Comunidades mapuches reclamaron al presidente de Chile, Sebastián Piñera, la devolución de 91.000 hectáreas que el mandatario compró en 2004 en la isla de Chiloé, en el sur del país, a pesar de saber que eran propiedad ancestral de esos aborígenes. Las comunidades, pertenecientes a la rama huilliche de esta etnia, reactivaron la demanda durante las negociaciones que el gobierno impulsó los últimos días con algunos líderes mapuches por el problema de la restitución de tierras ancestrales.
El conflicto que enfrentaría con esa compra le fue advertido a Piñera antes de adquirir esas tierras por el obispo católico Juan Luis Ysern, pero el ahora primer mandatario le respondió en su rol de empresario que las demandas de los huilliches eran “un problema del gobierno” de la época, liderado el socialista Ricardo Lagos.
Piñera ahora se encuentra en la incómoda situación de ser el millonario empresario que compró esas tierras, ubicadas a 1.132 kilómetros al sur de Santiago, y el presidente que debe financiar, eventualmente, la recompra del fundo a favor de los huilliches.
“Ahora que es presidente, no sé cómo lo estará planteando” el conflicto, comentó Ysern.
Los huilliches advierten que en 1826 fue firmado el Tratado de Tantauco, en el cual las tropas leales al rey de España se rindieron ante el Ejército chileno.
El pacto estableció la anexión de la isla de Chiloé a Chile y la inviolabilidad de los “bienes y propiedades de todos los habitantes que se hallan actualmente (por 1826) en esta provincia”.
No obstante, denuncian los huilliches, sus tierras fueron declaradas fiscales y vendidas a privados.
Piñera, que aún no habló del asunto, compró en 2004 unas 118.000 hectáreas en el sur de la isla de Chiloé para convertir la zona en el segundo parque privado más grande de Chile.
El parque, bautizado Tantauco por Piñera, es hábitat de varias especies vulnerables como el huillín, la comadreja trompuda, la rana de Darwin, el zorro chilote y la ballena azul.
El gobierno de Piñera mantiene un conflicto con 35 mapuches en huelga de hambre desde hace 79 días, detenidos por acciones violentas para recuperar sus tierras ancestrales en el sur chileno.
Los mapuches son enjuiciados por la ley antiterrorista de la dictadura de Augusto Pinochet que permite someterlos a juicios dobles, en la justicia civil y en la militar.
La crisis entre los mapuches y el Estado se viene agravando desde hace años, a pesar de que les fueron restituidas sólo 500.000 hectáreas de las 3 millones que reclaman con viejos títulos de “merced”.
Ayer, en un nuevo episodio del conflicto que enfrenta a los aborígenes con el gobierno chileno, la ministra vocera del gobierno del presidente Piñera, Ena von Baer, afirmó que si hay una tragedia entre los 35 presos mapuches en huelga de hambre, algunos desde hace 79 días, la responsabilidad será de los propios indígenas.
A su vez, Rodrigo Curipán, uno de los voceros de los mapuches, retrucó que el gobierno sería responsable de un desenlace fatal e indicó que las próximas semanas son “críticas”.
El lunes fracasó una tercera ronda de negociación cara a cara entre el gobierno y los voceros mapuches con la mediación del arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati.
Para Curipán, vocero de los reos de la cárcel de Angol, el Estado, representado por el gobierno, es “el responsable de esto, si llegase a haber un desenlace fatal”.
Curipán dijo que es el Poder Ejecutivo “quien debe tomar todas las acciones para evitar todo tipo de situaciones y tratar de ver que hay una demanda justa”.
