La comunidad de la biblioteca Constancio Vigil denunció que se encuentra en peligro la continuidad de las actividades en los diferentes espacios culturales y educativos que tienen lugar en la institución. Desde el área cultural advierten serias dificultades para poder sostener sus actividades de manera normal debido a la falta de fondos para pagarle a los trabajadores y realizar el mantenimiento de las instalaciones.
Desde el ministerio de Educación santafesino, locatario de la biblioteca, aseguraron a El Ciudadano que comparten la urgencia por resolver el conflicto pero que no tienen las herramientas para hacerlo. Mientras tanto, la comisión directiva afirmó que no saben en qué condiciones llegarán a fin de año.
Roberto Frutos, presidente de la comisión directiva de la biblioteca, explicó que el conflicto viene desde la devolución de los inmuebles tras su intervención y desguace por la dictadura militar en 1977, la cual le dio la titularidad de los inmuebles en 1980 al Estado provincial.
Recién en 2013, el Estado los devolvió a la organización civil que integra la comisión directiva de la biblioteca. Como en esas instalaciones ya se encontraban en funcionamiento varios establecimientos educativos dependientes de carteras provinciales, se resolvió la elaboración de un convenio donde la provincia alquilara los edificios que hoy albergan a ocho escuelas.
“El problema es que con la renovación del contrato de alquiler entre el Estado provincial y la biblioteca, no se puede ajustar el valor del alquiler más del 30%”, sostuvo Frutos, que explicó que al momento de restituir las instalaciones de La Vigil, como se la llama cariñosamente a la biblioteca, no se estableció nunca ningún presupuesto de financiación o reparación por parte del Estado, por lo que la forma de sostener toda la infraestructura se resolvió a partir del alquiler de los establecimientos. “El contrato se firmó por tres años, y la inflación del año pasado fue del 100%”, exclamó Frutos, escandalizado.
El conflicto fue puesto en conversación con las autoridades de la cartera de Educación desde hace casi un año y medio, pero la última respuesta brindada por el ministerio fue que el contrato de locación no se puede cambiar y que la institución está en plena posibilidad de no renovar contrato el año que viene si así lo desea.
“La respuesta informal recibida, después de casi dos años de gestiones, fue que “si a Vigil no le conviene, que no nos alquile los edificios. Nos tratan como si fuéramos una organización más. Las personas con las que hablamos dicen solidarizarse y comprender la gravedad del problema, pero hay que ver cuál de los restantes locadores de la provincia tienen la historia de la Vigil”.
Actualmente la única deuda es con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), porque no logran tener un acuerdo de pagos que supere las 5 o 6 cuotas en los planes de pago: “Los bienes son inembargables por la provincia pero el panorama es muy oscuro para los próximos 4 o 5 meses”, lamentó Frutos.
Asimismo remarcó que el primer contrato de alquiler tuvo fecha en diciembre del 2013, pero que desde entonces la cifra percibida desde la provincia ha crecido con una desproporción alarmante, respecto de los costos de mantenimiento. “Lo medimos con varios métodos, pero comparando los valores del 2013 con los valores de hoy, los aportes representan una quinta parte de lo que nos daban en un primer momento en materia de alquiler”.
Buscando una respuesta
Fuentes de la Regional IV del ministerio de Educación admitieron a El Ciudadano que el índice con el que se dirime el precio del alquiler a erogar quedó desfasado, y sostuvieron que “no se trata de un locador más”, pero que no tienen las herramientas para poder brindar la solución que la comunidad de La Vigil exige: “Se necesita una interlocución de otro tipo. Cuatro de los edificios tienen un convenio con el ministerio de Educación, pero hay otros tres que lo tienen con Cultura”, aseguraron desde el ministerio.
El titular de la cartera educativa de Perotti, Víctor Debloc tuvo una reunión con los representantes regionales del ministerio en Rosario para abordar específicamente la problemática de La Vigil, pero si bien afirman que no le escapan al problema, sostienen buscarán gestionar una rápida respuesta: “Es urgente que se piense por parte del Estado una nueva normativa para que estos acuerdos no terminen en detrimento de los locadores, por un lado, y por otro gestionar un plan estratégico del Estado para hacerse de los edificios donde funcionan las escuelas que dirige la provincia”.
La persona consultada admitió que, entre las ideas que se barajan, está la aplicación de un programa de apoyo financiero a organizaciones no gubernamentales, aplicado desde el ministerio de Desarrollo Social provincial, o la elaboración de una reglamentación especial para poder cambiar los límites del índice de readecuación del contrato”.
El genocidio cultural de La Vigil: una herida que sigue abierta en Rosario
Un oscuro panorama
Las ocho escuelas que al día de hoy funcionan en La Vigil son la E.E.S.O. Nº 338, Escuela Primaria Nº 1235, Jardín de Infantes N°51, Jardín de Infantes Nº 71, Escuela Provincial de Artes Visuales Nº 3031, Escuela Provincial de Teatro Nº 3013, Escuela Provincial de Cine y Televisión Nº 3021 y E.E.T.P.I. Nº 8057.
Entre docentes, trabajadores no docentes y estudiantes, la cantidad de personas que conforman la comunidad educativa de La Vigil llegan a 3000 personas. “Toda esa gente quedaría en el aire, expulsados de una estructura educativa que no tiene aspectos similares en el barrio”.
Los trabajadores y asociados a la biblioteca Vigil comunicaron que no quieren interrumpir el largo camino de la recuperación de los inmuebles, que comenzó hace ya diez años y que busca reparar los treinta años de deterioro recibido durante la dictadura y los posteriores años en poder de la provincia entre 1983 y 2013, y seguir profundizando y expandiendo la amplia y diversa obra cultural de La Vigil.
El pasado 13 de abril, la problemática fue reconocida formalmente con la aprobación por unanimidad del proyecto de comunicación N° 50107CD en la Cámara de Diputados, dónde se solicita al ejecutivo que “encuentre mecanismos institucionales que le permitan compensar el desfasaje en los montos percibidos a raíz del proceso inflacionario desatado en nuestro país”.
Los reclamos son “urgentes” y tienen tres puntos clave: la recomposición del alquiler a un valor equivalente al originalmente pactado; en segundo lugar que el estado se responsabilice por los daños a los edificios y realice las obras de mantenimiento para que funcionen correctamente las escuelas, y la promulgación de una Ley de Reparación Histórica por el genocidio cultural que sufrió la institución. “A 46 años de la intervención, la negativa provincial de recomponer el acuerdo que se estableció al momento de la devolución, constituye un nuevo proceso de expropiación de La Vigil”, escribieron las autoridades de la biblioteca en un comunicado publicado en su página web oficial.
