El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó hoy a prisión perpetua al ex interventor de la provincia durante la dictadura militar, el ex coronel José María González, quien fue encontrado culpable de delitos de lesa humanidad.
El tribunal, integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Lilia Carnero, leyó hoy la sentencia en la que González fue condenado por el homicidio doblemente calificado del militante peronista Mario Marini, secuestrado junto a su esposa Ana María Cavadini y su hijo Germán el 9 de diciembre de 1975.
Además del homicidio de Marini, el tribunal también condenó a González por el allanamiento ilegal de la vivienda que habitaba la familia y la privación ilegítima de la libertad de la pareja, agravada en el caso del hombre.
El TOF santafesino coincidió con los pedidos de la querella y de la acusación fiscal, que habían solicitado la prisión perpetua.
Tras la lectura de la sentencia, la abogada querellante Lucila Puyol expresó su satisfacción por el veredicto de los jueces y estimó que las imputaciones a González «fueron suficientemente probadas por el testimonio de los testigos».
En diálogo con Télam, Puyol remarcó que «éste es el primer caso de juicios de este tipo en el que la Fiscalía también pidió la prisión perpetua, lo que marca claramente que había elementos suficientes para una condena de este tipo».
Además, la abogada manifestó la importancia de que «por primera vez en Santa Fe se juzgó a un militar por delitos de lesa humanidad», a diferencia de la denominada Causa Brusa, en la que fueron juzgados policías y civiles.
«Además, hay que tener en cuenta la importancia de González, porque fue jefe del Comando de Artillería 121 desde fines de 1974, luego jefe del Area 212 y el primer interventor de la dictadura», añadió.
En ese sentido, Puyol reseñó que «González fue quien derrocó (al gobernador Carlos) Sylvestre Begnis, fue el hombre de la dictadura en esta provincia, y durante su período de gobierno ocurrieron los hechos más cruentos que se dieron en la ciudad de Santa Fe».
El ex coronel comenzó a ser juzgado el 27 de octubre pasado, día en que se leyó el requerimiento de elevación a juicio y el testimonio de los primeros testigos, entre ellos el de Cavadini.
Cavadini y Marini se casaron a inicios de 1975 y residían en una vivienda humilde de Jujuy 3618, actualmente Pasaje Andrade, en el sur de la capital provincial.
La mujer contó que el 9 de diciembre de ese año, pasadas las 19, un grupo de tareas integrado por seis hombres armados, vestidos de civil y a cara descubierta, ingresó a la casa en busca de su esposo, en tanto otros tres hombres permanecían afuera de la vivienda.
Media hora más tarde llegó Marini y fue apresado por los captores, que lo tiraron al piso y le apuntaron con sus armas.
Mientras tanto, parte del grupo se llevó a la mujer junto a su hijo, de entonces 45 días de edad, momento en que Cavadini pudo observar que afuera de la casa estaban los tres hombres que completaban el operativo.
La testigo fue trasladada hasta la comisaría primera de Santa Fe, ubicada en la céntrica esquina de 25 de Mayo y Primera Junta, en tanto Marini habría sido alojado en la comisaría cuarta, según le dijo un policía.
Luego, un militar que la interrogó días después le dijo que su marido «se les había escapado», aunque la querella sostuvo que Marini murió en una mesa de torturas, hecho ratificado por los testigos.
Cavadini estuvo detenida a disposición del Poder Ejecutivo por el término de cuatro años y medio, en tanto su esposo figura en la lista de desaparecidos.
González, quien reside en Buenos Aires y goza del beneficio de prisión domiciliaria, fue procesado en julio de 2008 y su causa fue elevada a juicio en mayo de 2010, en ambos casos por decisión del juez federal 2 de Santa Fe, Francisco Miño.
Además de este juicio, el represor afronta una causa por el homicidio de 21 militantes políticos, asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y tormentos en cuatro casos, por los cuales está procesado.
En su sentencia de hoy, el TOF coincidió con el alegato de los fiscales al condenar a González por los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Cavadini y Marini (agravado en este caso) y de homicidio doblemente calificado por alevosía y por la intervención premeditada de más de dos personas.
En el juicio se dio por acreditado que González tenía conocimiento de lo sucedido y de la identidad de Marini en virtud de un recurso de hábeas corpus que contestó en aquella época a la Justicia Federal.
En su respuesta, el jefe militar ubicó el caso de Marini dentro de «cuestiones de servicio que involucraban a la defensa nacional».
