La abogada estadounidense Sandra Babcock, de visita en Buenos Aires para participar del “Congreso sobre abolición universal de la pena de muerte”, dijo ayer que “un Estado que aplica la sentencia máxima comete un homicidio”, aseguró que en los corredores de la muerte “no hay ricos” y que “una vida blanca vale más que una negra o una latina”.
La abogada es directora clínica del Centro Internacional de los Derechos Humanos, trabaja en diversos proyectos relacionados con la abolición de la pena capital y desde esa especialidad defendió a 50 condenados a muerte.
“Aunque usamos palabras como ejecución para describir el proceso judicial de tomar la vida de un ser humano, es un homicidio cometido por el Estado”, insistió la abogada.
“El Estado no puede enseñar a las personas a no matar, a no delinquir, a no ser violentas, si él mismo actúa con violencia, porque eso significa que está matando a sus ciudadanos”, explicó.
A esta afirmación, Babcock sumó el argumento de la “imperfección del sistema de Justicia” ya que “no hay ningún sistema en el mundo que sea perfecto; siempre hay errores y hay inocentes condenados a penas severas; por lo tanto, siempre existe el riesgo de ejecutar a una persona inocente”.
Además, la abogada calificó de “arbitrario” al sistema de la pena máxima “en la comprobación de que no hay personas ricas en los corredores de la muerte”.
En Estados Unidos “casi 4.000 personas están condenadas a muerte y tenemos una ejecución por semana”, explicó Babcock, quien aseguró que “las consideraciones raciales y el nivel socioeconómico de los condenados tienen influencia cuando se decide condenar a muerte”.
“Si una persona de color mata a una persona blanca es mucho más probable que reciba la pena de muerte, porque en el sistema judicial norteamericano tiene más valor la vida blanca que la vida negra o latina”, afirmó.
En relación a la situación social y económica de los detenidos por delitos graves, la abogada consideró que “la calidad de la representación legal afecta el resultado de los juicios, lo que está relacionado con los recursos económicos que tiene el acusado”, porque “la pena de muerte es más costosa”.
Para explicarlo, Babcock detalló que la sentencia a muerte “cuesta al Estado mucho más dinero que encarcelar a una persona de por vida. La razón es que es necesario darle al condenado un debido proceso, que es muy costoso porque los juicios son más largos, los abogados más caros porque deben ser experimentados y se necesitan muchos peritos y jurados”.
En este sentido, la letrada consideró que las cárceles “son siempre la mejor opción ante la pena de muerte”, aunque recordó que antes “intentaban funcionar como un lugar donde las personas podían recibir educación, trabajo y la oportunidad de reformarse” pero “ahora no es así”.
“En un sistema ideal se debe tener en cuenta que la mayoría de las personas que cometen delitos graves sufren de daño cerebral, de enfermedades psicológicas o vienen de familias abusivas” por eso “necesitan de espacios con estructuras y límites, donde no puedan tomar drogas, donde existan reglas”.
Para la abogada, si se dan estas condiciones de encierro “la mayoría de las personas que cometen delitos violentos pueden sobrevivir, pero también aprender a ser personas que contribuyan a la sociedad”.
Babcock recibió el reconocimiento “Águila Azteca” de manos del gobierno de México, ya que la mayoría de sus defendidos son ciudadanos de ese país que residen en Texas, donde el actual gobernador y aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Rick Perry, “es un conservador que difícilmente tenga clemencia con los condenados”, aseveró la abogada.
“Defender la vida de una persona es algo muy especial, muy difícil y también un honor”, definió la abogada que compartirá su experiencia en el “Congreso sobre abolición universal de la pena de muerte”, que comienza mañana enla Facultadde Derecho dela Universidad de Buenos Aires.
Organizado por el Ministerio Público dela Defensa, el encuentro deliberará tres días con conferencias abiertas a cargo del ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, el catedrático español Luis Zapatero y Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, entre otras.
