En julio un grupo de vecinos y vecinas de barrio Pichincha presentaron una demanda judicial para pedir el cumplimiento de las ordenanzas municipales que regulan la actividad gastronómica en la zona. Contaron que la explotación de estos comercios generan una serie de incomodidades: la ocupación y obstrucción de la vía pública, la imposibilidad de circular en autos o caminando por la masividad de personas que concurren a los negocios, los continuos ruidos molestos en horarios nocturnos que imposibilitan el descanso, y la falta de insonorización en los patios a cielo abierto o terrazas de algunos bares. Los vecinos contaron que a pesar de los continuos reclamos, los controles son escasos y no surten efecto por lo que resolvieron ir a la Justicia. Este miércoles el juez Pedro Boasso ordenó a la Municipalidad de Rosario readecuar el régimen sancionatorio vigente ya que «el poder de contralor que actualmente ejerce es ineficiente».
El titular del juzgado Civil y Comercial 16 Nominación analizó el planteo de las vecinas y vecinos. También evaluó la documentación presentada por la Municipalidad donde acreditaba su accionar en la zona. El magistrado llegó a la conclusión que si bien el municipio cumple con los controles que dispone la normativa, estos no son eficaces.
Los locales gastronómicos cuestionados están ubicados entre Balcarce, Francia, Jujuy y Rivadavia. Según la normativa, una Comisión Centralizada de análisis se encarga, entre otras cuestiones, de otorgar las habilitaciones. Según la documentación presentada en el juicio, desde 2017 hasta la actualidad se hicieron 2.160 actas de infracciones en la zona que se pueden dividir en dos grupos: infracciones de menor entidad, como el caso de no exhibir la libreta sanitaria o la constancia de cobertura médica, y otras más graves que vinculadas al planteo de los vecinos como ruidos molestos, colocación de fuentes sonoras en la vía pública, ocupación indebida de la acera pública, no respetar el factor ocupacional previsto por la normativa vigente, difusión musical fuera del horario permitido, personas bebiendo alcohol fuera del espacio de las mesas, violación de la clausura impuesta, entre otras, dijo el juez.
Boasso aseguró que son numerosas las infracciones de este último tipo y que muchas se reiteran en el mismo local y aun así continúan con sus actividades. “El poder de policía de la Municipalidad de Rosario debe ser eficaz, de lo contrario queda circunscripto a un simple control de carácter formal, que no cumple con la finalidad esencial del mismo: esto es, debe aplicar sanciones que posean un verdadero efecto disuasorio a los fines de que las mismas no se repitan o por lo menos no con la frecuencia que se advierte a lo largo de este proceso”, señaló el juez.
El magistrado concluyó que el control que la Municipalidad asegura no es tal, ya que no puede eliminar las graves y reiteradas violaciones a la normativa vigente. Por eso, hizo lugar en forma parcial al planteo. “El necesario control administrativo no se satisface con meras declaraciones o con la emisión de resoluciones u ordenanzas sino con la efectivización real y concreta de las decisiones administrativas correspondientes”, argumentó Boasso y ordenó a la Municipalidad a reformular el régimen sancionatorio vigente, a fin de posibilitar el efectivo cumplimiento de las ordenanzas.
