Diez hombres, entre ellos tres ex miembros de fuerzas de seguridad, fueron condenados este miércoles a penas de entre 7 y 17 años de prisión por el denominado Operativo Sapucay, mediante el cual la Justicia federal desbarató en 2017 una banda dedicada al narcotráfico internacional que operaba desde la ciudad correntina de Itatí. La organización funcionó desde 2014 a 2017 e introducía hasta 700 kilos de marihuana al país por vía fluvial desde Paraguay hacia Itatí y desde allí se distribuía a distintos puntos, entre ellos Rosario, con el apoyo de miembros de la banda Los Monos.
En el juicio que tuvo a su cargo el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 también fueron absueltas dos acusadas, mientras que la pena más alta recayó sobre un preso que lideraba las maniobras desde la cárcel, Carlos Alberto «Cachito» Bareiro (41), quien fue considerado coautor de los delitos de «transporte y comercio agravado de material estupefaciente y jefe de la asociación ilícita.
A través de una videoconferencia, el tribunal integrado por Fernando Marcelo Machado Pelloni, Javier Feliciano Ríos y Andrés Fabián Basso, dio a conocer su veredicto y fijó para el 7 de octubre próximo la difusión de los fundamentos de la sentencia.
En el fallo, los jueces impusieron a Jorge Eduardo Espinosa (27), relacionado con la obtención de la droga en el Paraguay y de su traslado una vez ingresada al país, una pena única de 10 años y 6 meses dado que tenía otra condena previa en Corrientes.
Respecto de los ex miembros de fuerzas de seguridad, el tribunal condenó a Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga (55), quien era comisario de Itatí, a 9 años y 6 meses, más inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, como «autor de comercio agravado de material estupefaciente y miembro de asociación ilícita».
A Rubén Ernesto Ferreyra (49), subcomisario y subjefe de la Delegación Corrientes de la Policía Federal Argentina (PFA); y a Carlos Víctor López (43), sargento de dicha delegación y quien negociaba directamente con los demás narcotraficantes; les fijaron penas de 9 años para cada uno, más la inhabilitación absoluta por los mismos delitos y grados de responsabilidad que Ocampo Alvarenga.
Por su parte, Ezequiel Arnaldo Saucedo (25), sobrino de Luis Alberto Saucedo -otro de los supuestos líderes de la banda que será sometido a otro juicio ya que recién fue detenido en 2019-, fue condenado a 8 años y 6 meses bajo la misma calificación que los ex policías.
Para la Fiscalía, este joven se encargaba directamente de preparar y hacer los transportes de droga hacia diferentes puntos.
En tanto, Alejandro Ramón Gayoso (49) acusado de ser el encargado de dirigir los movimientos de la droga desde que ingresaba en Itatí y era distribuida, recibió una pena de 8 años de prisión; al igual que el paraguayo Melanio Mareco Vargas (59), quien trataba directamente con Luis Saucedo para coordinar los envíos del estupefaciente. A Edgardo Javier Coria (41), a quien se le atribuyó el transporte de más de 500 kilos de marihuana desde Corrientes hacia la provincia de Córdoba, le fijaron una pena única de 7 años y 6 meses.
A su vez, Carlos Luis «Carlín» Romero (52), quien se cree obtenía información de bandas rivales para sustraerles la droga, para lo cual era asistido por los policías Ferreyra y López, fue condenado a 7 años.
Y en todos los casos se tomó como agravantes la «intervención de funcionarios públicos y el servirse de menores de edad».
Por último, Silvina Soledad Ayala (32), pareja de Luis Saucedo; y Angélica Viviana Saucedo (48), hermana de aquel; fueron absueltas.
Por otro lado, el tribunal no se expidió en esta audiencia sobre los juicios abreviados firmados por otros 27 acusados que evitaron así llegar a la instancia de debate, entre ellos, el ex intendente de dicha ciudad de Corrientes, Natividad «Roger» Terán.
De hecho, en la causa principal hubo otros 25 condenados que acordaron juicios abreviados que ya fueron avalados.
A este juicio oral llegaron 12 acusados, para quienes los fiscales Diego Iglesias, Juan Patricio García Elorrio y Martín Uriona habían pedido penas de 3 años y tres meses a 18 años de cárcel.
Y en sus últimas palabras antes de conocer el veredicto, seis de los imputados aseguraron ser inocentes y rechazaron las actuaciones de la fiscalía y la Gendarmería Nacional, que fue la fuerza que llevó a cabo la mayoría de los procedimientos.
La Operación Sapucay derivó de una serie de procedimientos contra la venta de droga en barrios de emergencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a través de escuchas telefónicas y otras evidencias se rastreó a la banda hasta Itatí en Corrientes.
Los hechos se cometieron entre 2014 y 2017, en el «contexto de una asociación criminal con permanencia en el tiempo», sostuvo la fiscalía, que remarcó la «capacidad logística que tenía esa organización de abastecer de marihuana proveniente del Paraguay al mercado ilícito de importantes centros urbanos de nuestro país».
La causa estuvo a cargo del entonces juez federal Sergio Torres, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, quien el 14 de marzo de 2017 ordenó allanamientos, secuestró unos 11 kilos de marihuana y detuvo a 26 de los acusados.
De acuerdo con la acusación, la droga era transportada por vía fluvial desde Paraguay e ingresaba al país a través de Itatí para luego ser distribuida y comercializada en barrios de emergencia porteños y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca. Según se estableció en la causa, los cruces se hacían por el río Paraná, a la altura de Itatí y se llegaron a transportar hasta 700 kilos de marihuana en viajes que duraban menos de cuatro minutos.
