Alexis Claudio “Tartita” Schneider es uno de los hijos de Ariel “Viejo” Cantero, uno de los fundadores de la banda los Monos y condenado a seis años por asociación ilícita en 2018, en el juicio de la famosa megacausa Monos. Tartita, que tiene 21 años y lleva el apellido de su madre, fue detenido el 29 de mayo del año pasado en una vivienda de barrio Triángulo. Los detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lo buscaban por estar señalado como autor del crimen de Débora Natalí Fernández, una chica de 28 años asesinada a tiros en marzo de 2020 en Colombres al 3000. Ahora, acaba de aceptar su responsabilidad en ese crimen por encargo y firmó un acuerdo abreviado por una condena a 18 años de cárcel.
A principios de junio de 2020, Tartita fue acusado por el fiscal Alejandro Ferlazzo de haber matado a Débora, el 17 de marzo pasado a las 14.30 cuando atendió el llamado a la puerta en la casa de su madre en Colombres entre Forest y White, y recibió dos disparos de los siete que disparó el homicida.
Débora era madre de un nene de ocho años y se ganaba la vida como emprendedora social en el programa Nueva Oportunidad, agonizó unos instantes y antes de fallecer aportó un posible nombre del homicida, develó una fuente fiscal. Un dato que se sumó a otros indicios que fueron desentrañando el móvil del crimen.
Ocurre que Débora era hermana de Darío David “Casquito” Fernández. Casquito purga condena por un homicidio ocurrido hace 13 años en barrio La Granada, cuando era compinche de correrías del luego líder de Los Monos Ariel “Guille” Cantero. Al momento del asesinato, Casquito se encontraba en el pabellón 7 de la cárcel de Piñero, un espacio que alberga a presos relacionados con el clan Cantero.
En el legajo fiscal consta que el 16 de marzo, un día antes del asesinato de Débora, Casquito tuvo un encontronazo con Ariel Maximiliano “Chanchón” Cantero, hermano de Guille y de Tartita, preso desde octubre de 2019 –y luego condenado a 14 años– por el asesinato del policía Cristian Ibarra ocurrido en un contexto narco: el manejo de la distribución de drogas en la zona del Fonavi de Viamonte y México.
De hecho, en esa investigación fue cuando empezó a sonar el apodo de Tartita como uno de los compinches de Chanchón en el manejo territorial de ese sector del oeste para la venta de drogas al menudeo.
La hipótesis fiscal, ahora validada en forma tácita por el acusado, señaló que Chanchón juró venganza contra Casquito por ese incidente carcelario. Y que Tartita, su hermano menor, fue el encargado de llevarla a cabo.
El blanco fue Débora Fernández, a quien sus allegados señalaban como ajena a este conflicto, ya que se ganaba la vida en la cooperativa La Trinchera, en un microemprendimiento de sublimado de remeras, contaron sus compañeros de trabajo.
Otra declaración incorporada a la causa es la de la madre de Débora, que el día del asesinato de su hija dijo que había recibido una breve e inusual comunicación de Casquito, quien le deslizó: “Me mandé una cagadita” antes de cortar.
También, según la Fiscalía existen “testimonios que aportaron datos de un auto que se usó para cometer el crimen; registros de cámaras de seguridad en la cual se detectaron un vehículo de similares características, y el secuestro del mismo”.
El auto en cuestión, un Volkswagen Gol rojo, fue incautado aquel 29 de mayo en Rojas al 1600 en el marco de una redada de siete allanamientos. Tartita cayó en una vivienda de Solís al 3300, donde efectivos de la División Inteligencia de la AIC secuestraron un revólver calibre 38, 90 bolsitas de cocaína, un centenar de municiones 9 milímetros, varios celulares, una balanza de precisión y unos 200 mil pesos, enumeraron las fuentes.
Por el hallazgo de la droga –no había investigaciones previas al respecto, dijeron voceros del caso– Tartita fue indagado en la Justicia federal por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y le dictaron prisión preventiva. La misma resolución tomó entonces el juez provincial Carlos Leiva, por homicidio agravado.
Ahora, tras un acuerdo de Fiscalía y defensa que fue consentido por la familia de la víctima, según informó el MPA, los jueces Florentino Malaponte, Pablo Pinto y Valeria Pedrana homologaron el abreviado y penaron a Tartita con 18 años de cárcel, por la figura de homicidio agravado por el uso de arma de fuego; portación ilegítima de arma de fuego de guerra, y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, todos en concurso real entre sí en calidad de autor.