Ternium Argentina es una de las empresas del grupo Techint, del magnate ítalo-argentino Paolo Rocca. Es la mayor productora de acero de la región, donde todavía se la reconoce por su nombre anterior, Siderar, aunque los más memoriosos le dicen Somisa, como supo llamarse cuando todavía era patrimonio de los argentinos, antes de su privatización en los años 90. Tiene una capacidad productiva anual de más de tres millones de toneladas de acero crudo y su planta principal está ubicada a la vera del río Paraná, en la localidad bonaerense de Ramallo, sobre una zona ribereña declarada bosque nativo. Allí, vecinos esperan hace años que la Justicia haga lugar a un recurso de amparo ambiental que detenga la contaminación de agua subterránea y el curso del río con metales pesados como níquel, cobre, plomo y cromo porque, según denuncian, la firma vuelca sus efluentes industriales, líquidos y gaseosos, sin tratamiento previo, ni permisos, desde hace más de una década. Una pericia oficial acaba de confirmarlo.
El informe, realizado por un ingeniero en Seguridad Ambiental elegido por sorteo dentro del juzgado federal donde tramita la causa, es alarmante. Expone que la ex Siderar opera desde hace cuatro años sin el “Certificado de aptitud ambiental”, que es obligatorio, y que tampoco cuenta con el permiso de “Vuelco de efluentes líquidos industriales”, situación detectada hace 12 años por el Ministerio de Ambiente de Buenos Aires que intimó a la firma a regularizar su situación.
Según la pericia a la que tuvo acceso El Ciudadano, firmada por el ingeniero Enrique Aníbal Perón, la siderúrgica acopia residuos a cielo abierto sin cumplir con ninguna norma ambiental, lo que genera “escorrentías pluviales que afecta el río Paraná y el agua subterránea por lixiviados”, entre otras graves irregularidades que atentan contra la salud humana y el ambiente.
El informe referencia con fotografías e imágenes satelitales que en el sector sur de la planta industrial se observan enormes montañas de residuos, en una zona que además se encuentra declarada por una ley nacional como bosque nativo.
También acompaña un análisis histórico de los permisos ambientales obtenidos por la empresa y así constata que Ternium Argentina fue intimada en abril de 2011 por autoridades del Ministerio de Ambiente y que al mes de febrero de 2023 “aún no cumplió con su obligación de obtener el permiso”.
El técnico menciona que esa planta industrial tampoco se adecua a las normativas vigentes sobre la descarga de efluentes gaseosos peligrosos que requieren de un tratamiento previo antes de ser lanzados a la atmósfera. Al respecto, el perito explica que las descargas de esas emisiones difusas se realizan sin monitoreos semanales y anuales. Luego, analiza en detalle los daños que cada sustancia peligrosa, como el plomo, pueden causar en la salud humana y el ambiente.
Agresión sin freno
Para la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, querellante en la causa, la pericia confirmó varios de los aspectos que vienen denunciando, entre ellos, que la empresa “lleva décadas de agresión ambiental”. Al respecto recordaron informes realizados por la Policía Federal Argentina sobre muestras de agua tomadas en la zona de vuelcos que detectaron un alto grado de contaminación con metales pesados.
Fabián Maggi, uno de los abogados de la ONG, sostuvo que ahora, esos informes quedaron más que confirmados con la pericia oficial de cuya lectura “se desprende un escenario de gravedad ambiental extremo”.
Ante ello presentó un escrito judicial para que el pedido de recurso de amparo que está en trámite hace más de tres años tenga un “tratamiento prioritario”. Algo que parece obvio, pero no lo es.
El abogado ambientalista recordó que “hasta ahora ningún juez se atrevió a dictar una medida cautelar por un daño que es evidente y se ve a simple vista como el depósito de residuos industriales” sobre la zona pública de humedales, bañados y bosques nativos.
“Esperamos que ahora, con esta pericia que es lapidaria y contundente, cese la inacción por parte del Poder judicial”, reclamó Maggi.
El documental “Desplazados”, de Juan Alaimes, cuenta la historia de una familia de Ramallo que debió abandonar su lugar de arraigo al quedar rodeada de residuos industriales sin procesar.
Demoras
La causa contra la mayor planta siderúrgica del grupo Techint tramita ante el juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, que todavía no emitió opinión sobre el recurso de amparo ambiental solicitado para frenar los presuntos delitos de atentado a la salud pública e infracción a la ley de residuos peligrosos.
El primer juez en tomar el caso fue Carlos Villafuerte Ruzo, quien se declaró incompetente para intervenir en demandas contra el grupo Techint. Su decisión fue recurrida y revocada por la Cámara de Casación Penal de la Nación, que le ordenó evitar “demoras” como la registrada que llevó más de un año de trámite, y lo instó a que “arbitre los medios necesarios a fin de agilizar el proceso”.
La causa continuó en ese juzgado pero subrogada por jueces de otras jurisdicciones. Desde junio de 2022 se encuentra en la Cámara de Apelaciones. Ante ese tribunal fue presentada días atrás la pericia ambiental que confirma la denuncia contra la siderúrgica por el vuelco de efluentes de forma prohibida e ilegal, junto a una solicitud de la querella que en base a ese dictamen reitera el pedido inmediato de la medida cautelar.
El escrito solicita que ante un “grave escenario de riesgo ambiental” se de un tratamiento prioritario al caso y apela a que los jueces de esa instancia superior restablezcan el “derecho humano a un ambiente sano disponiendo el cese de las conductas degradantes”.
En palabras de Maggi es alarmante “el bajo nivel de inversión durante décadas por parte de estas empresas multinacionales que, para maximizar sus ganancias millonarias, externalizan sus costos de producción con los bienes comunes de la sociedad entera: aire, suelo, agua, flora y fauna nativa”.
