Querellantes de la llamada causa Brusa, que desembocó en el primer juicio oral y público contra represores en territorio santafesino, denunciaron ayer como una “provocación” a víctimas y testigos el permiso que la Justicia federal le otorgó al ex agente de inteligencia de la Policía provincial Eduardo “Curro” Ramos, para que salga tres veces por semana a cursar estudios universitarios de Letras. El represor cumple actualmente la condena a 23 años de prisión que le fue dictada en diciembre pasado por delitos de lesa humanidad, y su caso se suma al de otro aún más grave: la libertad concedida a principios de este mes por la Cámara de Casación Penal a tres integrantes de la “patota” que comandaba el ex jefe de Policía de Rosario y ex comandante de Gendarmería Nacional Agustín Feced, todos ellos procesados y a la espera del juicio que comenzará el próximo 21 de julio.
El Tribunal de Sentencias comunicó el miércoles, y confirmó ayer, el permiso de estudio que le concedió a Curro Ramos. Una de las entidades que recibió la inquietante novedad fue la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), por su carácter de querellante en la causa Brusa en la que, el 22 de diciembre pasado, Ramos recibió una de las dos penas mayores. Y tras probarse que cometió delitos de lesa humanidad en el marco de lo que los jueces definieron como un plan sistemático de terrorismo de Estado: apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad, torturas, tormentos, violaciones y amenazas.
Ahora, Ramos es beneficiado con un permiso que otros presos “comunes” o “sociales” tardan mucho tiempo en conseguir, o no consiguen nunca. “Como se probó en el juicio oral, fue uno de los más perversos torturadores del circuito santafesino (de centros de detención y tortura). Allí fueron victimizados cientos de compañeros y compañeras, casi todas ellas sometidas a delitos de violencia sexual por el propio Ramos, quien llegó a decir en la audiencia pública, ante la denuncia de una compañera, que él sabía que «tenía fantasías sexuales con él»”, reza el comunicado de la LADH.
El vicepresidente de la LADH, José Ernesto Schulman, quien fuera dos veces secuestrado y torturado por Ramos, destacó a este diario la gravedad del permiso otorgado con celeridad al represor –aún no se materializó–, y que en cambio a detenidos por delitos comunes recién se les concede al cabo de largos trámites y después de que hayan cumplido la mitad de la condena.
“Si a esta decisión la vinculamos a la de liberar a Rubén «el Ciego» Lo Fiego, Mario Marcote y Ramón Vergara (ex integrantes de la patota Feced), denunciamos que el Poder Judicial Federal que actúa en Santa Fe está reaccionando ante nuestros avances con acciones de apariencia judicial y claro contenido político de provocación”, acusa la LADH. Schulman aclara que los querellantes y testigos “hacen un gran esfuerzo para que no los contamine el odio”, y que no están en contra de que Ramos estudie, pero adentro de la cárcel, como hacen tantos otros presos que no cometieron los crímenes aberrantes que se le probaron al ex policía, quien durante el juicio en Santa Fe se definió como “escritor”.
Schulman insiste en que, a esta altura y con el antecedente de la liberación de Lo Fiego, “no le cabe ninguna duda” de que un sector del Poder Judicial “provoca” a los organismos de derechos humanos para generar una reacción que permita frenar una vez más los juicios. Pero a la vez marca un déficit en los magistrados que están al frente de esos procesos: “Se empecinan en tratar como delitos comunes” los graves actos cometidos en lo que el dirigente de la LADH define como un “genocidio”.
