La zona de humedales que comprende el delta del río Paraná beneficia la calidad de vida de 15 millones de personas. En los últimos años su ecosistema se ha visto afectado por la “pampeanización”, un fenómeno que en criollo significa convertir en Pampa las islas para la explotación agrícola y ganadera masiva.
El impacto es enorme. Se queman pastizales para eliminar la vegetación, se construyen terraplenes y canaletas para secar el suelo, se usan bombas extractoras, se siembra con agroquímicos. Es decir, se aniquila la condición de humedal para sacar la mayor rentabilidad posible a costa de esos bañados que entre otras maravillas regulan inundaciones, sequías y generan agua potable subterránea.
En las islas Lechiguanas de Entre Ríos pasa eso y mucho más. Esta semana un peritaje ambiental encendió las alarmas: advirtió que hay que remover urgente los terraplenes y canalizaciones en más de 5.000 hectáreas ubicadas frente a Ramallo, la ciudad bonaerense que en 2020 las vio arder y se tuvo que fumar el humo.
La prueba pericial fue ordenada por el juez federal de Victoria, Federico Martín, en el marco de una acción preventiva de daño ambiental contra los productores agropecuarios Juan Pedro Nazar y Fabio Ernesto Di Fonzo. Ambos fueron denunciados en 2020 durante un escenario difícil de olvidar: la quema de humedales a gran escala que en pleno confinamiento obligatorio por Covid-19 enfermó el aire de ciudades enteras.
Este año, el juez Martín envió a un perito para que analizara el impacto ambiental que causaron esos incendios, la construcción de terraplenes y el uso de agroquímicos según los criterios de PIECAS, como se conoce el Plan Integral Estratégico para la Conservación del Delta del Paraná, acordado entre Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires junto al gobierno nacional.
Su resultado fue lapidario.
Según advirtió el perito judicial, para adecuarse a los parámetros de conservación del ambiente se deben remover “a la brevedad” terraplenes y canalizaciones en 5.300 hectáreas, desarrollar ganadería sustentable (con baja carga animal) y eliminar la agricultura con uso de insumos químicos que son “altamente dañosos en ecosistemas de humedales”. Esas acciones deben realizarse en un plazo no mayor a los 90 días, agrega el informe firmado por un ingeniero en seguridad ambiental.
Ahora le toca actuar al juez Martín, aunque los ambientalistas dudan que su respuesta sea acorde con los resultados del material probatorio que él mismo ordenó realizar.
En especial por un polémico fallo que ese magistrado firmó el mes pasado a favor de uno de los empresarios denunciados, cuando lo autorizó a retirar la cosecha acopiada en silobolsas que estaba retenida en esas islas a raíz de una medida cautelar dictada por un juez anterior que prohibió el uso de maquinaria pesada, la aplicación de agroquímicos y los movimientos de suelo.
Cuestionan a un juez federal por resolver a favor de un productor agropecuario denunciado por quemas
“El juez Martín avaló que el empresario saque esa cosecha y la comercialice. Le permitió tener una ganancia del daño y el delito que había provocado”, cuestionó Oscar Mollevi, integrante de Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) y participante de la Asamblea Vecinal Ramallo.
Mollevii reconoció que les llamó la atención la actitud del juez, “que tenía pruebas y elementos para determinar claramente que estaban cometiendo delitos y aun así falló a favor de los delincuentes”.
Entre sus cuestionamientos dijo que el magistrado “tampoco escuchó las recomendaciones de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para embargar el dinero de la venta de esos granos y destinarlo a la reparación de todo el daño que causaron en el lugar”.
“Escenario impactante”
El ambientalista recordó la pesadilla que vivieron los vecinos de Ramallo en 2020 por las quemas de esas 5.000 hectáreas y el impacto “tremendo” que les causó cruzar a las islas y encontrarse con la destrucción masiva de los humedales.
“En pleno padecimiento de las quemas, cuando estábamos encerrados respirando humo, todos los grandes focos provenían de las islas Lechiguanas”, dijo Mollevi.
“Al cruzar nos chocamos con un escenario impactante: 5.000 hectáreas de islas habían sido transformadas en terraplenes donde se hicieron endicamientos, se canalizó el río, se cortó el paso natural de canales de agua a familias del lugar que viven de la pesca y la apicultura”, cuestionó.
“Fue algo tremendo. Primero quemaron la vegetación, después construyeron terraplenes con excavadoras y luego modificaron el suelo para la siembra intensiva. Usaron maquinaria agrícola y sembraron con agroquímicos”, agregó.
Por eso, desde UPVA y la Asociación Civil Cuenca Río Paraná presentaron ante la Justicia federal una acción preventiva de daño ambiental y denunciaron a los productores agropecuarios por quemas y siembra ilegal, entre otros delitos.
“Como comunidad esperamos que una vez por todas se empiece a trabajar seriamente el tema de los humedales y se pongan en prácticas todas las herramientas que ya existen, como el PIECAS”, dijo Mollevi apenas tomó conocimiento de la pericia ambiental que recomienda remover los terraplenes.
Aunque no ocultó su decepción ante el rol de la Justicia. “Cuando el juez Martín autorizó que retiren la cosecha sentimos una indignación muy grande. Porque lo que tendría que ser una Justicia a favor del pueblo damnificado terminó siendo a favor de los que delinquen”, dijo.
“Creo que tenemos un Poder judicial que trabaja para intereses económicos en vez de administrar justicia. Tenemos un poder judicial que es empleado del poder económico, esa es la sensación que nos queda”, concluyó.
