Un vasto operativo multiagencial derivó en dos allanamientos a un galpón ubicado en Camino de los Indios al 2400, entre Estudiante Aguilar y El Mistol, en barrio Santa Lucía, y a un depósito en Ricardo Lagos al 3300, en Cabín 9, en el marco de una investigación por daño ambiental y contaminación ambiental. Los procedimientos se hicieron en instalaciones dedicadas al reciclaje de elementos plásticos y su reconversión en materia prima para la industria, un proceso que implica lavado, molienda y fundición de envases, bolsas, piezas rotas y prácticamente cualquier elemento plástico separado de residuos urbanos y rurales. El problema es que en las plantas intervenidas se metían en la cadena desde botellas de gaseosa hasta envases de peligrosos agrotóxicos, cuyos líquidos residuales fluían por zanjas descubiertas hasta excavaciones a cielo abierto, en un marco de precarias condiciones de trabajo, tornando un proceso de beneficio, como es el retiro de objetos de un material que demora cientos y hasta varios miles de años en degradarse por completo, en un foco de contaminación, que además linda con una zona poblada. Imágenes tomadas por quienes participaron de los operativos dan cuenta de los reales y potenciales daños a la salud y el ambiente.
Los procedimientos involucraron a las áreas Ambientan y Laboratorio del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia; el área de Fiscalización Ambiental y la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario; Bomberos Zapadores; la organización Campo Limpio, que lleva adelante un programa de manejo de envases vacíos de fitosanitarios, y Departamento Operativo de Investigaciones Rosario. También participó la Aprad, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia.
La carátula de la causa es “Daños al Medioambiente” e intervino el fiscal de Flagrancia Pablo Lanza. En el operativo que tuvo lugar en Camino de los Indios al 2400, se realizó una inspección ambiental que comprobó que el proceso que allí se concretaba con maquinaria pesada no reunía las condiciones mínimas de inocuidad. Allí se identificó a Ariel A., encargado del lugar, y a seis trabajadores que prestaban tareas sin la adecuada protección para su salud. Cuatro de ellos, y el encargado son jóvenes de entre 20 y 30 años, y dieron domicilios de zona oeste. Los restantes dos operarios tienen 35 y 53 años.
La zona es un área semirrural en el límite oeste de la ciudad, donde coexisten viviendas, depósitos, predios alambrados, hornos de ladrillos y parcelas con montículos de chatarra, maderas o residuos. El contexto disimulaba los efluentes líquidos que dejaba el proceso que se llevaba adelante. Y ahí surgió un primer problema para el procedimiento: qué hacer con los materiales almacenados allí, porocesados y sin procesar.
La consulta llegó al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y el titular de Control Ambiental, Fernando Porfiri, dispuso que la firma Pelco, especializada en la gestión de residuos industriales y con una planta en Puerto San Martín gestionara los envases y material procesado a través de la ONG Campo Limpio.
Y surgió un nuevo problema: la maquinaria. El funcionario aclaró al personal actuante que su organismo no tiene potestad para disponer o determinar el depósito judicial, y marcó, además, que en lo que sí correspondía a su gestión no se trataba de un cierre definitivo del emprendimiento, ya que si su titular adecúa las condiciones ambientales del establecimiento, eventualmente podrá continuar la actividad.
En ese marco, el fiscal Lanza dispuso que las máquinas quedaran en depósito judicial en poder del encargado, previa notificación de las obligaciones como depositario y consecuencias de su incumplimiento.
Seguidamente se consulta con la superioridad y con Aprad a fines de proceder al secuestro y traslado del material informando que no se cuenta con los medios logísticos para trasladar los elementos que solo podrá hacerse efectivo el traslado del autoelevador y los trailer que no hay medios logísticos para el traslado de los acoplados de mayor porte. Se continúa y se evacuará nueva consulta . Seguidamente se libra nueva consulta con el Dr. Lanza quien puesto en conocimiento Dispone que los acoplados de mayor porte queden en depositario judicial en nombre del llamado Avila y que se procede al correspondiente traslado de los masculinos, para su correspondiente identificación. Y lo mismo para elementos de transporte de plástico de gran porte, como acoplados, para cuyo secuestro ni siquiera la Aprad contaba con medios para su traslado y resguardo.
En tanto, en el allanamiento sobre Ricardo Lagos al 3300 también se dio la misma situación: elementos procesados y sin procesar, y maquinaria pesada. Entre los equipos, la requisa encontró, según el parte, un circuito de maquinaria pesada de gran porte anclada al piso y al techo, con una cinta transportadora; una máquina anclada al piso con batea de unos 60 centímetros de ancho, y un autoelevador.
Finalmente, la Fiscalía dispuso el secuestro de los teléfonos celulares del personal que trabajaba en ambos lugares, de los montacargas, tráiler de menor porte, bidones, envases y las bolsas que contienen plástico molido.
Con traslado o en depósito, en definitiva la Justicia secuestró dos acoplados de 3 ejes, dos tráiler de doble eje y un tráiler de eje simple, dos máquinas trituradoras de plástico, dos tanques de lavado de plástico, dos máquinas de secado de plástico, 450 metros cúbicos de bidones de distintos tamaños vacíos con etiquetas de agroquímicos, 23 bolsones y medio conteniendo plastico molido (24 toneladas en total), y dos autoelevadores.
También se encontró, en el último domicilio, un documento de clausura de la Municipalidad de Rosario, que fue secuestrado junto a un certificado de control de plagas a nombre de Joel G. Este último se hizo presente en el lugar y quedó como depositario judicial de la maquinaria pesada instalada allí, mientras continúa la investigación.
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