La comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal recibió ayer a cooperativas de pescadores de la ciudad para avanzar en una regulación de la actividad. La situación más apremiante es la de los trabajadores situados sobre el lugar donde se construye el Parque Náutico Ludueña, quienes se ven obligados a moverse por un convenio firmado con el municipio en 2010, pudiendo incurrir en futuras contravenciones. “Nos perjudica porque actualmente contamos con 120 metros para trabajar y nos quieren asignar la mitad de eso, que después nos va a generar problemas con las habilitaciones. El acuerdo era que nos iban a conservar ese espacio”, aseguran desde el sector.
El encuentro celebrado ayer en el anexo de Palacio Vasallo consistió en una instancia de mediación entre las autoridades municipales y los pescadores artesanales, quienes se acercaron a los miembros de la comisión de Derechos Humanos para transmitirles su inquietud.
“Es una situación que afecta a los pescadores en general. Particularmente el convenio dice que dentro de la licitación se va a hacer una senda peatonal, obligándonos a que nos traslademos unos 50 metros. Pero ese convenio dice que se va a respetar la medida que actualmente ocupamos por un decreto firmado en 1985. Nosotros hoy tenemos un lugar 120 metros y nos quieren asignar la mitad de eso”, explicó Osvaldo Lovato, titular de la Cooperativa de Trabajadores Pescadores Siglo XX.
La presidenta de la comisión, María Eugenia Schmuck, contó que en la reunión se resolvió “elaborar una lista de requerimientos para una nueva reunión” que se desarrollará la próxima semana. “Lo que se busca es generar un espacio para la logística de camiones porque hay una cooperativa de 13 familias que va a comenzar a exportar.
El municipio se mostró dispuesto a acercar posturas, pero no a cambiar totalmente las reglas de juego”, aclaró.
Respecto a ello, Lovato detalló la idea de los trabajadores es comenzar a funcionar en locales de comercialización de productos que, si finalmente se ejecuta su traslado, podrían no cumplir con todas las condiciones necesarias para avanzar en la habilitación.
“Nos quieren enviar a un lugar que no está habilitado y si después mandan una inspección nos echan. Pedimos una bajada para camiones y una caleta donde el pescado, por intermedio de unos rieles y un carrito sanitario, llegue a los locales donde trabajaríamos, además de un lucro cesante para la gente que se quede sin trabajo durante los días de obra”, cerró.
