La Fiscalía pidió este domingo 9 años de prisión para dos ex jefes de la Policía de Santa Fe que están siendo investigados por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas con la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales. Se trata de Rafael Grau, de 56 años, y Omar Odriozola, de 54, quienes enfrentan una acusación formal como jefes de una banda dedicada a la defraudación en perjuicio de la administración pública.
Además, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez pidieron que ambos sean inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos y que se les aplique una multa de 90 mil pesos a cada uno por la comisión de delitos con ánimo de lucro. En la misma causa ya fueron condenadas otras nueve personas en procesos abreviados, entre ellas Facundo Testi, señalado como organizador de la banda, quien declaró bajo la figura de arrepentido y brindó detalles de cómo facturaban servicios truchos que no se realizaban.
Fuentes judiciales informaron que este domingo los fiscales Hernández y Jiménez pidieron que Grau y Odriozola sean condenados a 9 años de cárcel por medio de una acusación presentada ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Para ello le atribuyeron a ambos uniformados la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.
“Es un particular disvalor que los dos acusados fueron la máxima autoridad de la Policía en toda la provincia. Esta particularidad los obligaba a no sólo hacer cumplir la ley, sino también a que ellos mismos la acataran”, dijeron los fiscales.
Según detallaron, la asociación ilícita que lideraban era permanente, estable y organizada y estaba constituida por policías y civiles. La modalidad delictiva consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y comprar repuestos que no se adquirían. “Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo”, precisaron los investigadores.
Según la acusación, ambos jefes policiales firmaban cheques y realizaban facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima, lo que coordinaron con Testi –organizador de la banda– quien a su vez diagramaba con los talleristas y comerciantes la elaboración y firma de las facturas, el cobro de los cheques y la distribución de la recaudación entre el resto de los miembros de la organización.
Así le achacaron a Odriozola haber cometido los delitos entre enero y agosto de 2015 provocando un perjuicio económico al Estado de 1.058.664,20 pesos, mientras que a Grau le atribuyeron haber realizado ilícitos entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 por un monto de 958.385 pesos.
Condenados
En la misma causa ya fueron condenadas 9 personas en juicios abreviados. Los fiscales dijeron que todos admitieron la existencia de los delitos y su culpablidad, lo que permitió recuperar más de cinco millones de pesos en concepto de reparación económica, donaciones y multas.
Una pena a tres años de prisión condicional recayó sobre Raúl Patriarca, de 50 años, policía, exhabilitado de la Jefatura provincial de la Policía. Ariel Villanueva, de 44, policía y contador público, fue condenado a tres años de prisión efectiva e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. José Leiva, de 53, policía, ex jefe del departamento de Logística de la Policía provincial, fue condenado a tres años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos, como miembro de asociación ilícita, coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública y autor de tenencia indebida de arma de fuego.
Facundo Testi, de 42 y dueño del comercio T-gráfica, fue condenado como organizador de la asociación ilícita a tres años de prisión efectiva. Rodrigo Ruiz, de 30 y dueño del taller Servicio Mecánico fue condenado a tres años condicional. La misma pena como miembro de asociación ilícita recayó sobre Maximiliano Ambrosio, de 38; Noelia Biscari, de 40, y Artemio Biscari, de 42, ambos dueños del comercio TC Repuestos. Por último, Andrés Soto, de 41, chapista y dueño del taller Los Hermanitos, fue condenado a 10 años de prisión como integrante de la banda criminal, por defraudación a la administración pública y también por la autoría de los delitos de corrupción de menores agravada (por el vínculo y la guarda) en perjuicio de una niña menor de edad, y tenencia de un arma de guerra sin la debida autorización legal
