Por: Claudio Mardones/ tiempoar.com.ar
Javier Milei tuvo que resignar uno de los núcleos más importantes del proyecto de Ley Ómnibus para evitar una precoz derrota política en la Cámara de Diputados. Sobre los hechos consumados el presidente supo que no le daban los números y que había puntos que los aliados esquivos no iban a bancar. Luego sobrevino un viernes tenso, con la intervención de su entorno más íntimo en la negociación. Fue Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria General de la Presidencia, quien aceptó sacar todo el capítulo fiscal y agilizar el debate. La decisión fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que salió a poner la cara y mostrarse concesivo. En el oficialismo ahora sienten alivio, como quien se saca una espina, pero la sensación es muy fugaz, porque el texto podría perder más jirones. Queda un camino para llegar al recinto. Diputados podría sesionar este martes, pero luego de otra áspera discusión que se avecina.
Caputo confirmó que quedarán afuera «el blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la ley de ganancias y las retenciones» y los cambios en la actualización jubilatoria. Semejante modificación debería pasar nuevamente por el plenario de tres comisiones que se desarrolla hace 15 días y en la madrugada del miércoles llegó a un dictamen de mayoría y cinco de minoría. Ante las consultas de Tiempo, en La Libertad Avanza confirmaron que no volverán a convocar al plenario. «Las modificaciones serán informadas por (el titular de la comisión de Legislación General) Gabriel Bornoroni cuando comience la sesión y también lo dirá en la reunión de labor parlamentaria», detallaron en el bloque oficialista. La idea es cumplir con la hoja de ruta pactada el miércoles, en el barrio porteño de Recoleta, con los representantes de los bloques del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, los cuatro espacios que ese mismo día confirmaron su negativa a respaldar el aumento de las retenciones, los cambios a la fórmula para actualizar las jubilaciones, el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS y el paquete de privatizaciones. Fue la previa de las decisiones que tomó Milei el viernes, pero ya por entonces había un acuerdo de aportar el quórum, no impedir la sesión y medirse en el recinto con riesgos para el éxito de la votación en general y batallas durísimas a la hora de analizar cada uno de los artículos con opción de anularlos en nuevas derrotas numéricas.
En la Casa Rosada y en el Palacio de Hacienda creen que el anuncio del viernes va a permitir que el resto del proyecto salga como quedó en el dictamen de mayoría. Encierra la particular sumatoria de 55 firmas, aunque 34 de ellas son en disidencia, es decir, con discrepancias irresueltas que podrían transformarse en rechazos durante la sesión. Pero del otro lado del mostrador, se avizora un escenario poco promisorio porque el oficialismo tiene dificultades para juntar los votos. Podría llegar a lograr la aprobación en general, pero la negociación ya está cerrada para algunos aliados y no se reanudará hasta que llegue el momento en la sesión. Eso anticipa una batalla cuerpo a cuerpo durante la discusión y votación de cada artículo. En esa arena la oposición dialoguista hará valer sus votos y si el oficialismo no sigue resignando temas, el texto podría desplumarse en la votación en particular. La intransigencia presidencial de estas semanas y la concesión tardía que enunció Toto abrió una debilidad que ahora podría dejarlo sin ley o con muy poco en pie.
