El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, habló por primera vez en público sobre la causa de espionaje ilegal tras los allanamientos al Ministerio de Seguridad en Rosario y Santa Fe. “Dijimos que estamos a disposición de cualquier investigación que se realice, con el deseo de siempre a la comunidad de los mejores indicios de trasparencias y que se actué con total objetividad”, afirmó en rueda de prensa brindada en la capital provincial.
Al ser consultado si cree que todo fue un complot, el gobernador respondió: “Estoy a disposición y queremos saber de qué se trata”, para de inmediato agregar: “Tenemos que ir viendo cómo funciona la política criminal en la provincia, está en manos del Ministerio Público de la Acusación, son ellos los que tienen que dar más explicaciones”.
La causa está en manos de Matías Hernández y Mariela Jiménez, de la sede fiscal a cargo de Arietti, quien en abril había manifestado su deseo de que el entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain fuese destituido, en medio de declaraciones cruzadas que sucedieron al sonado caso del crimen del empresario Hugo Oldani.
Por último, Perotti dejó un mensaje y pidió que “el deseo es que exista un funcionamiento donde en ésta y en todas (las causas) se resguarde las formas y los cuidados y el respeto de cada una de las personas”.
Fallo de la Corte
Horas antes, el gobernador Perotti señalo que piensa destinar a obras de infraestructura parte de los recursos que el gobierno nacional deberá devolverle a esa provincia en concepto de fondos coparticipables, luego de que así lo estableciera este martes la Corte Suprema de Justicia.
“Tenemos que tener la inteligencia de utilizar los recursos para que impacten el doble”, expresó Perotti sobre su idea de impulsar obras de infraestructura en el distrito, “que generen hoy mano de obra, pero que también generen empleo una vez finalizadas”.
De esta forma, Perotti se refirió al fallo de la Corte Suprema que estableció que el Estado nacional debe devolverle fondos coparticipables retenidos desde 2006 a 2015 en forma indebida por un valor estimado en 86 mil millones de pesos.
En agosto de 1992, el entonces gobierno de Carlos Menem impuso a varias provincias, entre ellas la de Santa Fe, un recorte del 15% de los impuestos coparticipables que, luego de sucesivas presentaciones ante la Corte, se terminó declarando inconstitucional en 2015.
Desde allí, la discusión jurídica se trasladó a la tasa de actualización que debía pagar la administración nacional en concepto de esos fondos retenidos indebidamente.
En rigor, el Estado Nacional deberá devolver el 15% que se retenía por el acuerdo fiscal y otro 1,9% que también era retenido de manera indebida según la Corte, vía la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Según el cálculo de los auditores contables, con la actualización dispuesta por la Corte, el monto total del resarcimiento estaría cercano a los 86 mil millones de pesos.
Perotti en declaraciones a Radio Dos que su gobierno tiene la «satisfacción de saber que hay una acreencia que tenía la provincia y que esos recursos vuelven” y comentó que cuando se «cancele» esa deuda se empezará a delinear cómo se utilizarán esos fondos.
«No es un tema ajeno al gobierno (nacional) o algo que no hemos conversado», aseguró el gobernador y reseñó que las autoridades nacionales asumieron ese compromiso antes de haber asumido la gestión.
