Una militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Tucumán presentó ayer una denuncia por persecución política e ideológica ante el Inadi. El último martes Fernanda Fernández, trabajadora social de 29 años, recibió una notificación oral: le comunicaron informalmente que quedaba desvinculada del Ministerio de Desarrollo Social, donde trabajaba desde hacía dos años. El argumento fue que no estaba teniendo un buen desempeño, pero luego le dijeron que la no renovación de su contrato estaba ligada a su militancia dentro de la Campaña. La joven remarcó que la persecución de la que fue víctima es mucho más sencilla de ejercer cuando las contrataciones son precarias, como la de ella.
“Cuando entré al Ministerio de Desarrollo Social la Campaña no tenía mucha exposición, pero cuando el año pasado el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo ingresó en el Congreso quedé mucho más expuesta, porque hicimos muchas apariciones públicas cuestionando al gobierno de Juan Manzur”, explicó Fernández, quien remarcó que Tucumán es hoy la provincia con mayor tasa de embarazos adolescentes del país, que no ha adherido a las leyes de Educación Sexual Integral, de Salud sexual y reproductiva y no aplica el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) instituido por el Ministerio de Salud de la Nación.
De acuerdo con la militante, a partir de ese momento comenzaron las presiones en su trabajo, que se intensificaron cuando salió a la luz el caso de la niña de 11 años violada por el marido de su abuela que la semana pasada fue sometida a una cesárea para interrumpir legalmente el embarazo (ver aparte).
“El martes me dijeron informalmente que me desvinculaban del Ministerio porque no cumplía con el perfil técnico que necesitaban. Desde que empecé a trabajar me sometieron a cuatro evaluaciones de rol y todas fueron positivas e indicaban mejorías en mi desempeño”, relató. Después de insistir, la respuesta final, también oral, fue que como ella era una figura pública en la provincia y era parte de la Campaña, exponía a la gestión de turno por lo que iba a quedar desvinculada. Pese a su pedido, los argumentos nunca le fueron comunicados por escrito.
Para Fernández, que desde el año pasado denuncia amenazas por su militancia social y política por los derechos de las mujeres, su desvinculación con el Ministerio de Desarrollo Social y sus cuestionamientos públicos al gobierno provincial por la falta de aplicación de políticas públicas que garanticen derechos están íntimamente relacionados.
Por ese motivo, ayer realizó una denuncia en el Inadi por persecución política e ideológica y discriminación laboral contra el ministro de Desarrollo de Tucumán, Gabriel Yedlyn.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresaron en un comunicado el apoyo a Fernández.
“Exigimos el cese de la persecución hacia nuestra compañera y la reincorporación urgente a su puesto de trabajo”, reza el escrito
Y luego agrega: “Exigimos políticas públicas y que lxs funcionarixs cumplan con las leyes vigentes. Por un Estado que no persiga ni criminalice a quienes defienden los derechos y una provincia en la que las niñas, jóvenes, mujeres y personas con capacidad de gestar podamos ser libres”.
Denuncian al gobernador Manzur
Fernanda Fernández fue una actora activa en Tucumán para que la nena de 11 años violada por el marido de su abuela pudiera acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE). Como parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fue una de las organizadoras de los escraches públicos contra el gobierno provincial, al que acusaron de torturar a la nena al violentar sus derechos. El miércoles ella junto a otras militantes realizaron una denuncia penal contra el gobernador peronista Juan Manzur, la ministra y el secretario de Salud y la directora del hospital en el que se practicó la cesárea por obstaculizar el aborto al incumplir las leyes vigentes. Para las militantes se trató de un caso de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia fue presentada ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires por la diputada del Parlasur, Paula Merchán; las abogadas Gabriela Carpinetti y Elizabeth Gómez Alcorta; la Coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, Victoria Freire, y la militante de la Campaña Fernanda Fernández.
El escrito hace referencia a las trabas que sufrió la niña de 11 años que en enero ingresó en el sistema de salud tucumano con un embarazo producto de una violación y pese a que ella y su madre manifestaron que querían que fuera sometida a la ILE (la violación y el riesgo de vida son causales que la autorizan) dilataron la práctica casi un mes.
De acuerdo con la denuncia, pese a que la legislación vigente establece que en este tipo de casos no se requiere autorización judicial para practicar la ILE, los funcionarios del sistema provincial de salud solicitaron la intervención de la jueza Valeria Brand, del juzgado de Familia y Sucesiones N° 5, quien resolvió acorde a la ley y dijo que la judicialización no era requerida.
El 26 de febrero, el Ministerio de Salud de Tucumán, a cargo de Roxana Chahla, difundió un comunicado de prensa donde anunció que había notificado a Elizabeth Ávila, la directora del hospital Eva Perón, donde estaba internada la niña, que procediera a dar cumplimiento del oficio judicial realizando “los procedimientos necesarios para salvar las dos vidas”. El agregado final no estaba en la resolución judicial.
A la medianoche fue sometida a una cesárea por médicos particulares, porque todos los del hospital se declararon objetores de conciencia.
Cecilia Ousset, una de las médicas que realizó el procedimiento, dijo que con el desarrollo que tenía el embarazo la única alternativa era la cesárea. “Era más riesgoso continuar con el embarazo que hacer la cirugía. Si no interrumpíamos el embarazo (que había llegado a la semana 23 de gestación), la nena se moría”, dijo.
“Diferentes funcionarios públicos han inclumplido diversas normas a través del dictado de resoluciones o por medio de ciertas acciones u omisiones, por lo que entendemos que corresponde realizar una pesquisa a fin de corroborar los eventuales responsabilidades en el caso”, dice la denuncia.
Para las denunciantes se trató de un claro caso de “abuso de autoridad” e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“La judicialización del caso, la demora en la realización de la práctica por parte del sistema de salud provincial, encabezado por (el secretario de Salud) Gustavo Vigliocco, con el aval de la ministra de Salud, Roxana Chahla, y del gobernador, Juan Manzur, resultan contrarias a la legislación vigente y a los tratados internacionales de derechos humanos que incorpora la Constitución Nacional”, expresa la denuncia.
