Finalmente, los trabajadores de la empresa Pampa Energía (ex Pasa Petroquímica), ubicada en Puerto General San Martín, llegaron ayer a un acuerdo salarial, que implica una suba del 24%.
El proceso fue conflictivo ya que los trabajadores sufrieron la presencia intimidante por parte de agentes de Prefectura que se instalaron dentro de la empresa, situación denunciada en su momento por el Sindicato de Obreros Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu); además de recibir presión por parte del Ministerio de Trabajo de La Nación para cerrar la nueva paritaria, según señaló Mauricio Brizuela de Soepu de San Lorenzo.
El acuerdo comprende un 6% retroactivo a agosto, lo que suma un 24% de la paritaria total en el año en virtud de que hubo un acuerdo del 18% en el primer semestre del año. Dicho acuerdo regirá hasta el 31 de marzo próximo. Además, se suma una gratificación promedio de 13.000 pesos y la devolución de los descuentos por horas caídas
“Este acuerdo lo consensuamos en asamblea pero no podemos dejar de denunciar la presión del ministerio para cerrar la paritaria”, insistió Brizuela.
La negociación paritaria que se venía desarrollando desde agosto fue tomando temperatura cuando el martes, en medio de la negociación, ingresó personal de Prefectura a la planta ubicada en el barrio Bella Vista de Puerto General San Martín. “Argumentaron que ingresaban para mantener la tranquilidad de la firma”, señaló el sindicalista, por lo cual “decidimos retirar a todos los compañeros por la actitud intimidante adoptada por la gerencia de la empresa”.
La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Nación finalizaba ayer, pero la paritaria de los trabajadores petroquímicos de Pampa Energía se encomntraba vencida desde agosto. En medio de las reuniones, la presencia de uniformados llamó la atención y multiplicó la preocupación de los trabajadores.
Desde la empresa justificaron la presencia de Prefectura como una forma de garantizar a los trabajadores que decidieron acudir a cumplir con sus funciones, la empresa buscó que puedan ingresar y también poder retirarse pidiendo apoyo a la fuerza pública que tiene jurisprudencia en la planta, más que nada teniendo en cuenta que en situaciones similares anteriores este derecho básico no se pudo cumplir”.
