Las empresas sub contratistas Schlumberger y San Antonio enviaron alrededor de 600 cartas documento discontinuando las tareas a ese número de operarios que se desempeñaban en distintos pozos de extracción de crudo en la zona denominada como Vaca Muerta.
Se trata de trabajadores petroleros contratados bajo la modalidad “stand by” que las empresas decidieron cesantear días antes de la asunción del nuevo gobierno.
La decisión no es menor en la medida en que, para Alberto Fernández, Vaca Muerta (junto con el sector agropecuario) representa uno de aquellos sectores estratégicos mediante los cuales pretende acceder a los dólares que le permitan afrontar el pago de la deuda externa y normalizar el agitado mercado de cambios. Vale la pena recordar que, además, ha sido precisamente el sector de los hidrocarburos no convencionales el que ha motivado en 2017 la firma de un convenio laboral especial o “adenda” (a la baja con relación al de los petroleros) con el argumento de promover la generación de empleo.
El dirigente petrolero, curiosamente, atribuyó la responsabilidad de los despidos al “decreto que firmó Macri» en referencia al congelamiento de combustibles que generó la reacción de las operadoras de petróleo. Además, opinó que, «como esta administración está terminando no va a tomar ninguna decisión de fondo que resuelva lo que generó” .
Es menester destacar también que, por el costo de extracción, el margen de rentabilidad de los hidrocarburos no convencionales es muy inferior al de los convencionales y, por lo tanto, siempre opera en los márgenes. Un cambio sensible en el precio internacional del crudo modifica drásticamente las perspectivas del negocio. Analistas internacionales especializados en el sector aseguran que el modelo de fracking ya está mostrando su agotamiento en las cuencas norteamericanas.
Según información recogida por el Diario Río Negro, en septiembre, la cantidad de etapas de fracturas cayeron a menos de la mitad respecto del mes anterior y apenas se fracturaron 5 de los 100 pozos perforados que están sin producir. Además, la cantidad de pozos cayeron de 350 el año pasado a 250 este año y, desde el congelamiento de combustibles, se dieron de baja un tercio de las torres de perforación a la vez que cayó la producción de naftas un 10% y el gas oil un 8%.
De esta manera, la tendencia a la parálisis de Vaca Muerta es muy marcada como lo reflejan las 1.500 suspensiones que antecedieron este intento de producir 600 cesantías. El 70% de las extracciones que están activas corresponden a la semi estatal YPF.
Es por eso que, según difundió Página 12, los planes del nuevo gobierno para reactivar el sector vendrán acompañados de un proyecto de ley de explotación particular que, según trascendió, habría sido redactado por Guillermo Nielsen. Allí se establecen normativas especiales para las patronales que llegarían incluso a habilitar la firma de convenios por empresa superando las concesiones que otorga la adenda de 2017 para los no convencionales.
El proyecto que trascendió, además, augura una “garantía de estabilidad fiscal nacional, provincial y municipal”. Se trata de un compromiso con rango de ley para no avanzar sobre la gravación impositiva del sector independientemente de su rentabilidad y de las necesidades del sector público cualquiera sea su nivel.
Al mismo tiempo estipula una “garantía cambiaria” que implica, en los hechos, un desdoblamiento del tipo de cambio en beneficio de las petroleras que decidan o ratifiquen su decisión de instalarse e invertir en Vaca Muerta además de establecer la libre disponibilidad de las divisas provenientes de la exportación y así como la libertad para girar dividendos al exterior.
En estas condiciones las suspensiones y los despidos, y la propia conciliación obligatoria, podrían ser la antesala de un lobby tenaz de las empresas para garantizar la aprobación del borrador del proyecto de ley e incluso agravar las condiciones que allí se esbozan. En estas condiciones las suspensiones y los despidos, y la propia conciliación obligatoria, podrían ser la antesala de un lobby tenaz de las empresas para garantizar la aprobación del borrador del proyecto de ley e incluso agravar las condiciones que allí se esbozan.
