“La Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio. Y Rosario es parte de su territorio”. Con esa frase, el gobernador Omar Perotti sintetizó el tenor y los carriles por los que transcurrió la nueva reunión de la Junta Provincial de Seguridad. Con la ciudad convulsionada y presente en la agenda internacional por el atentado contra el supermercado de la familia Roccuzzo –con nota de amedrentamiento al capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, incluida– este jueves por la tarde volvió llenarse la sobrecargada mesa en U que aglutina a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia, más la Policía como primera línea de atención a las situaciones que cotidianamenente explotan en territorio rosarino. El cónclave, que se preveía que podía extenderse hasta la medianoche, tuvo una interrupción con clara intención: que el jefe de la Casa Gris emitiera una respuesta en cuerpo presente antes del cierre de noticieros televisivos y radiales, y de la jornada laboral en los diarios. Y rápidamente Perotti expuso las principales definiciones de lo tratado en la mesa: una fortísima interpelación al gobierno nacional –con desagrado hacia la figura del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández– para se ponga en línea con las demandas que los vecinos de Rosario y la región expresan en cada nota periodística y en cada movilización por más seguridad.
Perotti respondió lo más puntillosamente que pudo las requisitorias de medios locales y nacionales, que habían orquestado inusual despliegue tras tomar cuenta de que un ataque con 14 balazos hacia el frente de un supermercado no era una balacera más, sino un hecho que se amplificaría por sus propietarios, la familia del suegro de Messi. “Tomó sin dudas una connotación diferente”, admitió el gobernador, aunque también aclaró que ataque a balazos “no es diferente” a los que las bandas vienen ejecutando en sus disputas hacia adentro y hacia afuera, que tuvo sus mojones con disparos contra vidrieras de concesionarias de autos en un momento, hasta convertirse en demandas de pago de protección a pequeños comercios, en tiroteos que se extendieron hasta pequeñas verdulerías de barrio, pasando por varios intermedios, entre ellos el ya esclarecido ataque al Casino City Center y el reciente e insólito atentado a un cantobar en zona noroeste, con dos víctimas fatales a plomo puro.
Todos los episodios concatenan, para el ministro de Seguridad nacional, la evidencia de que “en Rosario ha ganado el narco”. Y Perotti escogió, precisamente esas palabras de Aníbal Fernández para iniciar su conferencia de prensa: ensayó un furibundo repudio. Y refirió, además, que esa réplica era del consenso de todas las partes presentes en la reunión en la sede de Gobernación. “Repudio total a esas declaraciones”, dijo, sin ambigüedades.
Sobre esa situación, el gobernador desplegó que en la mesa la coincidencia había sido total en que el problema del narcotráfico y narcomenudeo, con sus delitos asociados, son un tema federal, por tanto tiene que actuar sobre el problema el Estado nacional.
En esa línea pidió “mayor presencia federal de efectivos y de logistica, de equipamiento, vehículos y recursos”. Y pidió urgente tratamiento al proyecto de ley que plantea una “nueva estructura a la Justicia federal” en la provincia, que tiene el consenso de “todos los diputados nacionales de Santa Fe”, sin distinción de fuerzas políticas; y también que se les dé perentorio nombramiento a los funcionarios para llenar vacantes de la estructura judicial cuyos pliegos “ha tratado la comisión de Acuerdos”; que “el Ejecutivo envíe a otros pliegos” al Poder Legislativo, y que “el Consejo de la Magistratura vaya llenando las vacantes”.
“Hay una estructura de Justicia federal que viene de treinta y tantos años siendo la misma”, se quejó.
Más tarde, y ante preguntas periodísticas, Perotti se excusó de propiciar una renuncia de Aníbal Fernández, pero volvió a reclamar un “cambio de criterio de la mirada que el ministro de Seguridad le hace llegar al presidente” Alberto Fernández. En esa línea recordó que es el jefe del Estado quien nombra, evalúa y remueve o no a sus funcionarios, y que él hablaba como gobernador. Pero aclaró: “El presidente dijo que va a hacer algo más; es una buena noticia”.
Sobre el ámbito provincial, Perotti anunció que en el corto plazo habrá “400 nuevos agentes en rosario” con “más vehículos y más tecnología”, producto de licitaciones y de la formación que lleva adelante la provincia. Y también que, por consenso en la Junta Provincial, se constituirá un “Comité de Expertos en Seguridad”, del que formarán parte “todas las fuerzas políticas y las universidades”, tomando como ejemplo el modelo que se aplicó a nivel Salud durante la pandemia de coronavirus.
