El gobernador Omar Perotti, a través del decreto Nº 89, ordenó suspender todos los contratos, designaciones y subrogancias en la administración pública que fueron avaladas por su antecesor Miguel Lifschitz entre el 10 de junio y el 10 de diciembre.
La decisión se basa en el artículo 15 bis de la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal, a la que adhirió la provincia de Santa Fe, donde se establece que en el último semestre de cada mandato no se pueden hacer nombramientos en planta salvo que haya vacantes a cubrir ni se pueden tomar medidas que impliquen un incremento permanente del gasto corriente.
En el decreto firmado por Perotti también alcanza a las designaciones realizadas en el mismo lapso “con carácter de titular en cargos docentes y horas de cátedra, sin haberse verificado el concurso que a esos fines dispone el régimen de la carrera docente aprobado por el decreto N° 3029/12, o en los que la designación en esa condición haya recaído en personas que carezcan del título docente exigido por el mismo”.
Además, el decreto establece que se deberá conformar una comisión en el ámbito del Ministerio de Gestión Pública, encabezado por Rubén Michlig, “que tendrá a su cargo la revisión de los actos administrativos emitidos con posterioridad al 10 de junio del corriente año que dispongan designaciones de personal afectando a esos fines cargos vacantes de la planta permanente, temporaria y contratada y horas de cátedra de la administración pública central, organismos descentralizados, instituciones de la seguridad social, empresas y sociedades del Estado provincial y otros entes públicos”.
Esta comisión estará conformada por el Fiscal de Estado Rubén Weder, el secretario de Trabajo del Ministerio de Trabajo de la provincia, el secretario Legal y de Coordinación del Ministerio de Economía y el subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Gestión Pública. El equipo tendrá un plazo de 60 días para concluir con el análisis de las designaciones, tras lo cual podrían ser dadas de baja.
Contratos irregulares
El vocero del gobierno provincial, Leo Ricciardino, indicó que el ex gobernador Lifschitz firmó 166 decretos con casi 300 designaciones en los últimos seis meses de su mandato. “Muchos contratos se van a dar de baja porque fueron firmados de forma irregular”, dijo Ricciardino a Radio 2.
El vocero del gobierno distinguió los nombramientos realizado por el ex mandatario del reclamo que llevan adelante hace seis meses los trabajadores contratados que piden pasar a planta permanente: “Una cosa es el reclamo justo de los contratados que hace mucho que están y que reclaman el pase a planta o seguir con sus contratos, eso hay que resolverlo”.
Ricciardino distinguió esos casos de “los nombramientos irregulares” realizados en el último semestre de la gestión socialista: “El decreto 89 se firmó para hacer cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal, en su artículo 15 bis, que dice que los últimos dos trimestres ninguna administración puede generar actos administrativos que impacten en los gastos corrientes”.
“Si firmás 166 decretos, como hizo Lifschitz en los últimos meses, para nombramientos de casi 300 personas, esos salarios impactan en los gastos corrientes y son contrarios a la Ley de Responsabilidad Fiscal”, agregó el vocero oficial.
Según Ricciardino, esas designaciones se van a revisar “porque hay que ver si están ajustadas a derecho”. Y añadió además que “en eso se va concentrar la administración de Perotti, en examinar cada uno de los casos y cada trabajador tendrá su derecho a réplica”.
No más adscripciones
El gobernador Perotti firmó el 14 de diciembre, apenas tres días después de asumir su cargo, un decreto que anula otros nueve decretos firmados por Lifschitz entre el 29 de noviembre y el 9 de diciembre a través de los cuales se disponían traslados de personal el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial: las llamadas “adscripciones”.
Los decretos derogados se originaban en una resolución de Presidencia de la Cámara de Diputados, del 7 de noviembre, que abrió las puertas a los agentes públicos y que fue respondida por la Casa Gris con una primera disposición el último día hábil de noviembre, otros seis el 4 de diciembre y los dos últimos el lunes pasado. Pero todos quedaron sin efecto.
El decreto 58 anuló “las adscripciones, comisiones de servicio y afectaciones de cualquier índole de personal de distintas áreas de dependencia de este Poder Ejecutivo a ambas Cámaras del Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, disponiéndose el reintegro del mismo a las tareas inherentes a su cargo de revista titular”.
