Un estudio realizado por profesionales del Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria (Inta) de Balcarce confirmó que el agua que sale de las canillas de las casas para el consumo directo en la localidad bonaerense de Pergamino, contiene hasta 18 agrotóxicos.
El informe, que está rubricado por la investigadora del Inta Balcarce Virginia Aparicio, fue presentado en una causa judicial por la madre de dos niños que de acuerdo a la denuncia realizada, tienen el herbicida glifosato en la sangre.
“Los estudios se desprenden de la causa judicial de Tribunales Federales que prohibió fumigar a menos de 600 metros de las viviendas e investiga la responsabilidad penal de los empresarios del agro y de funcionarios municipales. La decisión judicial se da en el marco de los dichos del presidente Mauricio Macri, que acusó de «irresponsable» a un fallo judicial que protegió a los niños de escuelas rurales de Entre Ríos”, señala el diario Página/12.
La historia de Ciro y Fiama
“Sabrina Ortiz es mamá de Ciro y Fiama. Ambos tienen glifosato en el cuerpo. Junto con su esposo Sergio construyeron su casa en el barrio Villa Alicia, en el margen urbano de Pergamino. Allí conocieron de fumigaciones del campo vecino. Desde 2011 denuncian el impacto de los agrotóxicos. Primero desde la Asamblea para la Protección de la Vida, la Salud y el Medio Ambiente y luego desde la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino”.
Ante la situación, los vecinos pidieron que se fumigue a más de mil metros de las casas pero la Municipalidad de Pergamino hizo caso omiso a los reclamos. “En sintonía con los empresarios del agro, fijó sólo 100 metros de protección”, señala el diario.
La madre de los pequeños también está afectada por los químicos. De acuerdo a un informe médico, en su cuerpo hay “glifosato y lambdacialotrina (este último, un insecticida).
Sabrina es abogada, terminó los estudios universitarios el año pasado. Aseguró que se decidió a estudiar Derecho “por las injusticias que padecía del poder político y del mismo Poder Judicial”.
En octubre de 2018 la pediatra de Fiama y Ciro le sugirió a ella y a su marido que lo mejor para la salud de los niños era fumigaciones y por eso decidieron dejar su hogar y presentaron una demanda junto con la ONG Naturaleza de Derechos.
Los ribetes judiciales
La causa recayó en el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, de San Nicolás. El 3 de abril, el magistrado prohibió que se fumigue a menos de 600 metros de las viviendas.
Para fundamentar su decisión, el juez destacó el estudio de Inta Balcarce en el que se detectaron 18 agrotóxicos, entre ellos, glifosato, atrazina, imidacloprid, acetoclor, clorpirifos y 2-4D, entre otros. Los barrios afectados son Villa Alicia, Luard Kayad y La Guarida.
“Se pudo comprobar y acreditar por primera vez en un expediente judicial que los agrotóxicos llegan a las napas subterráneas y que el agua que consume la población presenta una cantidad significativa de venenos, que no debieran estar”, denunció Fernando Cabaleiro, abogado de la ONG Naturaleza de Derechos, y recordó que empresas del agronegocio y medios de comunicación publicitan esos productos como “biodegradables”. El estudio del Inta también determinó la presencia de 19 agrotóxicos en el suelo de Pergamino.
Efectos cancerígenos
“El agua sin agrotóxicos es un derecho humano” es el título del informe escrito por las Madres de Barrios Fumigados y Naturaleza de Derechos en donde alertaron que “el 44 por ciento de los químicos encontrados son considerados agentes cancerígenos y el 39 por ciento son disruptores endocrinos (alteran el equilibrio hormonal)”.
La organización denunció, además, otra cuestión que está contemplada en la ley: “la legislación argentina permite niveles de tóxicos hasta 1.000 mayor que la legislación de Europa”. Es decir, que mientras en Alemania, Suiza o España el límite máximo del químico 2-4D en agua es de 0,1 microgramo por litro, en Argentina se “permite” hasta 100 microgramos.
“Para el resto de los agrotóxicos que se utilizan habitualmente en la agricultura industrial ni quiera tienen asignado un valor máximo de residuo en agua”, afirmaron las organizaciones en la causa judicial.
El intendente Javier Martínez (alianza Cambiemos) y su jefe de gabinete, Carlos Pérez, hablaron con los medios locales y dijeron que el agua de Pergamino es “apta para consumo humano” y que están “tranquilos” porque no hay glifosato en agua. Citaron supuestos estudios científicos, pero no los entregaron a la prensa ni a los vecinos. Incluso Martínez retrucó a la víctimas de las fumigaciones al afirmar que él toma agua de la canilla.
“Las madres nunca fuimos recibidas por el intendente Martínez, ni siquiera cuando hicimos públicos los análisis de mis hijos, que tienen cien veces más agrotóxicos de lo que toleran sus cuerpos. El Intendente nos cerró la puerta en la cara. Tiene desprecio por la gente y sobre todo por los chicos, que sufren, que se les desprenden sus pieles por los químicos, que se les dificulta respirar”, denunció Sabrina Ortiz. Detalló que la secretaria de Salud de Pergamino, María Martha Perretta, tampoco atendió los reclamos de los vecinos.
