El juez en lo Civil y Comercial Pedro Boasso ordenó a la Municipalidad de Rosario reformular el régimen de sanciones aplicado a locales gastronómicos que incumplen las ordenanzas que regulan su funcionamiento por considerar que las impuestas actualmente no resultan eficaces.
La disputa entre los vecinos de Pichincha y la municipalidad de Rosario sumó un nuevo capítulo. El juez Pedro Boasso, titular del juzgado Civil y Comercial N° 16, ordenó al municipio modificar el mecanismo sancionatorio que tiene por fin hacer cumplir las ordenanzas municipales debido a que “no puede eliminar las graves y reiteradas violaciones a la normativa vigente”.
Para el magistrado “puede y debe ser posible la coexistencia de un ámbito de recreación gastronómica enmarcado en un desarrollo sustentable y el derecho a la calidad de vida de los residentes en ese ámbito geográfico”.
En su resolución, Boasso reconoció el trabajo hecho desde la Municipalidad, ya que desde 2017 se labraron más de dos mil actas de inspección, la mayoría por los motivos que mas perjudican a los vecinos: ruidos molestos, bares con mayor capacidad de la permitida, música fuera del horario habilitado y violación de clausura impuesta.
El hecho de que existen numerosas actas labradas contra los mismos locales comerciales, que continúan desarrollando sus actividades pese a las sanciones que se les han impuesto, llevó a Boasso a concluir que “las sanciones actualmente vigentes para reprimir el incumplimiento de la normativa analizada no resultan eficaces”. Por este motivo dispuso que la Municipalidad proceda a reformular el régimen sancionatorio actualmente vigente en un plazo de 120 días a los fines de posibilitar el efectivo cumplimiento de las ordenanzas.
Para Boasso, “el poder de policía que la Municipalidad de Rosario debe ejercer debe ser eficaz, de lo contrario queda circunscripto a un simple control formal que no cumple con su finalidad esencial: aplicar sanciones que posean un verdadero efecto disuasorio a los fines de que las mismas no se repitan”.
