La condena a prisión perpetua en cárcel común para Luis Abelardo Patti tiene una trascendencia que sólo puede calibrarse en términos cualitativos. El ex subcomisario fue un victimario feroz durante los tiempos de la dictadura y también en tiempos de democracia. Carlos Menem lo untó de bronce cuando lo mandó a investigar el caso María Soledad a Catamarca. En ese entonces era un ilustre desconocido que llegaba con credenciales de policía recto e incorruptible al feudo saadista que escandalizaba al país. Volvió de esa provincia e inició una carrera política que lo llevó a ser intendente de Escobar. Leyes y decretos de impunidad mediante, Patti tuvo el paraguas necesario para expandir su proyecto a la provincia de Buenos Aires. Las denuncias en su contra se acumulaban, pero muchos jueces (actores políticos con el más refinado olfato para detectar de qué lado sopla el poder) pisaban las causas o las cerraban.
Sin embargo hubo militantes sociales y políticos, de organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas que nunca bajaron los brazos. Fueron ellos los que siguieron adelante cuando parecía que no había más un adelante. Que insistieron en la Justicia, en el Congreso, en estamentos internacionales, en las calles, en las plazas y en cada aniversario.
El proceso político iniciado en 2003 tendió un puente que ancló en ese piso construido por quienes habían seguido luchando y buscando justicia. La inobjetable voluntad y acción política del gobierno de Néstor Kirchner pintó otro clima político. Entonces sí una Corte independiente declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos, luego derogadas por el Poder Legislativo. Los tribunales volvieron a abrirse para las víctimas y sus familiares, las causas se reactivaron una a una, llegaron los procesamientos, las detenciones, las primaras condenas.
Pocos años atrás nadie hubiera creído que el país sería pionero a nivel mundial en materia de juzgamiento de autores de crímenes de lesa humanidad. Poco tiempo antes, las esperanzas de esa Argentina que buscaba Justicia y cárcel para los genocidas apenas se centraban en un juez español y en inofensivos juicios por la verdad.
Dentro de ese proceso, el caso Patti suma una particularidad: en 2005 la Cámara de Diputados de la nación le negó la posibilidad de ocupar la banca que había obtenido en las urnas bonaerenses. Por primera vez a la comunidad política no le dio lo mismo compartir el Parlamento con un tipo (en ese momento) sospechado de torturar, secuestrar, detener ilegalmente y asesinar. Aún cuando la Justicia hizo una aséptica interpretación del derecho y avaló el argumento de que no pesaban condenas en su contra, la Cámara de Diputados mantuvo firme su decisión y le impidió jurar la banca. En ese tiempo todavía no existía la actual ley que impide que integrantes de gobiernos de facto y represores ocupen cargos públicos. La posición de la Cámara baja resultó un acontecimiento histórico, en parte comparable con el día que desde otro poder de la democracia, Néstor Kirchner ordenó al jefe del Ejército bajar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla de las paredes del Colegio Militar.
Argentina es un país en el que la Justicia no viene sola si no se le pelea y se la exige. Estas pocas líneas no abarcan la densidad de lo que fue el largo camino en la búsqueda de Justicia y la pelea contra la impunidad, que debe seguir para poder juzgar al resto de los represores, encontrar a más nietos e hijos de desaparecidos y contribuir a que no se tranque la rueda que se logró poner en marcha. No se reflejan ni cerca los sueños, las decepciones, la desesperanza y el tesón que, según los momentos, dominaron el corazón y el alma de quienes, a pesar de todo, mantuvieron firmes sus convicciones.
En todo caso, acercarse esta tarde a celebrar los 16 años de la agrupación Hijos es una forma de rendir respeto, homenajear y consolidar esa lucha. La cita es a las 18 frente a los Tribunales federales de bulevar Oroño, el lugar que manda este momento de la historia.
