El ex fiscal regional Patricio Serjal, el fiscal general Jorge Baclini, el ex juez Juan José Tutau, el fiscal sanlorencino Juan Ledesma y el ex fiscal de Estado Pablo Saccone, fueron algunos de los funcionarios que desfilaron esta semana por los Tribunales Provinciales de Rosario, mientras las partes debaten acaloradamente si la Justicia de San Lorenzo debe anular o no la resolución que determinó el archivo de la causa penal contra tres empresarios por la contaminación ambiental en la ex Petroquímica de Capitán Bermúdez.
También declararon altos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente. “Fue un ciclo de audiencias muy importantes. Quedó muy claro y ni siquiera está discutido por las partes que las 21 hectáreas de Petroquímica Capitán Bermúdez están totalmente contaminadas. Hay niveles alevosos de sustancias dañinas para la salud en agua, aire y suelo, brutalmente por encima de los valores permitidos”, aseguró el fiscal Luis Schiappa Pietra.
En una suerte de juicio oral, el martes será el turno de los alegatos de cierre y luego las partes esperarán la resolución del juez Carlos Gazza. “No estamos discutiendo si (Sergio) Tasselli tuvo o no responsabilidad penal, sino que estamos discutiendo si lo podemos investigar o no”, apuntó el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada. “Como hubo muchísimos testimonios, que declararon sobre el fondo del asunto, inevitablemente había que enterarse de qué se trataba el tema para debatir sobre si la resolución fue válida o no. Nosotros entendemos que no”, aseveró.
La orden de Lifschitz
En marzo de 2017, el entonces gobernador Miguel Lifschitz emitió un decreto instruyendo al fiscal de Estado para que se investigue un escape de gas cloro desde el predio abandonado de Petroquímica, que ocasionó trastornos en la salud de alumnas de la escuela Nuestra Señora de los Milagros y en trabajadores de la planta de Celulosa Argentina.
Schiappa Pietra calificó como “patética” a la actuación de los entonces funcionarios de la Fiscalía de Estado. En la primera audiencia de la causa, el juez Gazza imputó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de persecución a Serjal y al ex fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini.
“El ex fiscal Saccone declaró y dijo que no interesaba la sanción penal, cuando por decreto provincial 527/2017 Lifschitz le había ordenado que vaya y denuncie penalmente. En la audiencia dijo que lo único que importaba es la reparación. ¡Por supuesto que importa! Pero como no se consiguió hacerlo durante años, realizaron la denuncia penal”.
Consideró Schiappa Pietra que en las declaraciones “mancillaron la memoria de Lifschitz, un gobernante al que le importaban estos temas. El ex fiscal de Estado se sentó en la audiencia y dijo que a Lifschitz no le importaba la sanción penal, cuando le pidió a través de un decreto que denuncie el hecho” de contaminación ambiental en Bermúdez.
Contraataque de Serjal: causa archivada
En marzo de 2019, el ex juez Tutau -ya jubilado- dictó una resolución que extinguió la acción penal contra los empresarios Sergio y Máximo Tasselli y Matías Gallegos. Lo hizo a instancias del fiscal Ledesma, quien había recibido la instrucción de su superior Serjal de archivar la causa por daño ambiental en la ex Petroquímica.
Reveló el fiscal que le preguntaron a su ex superior Serjal en audiencia. “Cuando usted ordenó que haya un principio de oportunidad, si usted no lo firmó, ¿Tasselli no reparaba los daños? Y nos contestó: «Me abstengo de contestar esa pregunta porque si la contesto me puedo incriminar penalmente»”.
Desde que Lifschitz emitió el decreto en 2017, “la denuncia fue pimponeando del sistema federal al provincial. Cuando la denuncia cayó en Fiscalía, ahí los empresarios se preocuparon por iniciar un plan de remediación. Presentaron un acuerdo de remediación y consiguieron que se archivara la causa penal. Ni siquiera esperaron que se cumplimentara ese acuerdo”, lamentó Schiappa Pietra.