«Tenemos alivio, pero el martes pasado también teníamos la misma sensación y a partir del miércoles se complicó todo», lamentó una espada del bloque de LLA que asume la falta de tiempo para sentarse a identificar dónde se equivocaron, ante una cadena de negociaciones con muchos interlocutores, desautorizaciones mutuas y artículos que habían sido negociados y que no aparecían en el texto final. «Sería necio negar que hubo impericia, habrá que ver si fue el Ejecutivo o nosotros, pero queda claro que hubo muchas cucharas en esa sopa», resumió la fuente. En el espacio que lidera Oscar Zago hay «relativa confianza», pero con cautela. Al menos hay calma de fin de semana en el frente legislativo, porque en el Ejecutivo no sólo transitan la zozobra por el despido de Guillermo Ferraro al frente del Ministerio de Infraestructura. Fue acusado de ventilar la bronca del presidente en la reunión de Gabinete del jueves donde bramó por las fallas en la negociación por la ley ómnibus y prometió dejar «sin un peso» a los gobernadores si no apoyan la ley. La eyección impactó fuerte en el empresariado y originó el nacimiento de un superministerio en manos de Toto Caputo, que tendrá en sus manos las riendas económicas, energéticas, mineras, de transporte, obras públicas, vivienda y comunicaciones. Con esa botonera se espera una dura pulseada con los gobernadores y una concentración de mucho más poder para ejecutar aumentos tarifarios. Por allí, si son aprobadas, pasará la ejecución principal de las facultades delegadas que el Ejecutivo quiere conseguir, aunque no la tiene fácil.
En «la sopa» de la negociación, una cuchara la metió Santiago Caputo, asesor sin cargo de Milei, que intervino en dos oportunidades del hilado fino. También lo hizo Maximiliano Fariña, en nombre del principal autor del proyecto, Federico Sturzenegger. No se quedó atrás el ministro del Interior, Guillermo Francos. Todos buscaron rodear al presidente de la Cámara, Martín Menem, que cayó en la cuenta de la fragilidad el miércoles, entre las reuniones que se realizaron en el bar La Biela, en el departamento que le adjudican al secretario administrativo de la Cámara Tomás Figueroa y en el gomero histórico que está frente al 500 de Avenida Quintana. Cuentan que en ese momento Menem les pidió directamente a los aliados esquivos evitar el naufragio total. Fue el preludio del desembarco de la hermana del presidente el viernes. Fue a escuchar el escenario en boca de Menem y su primo, Eduardo «Lule». Con la visita también buscó disipar las versiones sobre una salida de Menem de la presidencia de la Cámara. Karina lo bancó, estuvo dos horas en el Congreso y luego volvió a la Casa Rosada junto a ellos.
En los pasillos de la Cámara Baja sostienen que también hubo advertencias colaborativas de dos gobernadores de JxC. Uno fue el mendocino Alfredo Cornejo, que integra el grupo de cinco mandatarios que tiene la UCR. El entrerriano Rogelio Frigerio fue otro. Junto al chubutense Ignacio Torres llevan las riendas del PRO en esa mesa federal. El patagónico fue uno de los primeros en negarse a aceptar cambios a la ley de pesca y forzó una de las primeras negociaciones. Los 10 gobernadores nunca aceptaron el aumento de las retenciones y siguen sin bancar que no haya compensaciones para las 13 cajas jubilatorias que no fueron transferidas a la Nación y siguen en manos de las provincias. Es el punto de mayor divergencia sobre el FGS de la ANSeS, con un nivel tan importante como la negativa a respaldar un cambio en la actualización jubilatoria que sea peor. Tras la concesión que tuvo que reconocer Caputo, por indicación de sus superiores, ese núcleo de JxC concluye la semana empoderado. Lo mismo sucede en los bloques de HCF y de Innovación Federal. Juntos reúnen 32 voluntades que el oficialismo no puede perder. Lo mismo pasa con la UCR, que cuenta con 34 votos determinantes para que el oficialismo pueda llegar a los 129 para el quórum. Sin capítulo fiscal en el proyecto hay dos interrogantes: por dónde se profundizará el ajuste sin el incremento impositivo que tenía el texto y si realmente el resto del proyecto será aprobado así como viene en el dictamen luego de la concesión agilizadora de Toto.
El otro núcleo del proyecto es la cantidad de facultades delegadas del Congreso al Ejecutivo. De las negociaciones previas quedaron ocho, pero en la UCR y en HCF advierten que el oficialismo no tiene respaldo salvo para la emergencia económica, la fiscal-financiara y la administrativa. La previsional no tiene chances tras la resignación del capítulo fiscal y lo mismo sucede con la educativa y sanitaria. La de seguridad es otra que está en duda, dentro de un abanico donde la mayoría está en el aire.
