El tribunal de la Sala 2 de la Cámara Penal decidirá el próximo 26 y 27 octubre si ratifica la sentencia al matrimonio de Gabriel Strumia y Roxana Michl, condenados a 17 y 7 años de prisión, respectivamente, por la desaparición de Paula Perassi, ocurrida el 18 de septiembre de 2011 en la ciudad de San Lorenzo. En ese marco, las integrantes de la Campaña por la Emergencia Nacional y Provincial en Violencia contra las Mujeres hicieron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que esta instancia sea televisada.
Esta audiencia estaba prevista para el 21 de abril pasado pero se postergó por la cuarentena y a finales de septiembre se conoció la nueva fecha donde el tribunal – integrado por los jueces Juan José Mascali, Bibiana Alonso y Gabriela Sansó – analizarán a partir de las 8.30 del 26 de octubre las presentaciones de la Fiscalía, la querella y la defensa del matrimonio en una audiencia virtual que se realizará en los Tribunales de avenida Pellegrini y Balcarce, de Rosario.
«Habiéndose cumplido nueve años de su desaparición y de lucha ininterrumpida por VERDAD Y JUSTICIA, aún no sabemos qué hicieron con Paula Perassi. Teniendo en cuenta la situación excepcional por el Covid-19, que dificulta que se garantice la presencia del público en las audiencias, entendemos que la difusión por medios audiovisuales hace posible el derecho a la información en los casos de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía, como lo es en este caso, y el cumplimiento del principio de publicidad que contempla la condición de ser un juicio oral y público», argumentaron desde la Campaña en el documento presentado el 21 de septiembre pasado a la Corte Suprema de Justicia provincial.
Esta misma presentación tiene como antecedente las habilitaciones de las televisaciones de los juicios emblemáticos por los femicidios de Rosalía Jara y Vanesa Castillo, donde la justicia accedió al pedido de hacerlas públicas.
Para acompañar esta solicitud, las organizaciones de mujeres y familiares lanzaron una campaña para juntar firmas en apoyo a la difusión pública de estas audiencias. Para quienes desean dejar su apoyo al petitorio pueden hacer click acá.
Un derrotero judicial sin perspectiva de género
El 2 mayo del año pasado y tras un doloroso camino, Alberto Perassi y Alicia Ostri, los padres de Paula, junto a las organizaciones sociales que los acompañaron escucharon en la explanada del Centro de Justicia Penal que el tribunal de primera instancia absolvían a las nueve personas que se sentaron en el banquillo acusados con algún grado de participación en la privación de la libertad, el aborto no consentido seguido de muerte y la posterior desaparición del cuerpo.
Paula fue vista por última vez la noche del 18 de septiembre de 2011 cuando salió de su casa luego de hablar por teléfono. A sus 33 años era mamá de una nena y un nene que en ese entonces estaban en la escuela primaria.
Se comprobó que Paula estaba embarazada de 6 semanas de Gabriel Strumia, un empresario con el que había iniciado una relación a escondidas pocos meses antes.
Por el hecho, fueron llevados a juicio Strumia, su esposa Roxana Michl, Mirta Rusñisky –acusada de practicarle un aborto a Paula– y Antonio Díaz, un chofer de camiones que trabajaba para Strumia. La Fiscalía les achacó los delitos de aborto sin consentimiento seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada.
Mientras que el resto de los acusados fueron policías, la mayoría con intervención directa en la investigación en los primeros momentos donde la carátula era búsqueda de paradero y así se mantuvo por un año.
Se trató de los uniformados que trabajaban en la Unidad Regional XVII de San Lorenzo Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli, junto a los dos ex comisarios Jorge Krenz y Adolfo Daniel Puyol, quienes enfrentaron en el juicio los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario.
En algunos casos también fueron acusados por sustracción, destrucción de pruebas y falsedad ideológica de instrumento público. Para la Fiscalía fueron parte de una estructura que usó los recursos del Estado para desaparecer el cuerpo y borrar rastros que remitan a los autores.
En el caso de Puyol, la querella a cargo de Adrián Ruíz y José Ferrara, pusieron al uniformado en el primer grupo y pidieron la pena de prisión perpetua.
Pero los jueces de primera instancia –Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Álvaro Campos– resolvieron el 2 de mayo pasado absolver a todos los acusados y liberarlos.
La revisión y la apelación
En octubre, el caso tuvo su revisión ante los jueces de la Cámara Penal donde la Fiscalía resaltó la falta de una evaluación integral a la prueba indiciaria del caso, donde no hubo un cuerpo, ni perspectiva de género. “No le creyeron a la víctima”, fue uno de los fundamentos más fuertes de la acusación.
El 28 de noviembre de 2019, en medio de un operativo de seguridad sin fisuras, los camaristas Gustavo Salvador, Javier Beltramone y Carolina Hernández leyeron la parte resolutiva de la sentencia y revocaron la decisión sólo respecto a Strumia y Michl.
Al primero, los camaristas le aplicaron la pena de 17 años de prisión, y para su pareja la pena de 7 años por el mismo delito aunque con una participación secundaria. Ambos siguen en libertad porque el tribunal no hizo lugar al pedido fiscal de que quedaran detenidos.
La decisión se tomó por mayoría con la disidencia del camarista Javier Beltramone. En cambio, la absolución del resto de los acusados fue tomada por unanimidad.
Tanto la Fiscalía y la querella apelaron y pidieron penas más altas mientras que la defensa solicitó la absolución. Esta semana se conoció que dicha apelación se realizará en dos audiencias por la aplicación Zoom que están agendadas para el 26 y 27 de octubre próximo a las 8.30 ante el tribunal, integrado por los jueces Juan José Mascali, Bibiana Alonso y Gabriela Sansó, integrantes de la Sala 2 de la Cámara Penal de Santa Fe.