Testimonios fundamentales
Entendió el funcionario del MPA que en el ciclo de audiencias resultó fundamental el testimonio de funcionarios de planta del Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe, como el ingeniero Andrés Rintoul y la abogada Adriana Tripelli.
“Rintoul dijo lisa y llanamente que esa planta tenía una contaminación fenomenal, que muy probablemente nunca más se pueda remediar ese predio”, afirmó Schiappa Pietra. “También dijo que las napas freáticas desde donde se extrae agua estaban totalmente contaminadas. Muchas de ellas tienen correntada hacia donde se encuentra la primera toma de agua para potabilizar en Capitán Bermúdez. No sabemos si al día de hoy los vecinos siguen ingiriendo el agua contaminada por Petroquímica”, advirtió.
También declaró la asesora legal Adriana Tripelli. “Contó cómo fueron postergando el tema desde el Ministerio de Medio Ambiente durante la gestión anterior. Cuando ella quiso meterse en el tema Petroquímica, la sacaron del medio. Y se refirió a lo mal que trabajó la provincia en la cuestión jurídica respecto al problema medioambiental que existe ahí”, señaló el fiscal.
La planta de Petroquímica permanece inactiva desde 2015 y entre los residuos peligrosos aseguran la presencia de sustancias como cloro, amianto, benceno, ácido sulfúrico y amoníaco. En la causa que se archivó, los empresarios fueron acusados de “contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos”. Un delito con penas que pueden ir de tres a diez años de prisión.
“Lo que estuvo mucho en discusión es cuánto podemos desde el Estado exigirle a estos empresarios que efectivamente cumplan con sus obligaciones. Acá lo que hizo el Estado santafesino fue resignar su capacidad sancionatoria penal. No solamente a la aplicación de penas, sino también de multas y reparaciones millonarias”, planteó el investigador.
En 2018 se firmó un acuerdo de remediación entre la empresa y la provincia. “Pero la causa se archivó ilegalmente en 2019. Archivaron una causa con la promesa de que iban a remediar el daño ambiental. Desde el Ministerio Público de la Acusación, y sobre todo quien era fiscal regional (por Serjal) y la propia Fiscalía de Estado, ni siquiera se tomaron el trabajo de hablar con los vecinos del barrio, para saber si tenían problemas de salud”, lamentó Schiappa Pietra.
Y salió al cruce de los dichos de Mariano Cúneo Libarona, el abogado de Tasselli. “Dice que hay una remediación avanzada y es mentira. Rintoul declaró que probablemente esto sea irremediable. Y que todos aquellos que vivimos alrededor de Capitán Bermúdez tengamos daños irremediables a nuestra salud por lo que generó Petroquímica desde 2006 para adelante. Archivaron una causa cuando sabían que estaba todo contaminado”, fustigó.
Municipio local, bajo la lupa
Anticipó el fiscal que lleva adelante la causa junto a su colega Matías Edery que “la investigación es mucho más grande” que en relación al accionar del directorio de Petroquímica. Y deslizó la lupa también podría ponerse sobre funcionarios municipales de Capitán Bermúdez que autorizaron dichas actividades nocivas para la salud y el medioambiente. “Próximamente habrá novedades”, señaló.
Más allá del compromiso de remediación por parte de la empresa, “no había razón para archivar una causa penal. Si el día de mañana condenamos a Tasselli, la sanción tendría que ser una reparación económica fenomenal para la provincia y la remediación total del predio que conllevará décadas”, aventuró Schiappa Pietra.
Reconoció el fiscal que la conducción de la Fiscalía de Estado cambió muchísimo con la gestión de Rubén Weder. “En 2020 volvieron a denunciar a Petroquímica. La provincia de Santa Fe, con los fiscales del MPA y también con la Fiscalía de Estado, podría haber avanzado en la investigación. A finales de 2018 estaba todo servido para hacerlo. Pero entregaron la causa y la archivaron. Es gravísimo”, concluyó.
