buenos Aires al 4800, quedó demorado Mauro F., de 43 años, y secuestraron computadoras, memorias extraíbles, una cámara para PC, filmadora, teléfonos celulares de última generación, ropa interior de menores, una bolsa con accesorios sexuales, gran cantidad de gel íntimo, prendas de disfraz de mujer, un módem de la firma Cablevisión y soportes informáticos.
En Juan B. Justo al 2400, fueron demorados e identificados tres hermanos que vivían en la casa: Sergio P., un abogado de 33 años; Gustavo P., estudiante de Química de 30, y María P., estudiante de Ciencias Económicas de 27. En este procedimiento se secuestró una computadora, un módem, routers, tarjetas de memoria, discos rígidos externos, cámaras fotográficas, tarjetas micro SD, celulares, accesorios sexuales, filmadoras de última generación, documentación de relevancia, facturas de servicio de prestadoras del servicio de internet. Además, en una de las habitaciones el olor a podrido llevó a los investigadores a encontrar varias bolsas de residuos llenas de preservativos usados y papel higiénico.
En la casa de Villa Gobernador Gálvez se identificó a un hombre de 42 años, y se secuestró una computadora, un router, cámaras fotográficas, teléfonos celulares y facturas del servicio de internet. Fuentes de la pesquisa dijeron que también se encontraron fotografías del hombre con menores NN. Si bien en principio ninguna de ellas lo comprometía, las imágenes quedaron a disposición de la investigación.
Todos los demorados quedaron en libertad, ya que el delito por el cual son investigados no implica la prisión. Además, la fiscal aclaró que los allanamientos tenían como fin principal dar con los dispositivos electrónicos de intercambio de pornografía. A partir del análisis del contenido de los mismos, se determinarán las responsabilidades de los implicados para la indagatoria y el posterior juicio oral y público. De esta manera, Dupuy señaló que la pena máxima para el delito de distribución y tenencia para distribuir pornografía infantil es de 4 años de prisión.
“Por el momento no hay niños identificados. Ese es otro trabajo que hacemos con Interpol. Se hace un cotejo del material secuestrado con el de otros países y, en algunos casos, se pueden individualizar las víctimas. Muchas veces son del entorno familiar de los imputados”, dijo Dupuy y aclaró que, en caso de probarse un abuso, la pena sería distinta.
Mercado mundial
Según la fiscal Daniela Dupuy, la Argentina forma parte del mercado mundial de producción de pornografía infantil que funciona a partir del abuso sexual de niños y niñas. “Son delitos transnacionales. El material que suben a la red personas que habitan en nuestro país pudo haber sido producido en la India, Bolivia o Argentina”, contó y agregó: “El tema de la pornografía infantil es sumamente grave y no se está tomando conciencia. El que consume pornografía infantil demanda cada vez más imágenes. La demanda genera que haya que producir contenido para poder ofertar. Y la producción necesariamente se produce con niños y niñas abusados sexualmente”.
Dupuy contó que el 87 por ciento de los casos que investigan en la Fiscalía de la cual es titular son de pornografía infantil y de grooming. “Tenemos un equipo de trabajo muy fuerte y especializado porque investigar estos delitos requiere estar entrenado y capacitado en relación con modalidades delictivas en entornos digitales. Pero estas acciones se deben acompañar con mejoras en las leyes y el trabajo en colaboración con otras provincias, donde muchas veces no tienen unidades especializadas”, dijo la fiscal.
