Perú amaneció este viernes con los aeropuertos de las regiones del Cusco y Arequipa cerrados y sin servicio de trenes a la ciudadela inca Machu Picchu por las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, que se replican en distintas regiones de Perú desde principios de diciembre y que dejan al menos 44 muertos.
Las operaciones de las terminales aéreas se suspendieron el jueves por las masivas protestas para exigir la renuncia de la mandataria y de la mesa directiva del Congreso, y la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas.
Imágenes difundidas este viernes por televisión mostraban cómo decenas de turistas esperaban con sus maletas en las puertas del aeropuerto del Cusco su reapertura para viajar.
El servicio de ferrocarriles entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo de Perú, sigue suspendido hasta nuevo aviso, informó la compañía operadora, según replicó la agencia de noticias AFP.
En Lima, brigadas de bomberos continuaban trabajando para apagar el incendio de un antiguo edificio semideshabitado cercano a la plaza San Martín, en el centro histórico de la ciudad, donde se agrupaban centenares de manifestantes.
Por su parte, Boluarte descartó que vaya a presentar su renuncia e hizo un llamado al diálogo para devolver la calma al país tras la multitudinaria manifestación que se desarrolló ayer en varias regiones, incluida la capital, Lima.
“La situación está controlada, porque sabemos que estos señores no van a cesar en su proceso de quebrar el estado de derecho. El Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”, aseguró anoche en un mensaje televisado en el que se la vio rodeada por algunos de sus ministros.
Siguen las protestas en Perú
Sin embargo, las protestas de habitantes de zonas rurales de los Andes en Lima dejaron además 38 heridos entre policías y civiles, según informó el ministerio de Interior.
«Este Gobierno no nos representa, es ilegítimo para el pueblo aimara por lo tanto hemos venido aquí para hacer sentir nuestra voz de protesta», manifestó Ricardo Mamani de 47 años.
«Hemos viajado por 42 horas desde la región de Puno, estamos exigiendo de una buena vez que esta señora dé un paso al costado para que el pueblo esté en paz», agregó el poblador aimara.
«Invitamos la intervención de los derechos humanos, no sentimos la presencia del derecho internacional. No hay nadie quien nos defienda», denunció Mamaní, que vestía de negro en señal de luto por las víctimas de la región Puno.
La mediación de la ONU
El enviado especial del Alto Comisionado de la ONU en Perú, Christian Salazar Volkmann, dijo este viernes que había pedido información al Gobierno de Boluarte sobre las acciones realizadas «para evitar que estas muertes y heridos se repitan», tras reunirse con el primer ministro, Alberto Otárola.
Hasta anoche la Defensoría del Pueblo registraba 44 muertes -43 de manifestantes y un policía- desde el inicio de las movilizaciones a principios de diciembre, con la destitución en encarcelamiento del entonces presidente Pedro Castillo, a quien sucedió Boluarte en su condición de vicepresidenta.
Otras 13 personas murieron por distintas causas relacionadas con las protestas, como accidentes producto de los bloqueos en las rutas.
Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó a Pedro Castillo, horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales, tras varios intentos de los bloques opositores de removerlo de su cargo con mociones de censura.
En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten y el reclamo es por la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Congreso.
La crisis también refleja la inmensa brecha que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan al presidente Castillo, de origen indígena, y que veían en su elección una forma de revancha contra el poder de Lima.
