Diego Mauro**
En breve se cumplen cien años de la reforma constitucional que en 1921 puso a la provincia a la vanguardia en numerosas asignaturas. La llamada «Constitución del 21» –vetada a poco de ser redactada por el entonces gobernador radical Enrique Mosca– es puesta en vigencia posteriormente por los demócratas progresistas entre 1932 y 1935.
El proceso, no obstante, lejos de las expectativas de los reformistas se ve envuelto en numerosos conflictos que culminan con la intervención y la caída del gobierno. Hoy, lejos de aquellos días, la provincia sigue inexplicablemente bajo el paraguas de la carta magna de 1962. El dato resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que desde 1983 se llevan adelante más de treinta reformas constitucionales en diferentes provincias del país.
En el último tiempo, sectores del peronismo han vuelto a poner en agenda la cuestión en sintonía con las iniciativas que en los últimos años impulsara el Partido Socialista y el gobierno del Frente Progresista.
Si bien el contexto actual, signado por el impacto de la pandemia, está lejos de ser el más apropiado, se trata de un debate que tarde o temprano tendrán que encarar la sociedad y la política santafesinas. A un siglo de la Constitución de 1921, ¿Qué puede recuperarse de aquella experiencia para pensar una nueva reforma constitucional en Santa Fe?
La historia de la constitución que no fue
A comienzos de los años veinte, el radicalismo y el Partido Demócrata Progresistas (PDP) son las principales fuerzas políticas en la provincia. Aunque por esos días no todos están de acuerdo en la necesidad de reformar la constitución de 1900, un principio de acuerdo entre los sectores reformistas del radicalismo y el PDP permite avanzar con el proceso.
El texto que se culmina en junio de 1921 introduce cambios sustanciales: mayores atribuciones para el poder legislativo, el establecimiento de una burocracia de carrera en el Estado, el reconocimiento de algunos derechos sociales y laborales, el carácter electivo de las intendencias en las principales ciudades –hasta entonces designadas por el gobernador–, así como la eventual participación política de las mujeres en la esfera municipal. A todo esto se suma el intento por separar a la Iglesia católica del Estado provincial.
El proyecto genera inmediatamente malestar en los sectores del radicalismo que han quedado al margen del acuerdo pero también sorpresivamente en algunos que lo impulsan. Muchos de ellos evalúan que se ha ido demasiado lejos y que las reformas –como las intendencias electivas o las nuevas atribuciones parlamentarias– fortalecen demasiado a la oposición demócrata progresista.
El Obispado de Santa Fe, por su parte, debido a la impronta laica del texto llama a resistirlo en las calles y los católicos conforman una organización con aspiraciones políticas: los comités de Acción Católica. La situación se vuelve políticamente cada vez más conflictiva.
El propio presidente Yrigoyen se muestra preocupado por las derivas del conflicto. Tras meses de tensión, en un clima de intensa movilización tanto a favor como en contra, el gobernador radical, Enrique Mosca –que en un comienzo apoya los cambios–, opta por “vetar” la controvertida constitución y dejar en vigencia el texto de 1900. Entre otras cosas, la vieja constitución mantiene al catolicismo como religión oficial y deja en manos del Poder Ejecutivo la elección de las intendencias de Rosario y Santa Fe.
Desde entonces, los demócratas progresistas se convierten en los principales defensores de la llamada “Constitución del 21”, de la autonomía municipal para Rosario y Santa Fe y de la construcción de un Estado Laico en la provincia. De hecho, desconocen la autoridad del gobernador para vetar la constitución y siguen adelante con la convocatoria a elecciones para sancionar una carta orgánica en Rosario. El proceso termina a comienzos de 1922 con cientos de detenidos, entre ellos numerosos dirigentes partidarios así como algunos radicales reformistas.
La hora del PDP y la Constitución de 1921
Tras una prolongada cosecha de derrotas, el partido resurge a finales de la década y logra imponerse en las elecciones provinciales de 1931 en un contexto de profunda crisis política y económica. Los demócratas hacen una fuerte campaña en nombre de la Constitución de 1921 y aprovechan la abstención del radicalismo –derrocado en 1930 por un golpe de estado– para intentar acercarse a las bases electorales yrigoyenistas.
