En el marco del aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto por el gobierno nacional y de los diversos efectos que esto produce en la sociedad, la Defensoría del Pueblo le requirió a los organismos nacionales competentes la implementación de medidas tendientes a paliar la difícil situación que están atravesando los tenedores de créditos UVA, de planes de autoahorro y los locatarios de vivienda, quienes además de los inconvenientes anteriores ahora deben afrontar la caída de sus ingresos debido a las medidas para combatir la pandemia de Covid 19.
En primer lugar, le solicitó al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que, “en el marco de su competencia, resuelva la prórroga de los vencimientos de las cuotas correspondientes a los meses en que persistan las medidas de excepción determinadas por la emergencia sanitaria, disponiéndose que las mismas sean recuperadas en el futuro, en forma progresiva y sin que ello implique el cobro de intereses”. Además, le requirió al organismo nacional que “se congele la Unidad de Valor Adquisitivos (UVA) a los fines de que, superada la situación de emergencia, su actualización no implique un salto en las cuotas que deberán afrontar los deudores hipotecarios”.
La Defensoría del Pueblo, que viene trabajando hace tiempo en esta temática dado los importantes incrementos de las cuotas en los meses anteriores, le recordó al BCRA que, mediante la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivamente Productiva en el marco de la Emergencia Pública, “se le concedió al Banco Central la facultad de evaluar la situación de estos créditos y estudiar mecanismos tendientes a mitigar los efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido”.
Por otra parte, la defensoría también les remitió misivas a la Inspección General de Justicia y a la Cámara de Ahorro Previo de Automotores (Capa) solicitándoles la prórroga de los vencimientos de cuotas mientras continúen las medidas de excepción. En las notas, se recordó que “los titulares de planes de autoahorro vienen padeciendo el incremento de sus cuotas de una manera significativa desde el año 2018, situación derivada fundamentalmente en la devaluación de la moneda y el consiguiente aumento del precio de las unidades cero kilómetros”.
Finalmente, se dirigió una misiva a la Secretaría de Comercio Interior. Si bien la Defensoría del Pueblo santafesina señaló que el gobierno nacional viene implementando algunas medidas para paliar la situación de quienes no pueden afrontar el pago de los alquileres de sus viviendas, consideró que también están en una situación apremiante aquellas personas a las cuales se les vence el contrato de alquiler en estos días. “Si bien es cierto que estamos en presencia de un contrato bilateral entre privados y que a los locatarios le asisten herramientas jurídicas suficientes consagradas en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la Ley de Defensa al Consumidor, entendemos oportuno solicitarle que tenga a bien evaluar la situación planteada y, de así considerarlo, articular con las autoridades nacionales la emisión de normativa tendiente a brindar respuestas a este universo de personas, contemplándose las prórrogas de contratos mientras persistan las medidas de excepción determinadas por la emergencia sanitaria ante la solicitud expresa de los locatarios”, le requirió el titular de la defensoría a la Secretaría de Comer Interior de la Nación.
