El fiscal Federal Martín Niklison pidió hoy la pena de 50 años de prisión, en cárcel común, de los exdictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, por su responsabilidad en la aplicación de un plan sistemático para la sustracción, retención y ocultación de identidad de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio durante la dictadura.
Iguales penas pidió para los ex comandantes Ramón Francos y Antonio Vañek, y para el jefe del Grupo de Tareas que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde además de un centro clandestino de detenidos funcionó una maternidad clandestina.
Además, solicitó que se extraiga testimonio para que sea investigado por presunto encubrimiento de estos crímenes por parte del ex capellán de la Armada y titular del Vicariato Castrense Alberto Emilio Graselli y su «posible complicidad» en la comisión de los mismos.
Además, pidió investigar las adopciones ilegales que se realizaron a través del denominado Movimiento Familiar Cristiano.
También pidió la pena de 30 años de prisión para el ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, bajo cuya conducción operó una maternidad, dentro del hospital militar de Campo de Mayo.
Respecto de los partos clandestinos ocurridos en la ESMA la Fiscalía solicitó que se condene a 19 años de prisión al médico Jorge Luis Magnaco, al miembro de la Prefectura Naval Antonio Azic a 25 años por la sustracción, retención y ocultamiento de identidad de Victoria Donda, mientras que para Eduardo Ruffo redujo el pedido a 17 años, debido a que reveló oportunamente el destino del hijo de la ciudadana uruguaya Sara Rita Méndez.
También pidió una pena de 25 años para Antonio Gallo y de 14 para su ex mujer Susana Colombo, por la apropiación de Francisco Madariaga, uno de los últimos hijos recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo.