Tampoco hay respaldo para los cambios en el empleo público, en materia de biocombustibles y en el paquete de privatizaciones. El Gobierno sacó a YPF de la posible venta, pero había mostrado predisposición para hacer lo mismo con el Banco Nación, Nucleoléctrica Argentina, ARSAT, YMAD. Esas chances no se plasmaron al papel y, como pasó con el FGS, los cambios pactados no estaban en el texto final. Para los biocombustibles sigue la diferencia con el cordobesismo, una fuerza opositora y dialoguista que sigue teniendo funcionarios en la administración de Milei, aunque el gobernador Martín Llaryora está cada vez más lejos de prestar algún apoyo. A esas sombras se suma el impacto (no reconocido oficialmente) que tuvo en el Gobierno el paro nacional del miércoles, cuando los diputados estaban de rosca en Recoleta.
En la Rosada le bajan el precio por el descrédito en las encuestas de la cúpula cegetista, pero esos sondeos también muestran una caída acelerada de la imagen presidencial. La otra foto, se registró frente al Congreso y en las principales capitales provinciales. Las movilizaciones y la medida de fuerza nacional le anticipan al gobierno la resistencia y la lista de costos políticos que afrontará si no cede en las reformas que busca implementar con la ley ómnibus. Parece que llegó el momento de que el clima de la calle empiece a formar parte del clima en los recintos del Senado y la Cámara baja.
Pronóstico de la semana
El inventario de temas sin respuesta ni síntesis anticipa que las aspiraciones del Gobierno para este martes no tienen buen pronóstico. En Unión por la Patria, donde cuentan con 101 voluntades en contra de la sanción, reclamarán que el texto vuelva a comisiones. El oficialismo no va a ceder, porque los aliados esquivos pactaron facilitar la sesión del martes. Sin embargo lo que sigue tendrá final abierto por la cantidad de temas que no han tenido respuesta. Este sábado Menem reivindicó la decisión de la Rosada pero dijo que la aprobación «dependerá de la voluntad» de la oposición. Casi al mismo tiempo, el titular del bloque macrista, Cristian Ritondo, tuiteó: «El PRO está por los cambios en Argentina. El PRO está para sesionar el martes».
En la UCR no está todo claro. De los 34 hay entre 10 y 14 legisladores que no resignaron sus críticas contra el dictamen del martes a la noche. Unos 20 seguirían la decisión del cordobés Rodrigo De Loredo de acompañar, pero hay otros 14 que no reconocen su liderazgo y menos el interés que tiene por respaldar el texto. Con esa foto, si hay sesión, la correlación de votos sigue siendo preocupante para el oficialismo. Al rechazo del peronismo, se podría sumar la UCR y exhibir 135 votos letales en momentos de fragilidad. La cifra puede crecer con la Coalición Cívica, el socialismo y Margarita Stolbizer, tres socios de Hacemos Coalición Federal que podrían distanciarse de la eventual decisión de apoyar del cordobesismo y de los que responden a Miguel Pichetto, que conduce el bloque y está cada vez más crítico. El rionegrino no sólo cuestiona, también anticipó que sin un acuerdo de coalición este gobierno no puede seguir cuatro años. Ante esos vientos, en el PRO aprietan los dientes y respaldan al oficialismo. Tanta es la predisposición que el viernes, cuando Karina estaba negociando, recibió un llamado. Cuentan que era Diego Santilli para ofrecerle ayuda, pero en el marco de la buena relación con el expresidente Mauricio Macri. El magnate también habría sido consultado durante el viernes del volantazo y quizás, como un deja vú, volvió a maldecir a «Sturze», tal como lo hizo hace seis años cuando lo tenía en el Banco Central. «
