El gobernador Omar Perotti y el ministro de Salud de la provincia, Carlos Parola, firmaron este miércoles la adhesión de Santa Fe al protocolo nacional de atención integral de las personas con derecho a Interrupción Legal de Emabarzo (ILE)
Al respecto, la vicegobernadora Alejandra Rodenas celebró la medida y sostuvo que “sefender la salud pública es garantizar derechos reconocidos”.
Poco después de asumir Parola dijo a >EL Ciudadano> que “lo que dice el protocolo es algo que está afirmado por la ley que tiene más de 90 años. Es indiscutible seguir esos lineamientos”. Parola había ponderado las políticas implementadas por el gobierno socialista saliente en materia de los derechos de las mujeres y personas gestantes y remarcó que el desafío es poder garantizar el acceso a esos derechos no sólo en las grandes ciudades sino también en el resto la provincia.
“El Protocolo es favorable y era absolutamente necesario. Los protocolos son una guía que necesitamos los médicos no solamente en este tema, se hacen para absolutamente todas las patologías importantes. Siempre hay guías de actualización y esto era necesario”, sostuvo.
El protocolo de ILE que quedó publicado en el mes de diciembre el Boletín Oficial fue la Resolución N° 1 de la cartera de Salud del presidente Alberto Fernández, quien a poco de asumir le restituyó el rango de Ministerio que le había quitado Mauricio Macri al degradarlo a Secretaría y hacerlo funcionar bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
La oficialización del Protocolo también vino a enmendar una acción del ex presidente: el 20 de noviembre último, el gobierno de Cambiemos había avanzado en derechos de mujeres y personas gestantes al publicar en el Boletín Oficialun Protocolo que dejaba institucionalizadas las prácticas a realizar cuando correspondiera realizar una ILE. El texto, que llevaba la firma del entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, regulaba y daba información sobre cómo acceder y garantizar los abortos no punibles en la Argentina por las causales que establece el Código Penal desde el año 1921, ratificadas por el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia en 2012: cuando haya riesgo para la salud de la mujer o persona gestante, y en casos de violación. Tomaba a su vez el de 2015 –que actualizaba otros de 2012, 2010 y 2007–, incorporaba las modificaciones del Código Civil y Comercial de 2015 y los métodos medicamentosos como forma segura de acceder a la práctica. Pero, esa misma tarde, Macri dio marcha atrás con la resolución.
De las 24 provincias de Argentina, son diez las que ya adherían a los protocolos vigentes: Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco. El ministro Parola ratificó esa adhesión. “En los sistemas de salud los protocolos son guías, son sistemas de actualización de prácticas, y esta es una más. Como provincia vamos a adherir. Se trata de una ley viejísima que requería una actualización”, aseguró el ministro, quien dijo que dejarán asentados por escrito los fundamentos.
Sobre las políticas que garantizan los derechos de las mujeres y las personas gestantes en Santa Fe, Parola consideró que “lo hecho por el Ministerio de Salud Fe en la gestión anterior fue muy bueno, de vanguardia. Ese es nuestro piso de acá en adelante. Esto que agrega Nación es bienvenido y ahora nuestro desafío es poder extenderlo al resto de la provincia, que no sean solamente las grandes ciudades las que tengan respuestas sino que en cada rincón de la provincia haya las misma oportunidades frente a este tipo de problemas”.
El protocolo de Ginés
La confidencialidad de la historia clínica, el respeto al consentimiento de niñas y adolescentes embarazadas, la objeción de conciencia individual y la adecuación del uso de medicamentos a lo pautado por la Organización Mundial del a Salud (OMS) fueron los principales cambios introducidos, en relación a la última versión conocida del protocolo para la ILE publicado este viernes en el Boletín Oficial.
La médica Mariana Romero, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), fue una de las profesionales que integró el equipo que revisó y actualizó el protocolo de 2015 y el publicado en noviembre último que fue derogado por Macri.
Los cambios centrales de la nueva versión del Protocolo en relación a los documentos anteriores tienen que ver con “los regímenes terapéuticos en abortos con medicamentos porque se ajustó acorde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que fueron publicadas a fines del año pasado“, explicó Romero a Télam.
También “se precisó el tema del consentimiento de niñas y adolescentes en base al Código Civil y Comercial que se aprobó en 2015”.
En el caso de niñas y adolescentes, el equipo “debe brindar en forma prioritaria la atención y la contención requeridas, que incluyen información completa y en lenguaje accesible de su derecho a ILE, así como su realización inmediata, sin judicialización si así lo decide”, la socióloga Sol Prieto.
