El ajuste que lleva adelante el gobierno nacional afecta de manera directa a los sectores más vulnerables de la población, un ejemplo son las personas con discapacidad. A pesar de que este grupo se encuentra entre los más perjudicados a la hora de encontrar empleo y generar ingresos propios que les permitan su subsistencia. Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria da cuenta que a lo largo de 2019, se han dictado varias resoluciones que buscan reducir las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez.
Pero no se trata sólo de recorte en las pensiones sino también de la cantidad de obstáculos que se suman para acceder a ellas y a tratamientos de salud. La pérdida de las PNC arrastra como consecuencia la privación de la cobertura de salud. El 72% del universo de las PNC es asignada a personas con discapacidad mientras que el 22% corresponde a madres. El informe da cuenta que el deterioro de las políticas de inclusión se verifica en que bajo la gestión de Cambiemos más de 170 mil personas fueron dadas de baja de las pensiones.
Este jueves, frente a la Quinta de Olivos, personas con discapacidad y organizaciones de familiares y profesionales reclamaron por el brutal “ajuste en discapacidad”. El Foro Permanente para la Protección y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denuncia que el gobierno adeuda pagos a instituciones desde 2017 en algunos casos. Además reclaman por el aumento de aranceles de emergencia y por el recorte en pensiones por discapacidad.
Desde allí, muchos de los familiares focalizaron su reclamo en que el gobierno retrotrajo los pagos al transporte a valores de 2015, con lo cual hay chicos que no han comenzado las clases o sus tratamientos. Muchos transportistas dejaron de prestar servicios a las instituciones porque ya no pueden sostener, «ya no cierran los números». El transporte en el área de discapacidad es un servicio vital, ya que de él depende casi todo el resto de sus actividades.
¿Cómo es que el recorrido para acceder a estas PNC se ha vuelto más complejo? Si antes alcanzaba con que un Certificado Médico Oficial que informaba el porcentaje la invalidez afecta la capacidad para trabajar, dos resoluciones de enero de este año imponen restricciones de carácter administrativo. La número 39 de inicios de año obliga a que se utilice un sistema digital, el TAD. Es decir que los centros de salud en los que se realice la evaluación deberán contar con computadoras y conectividad disponible para que el médico confeccione el certificado y, además, el director del hospital debe suscribirlo.
La segunda resolución determina que algunos de los beneficiarios deberán renovar el certificado en 90 días corridos. En ese tiempo, señala el informe de Soberanía Sanitaria, “el beneficiario deberá, entre otras cosas, conseguir un turno en un efector público de salud (de los cuales la mayoría no venía realizando estos certificados), ser evaluado por el médico, obtener el certificado completo firmado en forma digital por el médico y el director del hospital y la notificación a la Agencia Nacional de Discapacidad”.
La fundación señala que “no existe un sistema de salud preparado para la descentralización de la confección del CMO ni para su digitalización”. Como si todo esto fuera poco, desde el 17 de abril cambiaron los criterios socioeconómicos para evaluar a los beneficiarios. Estos criterios “no se condicen con la realidad de las personas con discapacidad que tienen de gastos muy por encima de los fijados en tratamientos acordes a su discapacidad”.
