A pesar del pedido de las cámaras empresariales y de las entidades que reúnen a los sectores productivos de la provincia, el gobernador Miguel Lifschitz no dará marcha atrás con los aumentos de impuestos previstos para el año próximo, que ya fueron avalados por la Legislatura con la sanción del presupuesto 2016.
En la semana, la Mesa de Entidades Productivas de la ciudad de Santa Fe y la Sociedad Rural de Rosario rechazaron las nuevas subas del impuesto Inmobiliario Urbano y Rural que el Poder Ejecutivo aplicará desde el 1º de enero de 2016. El gobernador aclaró que los aumentos están dentro de las competencias que tienen las cámaras legislativas y que las modificaciones tributarias se harán con un “sentido progresista”.
El presupuesto 2016 fue sancionado en plena transición, dos días antes de la asunción de Lifschitz. Es un 35 por ciento superior al presupuesto vigente, contempla aumentos de los impuestos Inmobiliario y Sellos (se duplica el módulo tributario) y algunos retoques en las alícuotas de Ingresos Brutos. El proyecto había sido elaborado en conjunto por el ministro de Economía saliente, Ángel Sciara, y su sucesor Gonzalo Saglione.
En el caso de Ingresos Brutos, la alícuota general para empresas cuya facturación anual sea menor a un millón de pesos bajará del 3,6 al 3 por ciento, medida que alcanza a unos 100 mil contribuyentes. Para quienes facturen entre un millón y 60 millones, se mantendrá en el 3,6 por ciento (49 mil contribuyentes), mientras que los 1.300 contribuyentes que facturan más de 60 millones anuales pasarán del 3,6 al 4,5 por ciento.
El impuesto Inmobiliario Rural tendrá una actualización de acuerdo al rango de la propiedad: el mínimo pasará de 324 a 420 pesos por año. El 60 por ciento de las 160 mil partidas del Inmobiliario Rural tendrán una actualización del 30 por ciento, mientras que para el 8 por ciento de los contribuyentes la suba llegará al 50 por ciento. El resto sufrirá aumentos intermedios de acuerdo al rango.
El impuesto Inmobiliario Urbano también subirá entre el 30 y el 50 por ciento según la categoría del contribuyente. El mínimo pasa de 156 a 204 pesos por año. El 54 por ciento de las partidas tendrá el impacto del 30 por ciento y sólo un 2,6 por ciento tendrá subas del 50 por ciento.
Rechazo a las modificaciones
En un documento al que adhirieron la Asociación Dirigentes de Empresa, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el Centro Comercial de Santa Fe, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara Argentina de la Construcción (delegación Santa Fe), la Sociedad Rural y la Unión Industrial de Santa Fe, la Mesa de Entidades Productivas rechazó las modificaciones tributarias incluidas en el presupuesto.
Las entidades criticaron “la recurrente inclusión de modificaciones tributarias a través de la ley de presupuesto, cuando se entiende que son dos cuestiones a discutir en instancias diferentes”. Y advirtieron sobre el impacto que cada modificación tendrá “no sólo sobre el sector productivo sino también sobre todo el conjunto de los contribuyentes”.
Entre otras quejas, las entidades productivas señalaron “la incongruencia de esta medida engendrada por el Ejecutivo provincial y aprobada a libro cerrado tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados”. Y cuestionaron además “toda esta gestión realizada en un contexto macroeconómico nacional de transición, sin dar conocimiento previo a las entidades de los cambios proyectados”.
Sociedad Rural
También la Sociedad Rural de Rosario manifestó su “más categórico rechazo al aumento desproporcionado del impuesto Inmobiliario Urbano y Rural”, a la vez que aclararon que las eliminaciones parciales de retenciones, dispuestas por la Nación, significan “finalizar con confiscaciones y discriminación que enorme daño causaron y causan al sector agropecuario y a la extensa actividad económico-social muy conectada, en especial a trabajadores”.
Para la Sociedad Rural , las nuevas medidas para el campo “no son regalo: es justicia y conveniencia comunitaria”. Además, sostienen que “antes que seguir con el despilfarro y la burocracia que estamos comprobando nos han llevado al desajuste social y pobreza, con pérdida de enormes oportunidades sobre todo a los de menores posibilidades”.
“Un sentido progresista”
Las entidades productivas le pidieron al gobierno provincial que “procure mayores recursos a través de una administración eficaz y eficiente de los fondos públicos y no a través del aumento de impuestos”. Y solicitaron la intervención del gobernador Lifschitz “para evitar que la ley de presupuesto sea promulgada”.
Lifschitz aclaró que no habrá marcha atrás con el aumento de impuestos: “El presupuesto fue elevado por el gobierno saliente en el marco de un diálogo con las autoridades electas y fue aprobado por amplísima mayoría en las dos cámaras de la Legislatura. (Los aumentos) están dentro de las competencias que tienen las cámaras para aprobar un presupuesto. Las modificaciones tributarias van en un sentido progresista; se disminuye la carga impositiva a los sectores de menores recursos y hay una compensación con subas a los sectores con mayor capacidad tributaria”.
Según el mandatario socialista, “son medidas muy razonables; lo que se pretende sumar como aporte tributario va a ir al Fondo de Infraestructura Vial, cuyos beneficiarios fundamentales, además de las poblaciones del interior, son los transportistas de carga y los receptores, las grandes empresas del sector agropecuario y las cerealeras. Entendemos que es una medida razonable”.