Tampoco le esquivó a la pregunta sobre el papel de la Policía en la situación por la que atraviesa Rosario, que no tiene parangón en la provincia ni tampoco en el país, a excepción de áreas puntuales del Gran Buenos Aires. En ese marco definió que la estrategia es contar con “policías con vocación de servicio”, distinguiendo que “el resto son delincuentes” y que el plan de seguridad –que el flamante ministro del área, Claudio Brilloni, presentará “en los próximos días”– buscará por todos los medios “cortar los vínculos con el delito de cualquier policía”.
En esa línea volvió replicarle al ministro Aníbal: dijo que la gestión de gobierno se lleva adelante con “rosarinos de buena fe, y no con estas lacras que generan delitos”, y que por ello el plan tendrá además la impronta de “una fuerte presencia de intendentes en las políticas de seguridad”, de modo tal de ejercer un “control social de cercanía”.
En esa línea ensalzó el trabajo mancomunado con el intendente Pablo Javkin, a quien resaltó, y mencionó “el diálogo con el jefe de Gabinete” de la Nación, Agustín Rossi, quien recientemente asumió el nuevo papel.
Con todo, Perotti resaltó otros dos puntos de consenso general en la Junta Provincial de Seguridad, que incluyeron a los familiares de víctimas, representados por el Observatorio provincial: un “piso de coincidendcias mínimas con la oposición” que esté, además, “a la altura de las circunstancias” y la “coincidencia plena con la solidaridad con todas las víctimas”.
También adelantó que la provincia cederá “15 unidades a las fuerzas federales”, para dotarlas de mayor movilidad, y que se apelará también al Ejército. No en los parámetros que expone la titular del PRO, Patricia Bullrich, que parecen apuntar a una militarización –por otra parte, ilegal– sino a los de actuación en logística como parte de sus misiones subsidiarias, como efectivos lo hicieron en el Operativo Belgrano sobre la pandemia –distribución de alimentos y vacunación– y sobre las quemas intencionales en el Humedal del río Paraná. Así mencionó que ingenieros civiles del Ejército ya están colaborando para abrir calles en los barrios, y mejorar las condiciones de hábitat en las zonas más castigadas de la ciudad.
Hay coincidencias
La reunión de la Junta Provincial de Seguridad estaba prevista desde la semana pasada, pero tomó mayor trascendencia tras los últimos acontecimientos, con repercusión mundial. El encuentro se abrió con la exposición del flamante ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni.
En su oratoria el ex efectivo de Gendarmería expuso el plan de trabajo con el que buscará “pacificar las calles” y bajar los índices de violencia, principalmente en Rosario y la región.
Además de Perotti y Javkin de la reunión también tomaban parte Alejandra Rodenas, vicegobernadora de la provincia; Celia Arena, ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos; Marcos Corach, ministro de Gestión Pública; Oscar Urruty, secretario de Gobierno; Gabriel Somaglia, secretario de Justicia; Ignacio Martínez Kerz, secretario de Prácticas Socio Comunitarias; Fernando Mazziotta, secretario de Políticas de Inclusión y Desarrollo Territorial; Marcos Alejandro Romero, secretario de Seguridad Pública; José Horacio Córdoba Ríos, secretario de Gestión Institucional y Social de la Seguridad; Jorge Fernández, secretario de Política y Gestión de la Información; Facundo Bustos, subsecretario de Políticas de Seguridad Pública; Priscila Magalí Villalobos, subsecretaria de Prevención y Control Urbano; Gabriel Leegstra, director General del Servicio Penitenciario, y Arnaldo Martín García, el jefe de Policía de Santa Fe.
También estaban Daniel Erbetta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia; Jorge Barraguirre, procurador general de la Corte; Jorge Baclini; fiscal general del Ministerio Público de la Acusación; Carlos Arietti, fiscal regional 1; Matías Merlo, fiscal regional 3; las y los diputados provinciales Juan Cruz Cándido, Walter Ghione, Carlos del Frade, Rubén Giustiniani, Joaquín Blanco, Nicolás Mayoraz, Matilde Bruera, Sebastian Julierac y Gabriel Real. Además estuvieron presentes familiares de víctimas de la violencia en Rosario.
