El relator especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, pidió a la Argentina que cese los desalojos de indígenas de sus tierras, en la presentación de un informe de su visita a ese país, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ayer en Ginebra, Suiza.
“Suspendan todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por pueblos indígenas”, solicita el informe.
“La grave inseguridad jurídica de tierras indígenas se ha reflejado en el alto número de desalojos de comunidades indígenas”, afirma el informe, elaborado tras una misión de Anaya a la Argentina en 2011, cuando visitó Buenos Aires y diez de las veintitrés provincias que constituyen la república, y recogió alrededor de 170 testimonios.
La delegación de la Argentina respondió que mediante la ley de emergencia 26160 los desalojos de esas tierras han sido suspendidos hasta el 23 de noviembre de 2013, pero admitió que “luego de verificar la ausencia de los requisitos exigidos se han ordenado desocupaciones”.
Rodrigo Gómez Tortosa, de la ONG argentina Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), dijo que esa ley “tiene un escaso nivel de ejecución”, y denunció “las amenazas y agresiones que sufrió el dirigente indígena de la comunidad qom, Félix Díaz”, quien “mantiene un conflicto” por usurpación de tierras con autoridades de la provincia de Formosa.
Según datos oficiales, los aborígenes en la Argentina serían 600.329, el 1,7 por ciento de la población, aunque otras fuentes consultadas por Anaya los cifran en dos millones, para constituir unos treinta pueblos autóctonos, asentados preferentemente en provincias del norte y sur del país.
Los problemas de los indígenas en la Argentina derivan “de la desposesión histórica de grandes extensiones de sus tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades” que “no cuentan con un reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación”, concluye el informe de Anaya.