Si bien el PDP había apoyado el golpe de estado como la mayoría de las fuerzas políticas del momento, muchos yrigoyenistas optan por ellos antes que por sus adversarios de la llamada Concordancia donde militan los radicales antipersonalistas y diferentes grupos conservadores. Sin demoras, tras el triunfo, el PDP pone en vigencia la Constitución del 21 a través de una ley parlamentaria e inicia durante 1932 una serie de reformas profundas.
Se redactan cartas orgánicas en las ciudades más grandes, se sanciona una nueva ley de educación que descentraliza el sistema e incorpora ideas pedagógicas vanguardistas.
Los demócratas avanzan también con la laicización del Estado. Una política en franca disonancia con lo que ocurre a nivel nacional, donde la Concordancia –que derrota la candidatura presidencial del demócrata progresista Lisandro de la Torre en alianza con el Partido Socialista– estrecha vínculos con la Iglesia católica.
El principio del fin
El auspicioso empuje inicial del nuevo gobierno se ve pronto frenado por una infinidad de dificultades. Con la Iglesia católica el conflicto escala rápidamente y la Acción Católica lanza una “cruzada” en contra de los demócratas progresistas.
En este clima de polarización sirve de poco que los principales referentes del PDP insistan en que no quieren atacar a la Iglesia –de la que muchos se sienten parte– sino establecer un Estado laico que haga justicia a la pluralidad de creencias. Las principales dificultades de todas maneras provienen de la reforma educativa que implicaba cambios muy profundos en un contexto de crisis económica y enfrentamiento con las organizaciones sindicales del magisterio.
Los problemas se multiplican en las escuelas y pronto la situación desborda al gobierno. Además, debido a la crisis, el ministro de Hacienda –lejos de cualquier salida de tipo keynesiana– lleva a cabo un grueso ajuste del gasto público que ahonda más la crisis económica y profundiza los conflictos internos en el partido.
En paralelo, mientras los católicos ocupan las calles en señal de protesta y la reforma educativa naufraga, se multiplican las impugnaciones a la legalidad de la nueva constitución de la mano de un conjunto de des-tacados juristas, muchos de ellos cercanos a la curia santafesina y activos participantes de las organizaciones católicas.
El objetivo principal de las impugnaciones es contribuir a una intervención nacional que ponga fin al gobierno de los demócratas progresistas. La medida responde también a las necesidades de la coalición oficialista nacional, la Concordancia, de cara a las elecciones nacionales de 1937. Finalmente en 1935, el Senado Nacional aprueba la intervención y da por terminado el gobierno del PDP.
Las nuevas autoridades restituyen inmediatamente la constitución de 1900 y la ley de educación de 1886. La enseñanza religiosa vuelve a las escuelas públicas y, poco después, comienza a organizarse el fraude electoral que en 1937 lleva al poder al candidato radical antipersonalista Manuel María de Iriondo poniendo punto final al ciclo constitucional reformista en Santa Fe.
De cara a una nueva reforma constitucional
Mirando al futuro, la experiencia de las décadas de 1920 y 1930 sugiere que para que un proceso de reforma constitucional tenga posibilidades de éxito es preciso alcanzar acuerdos firmes y extendidos. Por un lado, a nivel de las diferentes fuerzas políticas.
Por otro, más importante aún, “desde abajo”, entre los diferentes actores sociales y políticos, alentando la participación del mayor número de organizaciones populares, culturales, feministas, ecologistas y religiosas.
Sin la articulación paciente y progresiva de este tramado de actores y demandas –lo que faltó en el caso de la Constitución de 1921 y luego durante la experiencia de gobierno del PDP– todo proceso de reforma corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de ingeniería social desde arriba y, por tanto, distante de la sociedad.
En vista a la apertura de un nuevo horizonte reformista, la traumática historia de la Constitución de 1921, con sus luces y sombras, tiene mucho para enseñarnos y para aportar a la puesta en marcha de una nueva constitucional en Santa Fe.
**Investigador del Conicet/UNR
