Un grupo de periodistas del Grupo Clarín y el diario La Nación concurrieron ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar episodios que presuntamente afectan la libertad de expresión, por lo que fueron duramente cuestionados por la embajadora argentina, Nilda Garré.
Los principales expositores fueron Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá, acompañados por Nelson Castro, Luis Majul, Alfredo Leuco, Mariano Obarrio y José “Pepe” Eliaschev, quienes habían solicitado en agosto pasado una audiencia ante el organismo internacional.
Morales Solá sostuvo que “la libertad de expresión en la Argentina está siendo cercenada” porque se lleva a cabo una “demonización del periodismo independiente” y una “censura indirecta” a través del Estado, que “ha usado diversos métodos” como “la difamación de periodistas que tienen una visión crítica del gobierno”.
El periodista consideró que “el gobierno está reemplazando la condena penal por la condena pública” y que bajo ese marco prefiere “la cárcel a la descalificación” por televisión.
Por su parte, Ruiz Guiñazú recordó que “hace tres años” fue sometida a un juicio llamado “ético y popular”, que se desarrolló frente a la Casa Rosada, en el que fue “acusada falsamente de haber sido jefa de prensa del Ministerio de Economía de la dictadura”.
En tanto, el gobierno estuvo representado por el director general de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, y funcionarios de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Al solicitar la habilitación del panel, los periodistas advirtieron que “sólo el diligente actuar de ese organismo podrá poner límite a las condiciones de creciente hostilidad impulsadas por las autoridades gubernamentales nacionales, que afectan seriamente el ejercicio del periodismo independiente”.
Sin embargo, la embajadora argentina ante la OEA, la ex ministra Garré, criticó a este grupo de periodistas a través de su cuenta de Facebook, donde los calificó como “la voz de las corporaciones en la OEA”.
“¡Insólito! ¡Periodistas vinieron a Washington a formular la denuncia inverosímil de que en la Argentina son presionados, amenazados y objeto de persecuciones!”, escribió Garré en su página de la red social.
En este sentido, agregó que “los que día a día expresan abiertamente sus desavenencias con el gobierno nacional desde los medios nacionales tratan de convencer en el exterior lo que efectivamente es imposible de tomar por cierto”.
Por su parte, el director de Derechos Humanos en los Contencioso Internacional de la Cancillería, Javier Salgado, afirmó que la Argentina “es un Estado observante y respetuoso de los estándares internacionales en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión”.
Salgado destacó además que “no se advierten razones objetivas para que el Estado argentino haya sido convocado a una audiencia en sede internacional, donde se pretende poner en tela de juicio la efectiva vigencia de tales estándares sin un respaldo concreto que amerite la intervención”.
El funcionario de la Cancillería aseguró, en ese marco, que el “cúmulo de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos contra la Argentina disminuyó sensiblemente a partir del año 2003 en adelante”.
