La defensa de Ricardo Miguel Chomicky, un civil acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la causa Díaz Bessone, pidió hoy la “absolución” de su cliente por actuar “en estado de necesidad justificante”.
“Si hay algo fácil de probar en esta causa es el estado de necesidad, que es un instituto propio del derecho penal liberal, en cuanto a que no son punibles las acciones que no se realizaron en un ámbito de libertad”, dijo el abogado Héctor Galarza Azzoni, defensor del imputado.
Además, el letrado señaló que durante el juicio se produjo “un proceso de revictimización” de su defendido por lo que solicitó al Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario la absolución del acusado.
A diferencia de los otros cinco imputados, el ex comandante del II Cuerpo del Ejército, Ramón Díaz Bessone, y los ex policías santafesinos José Lo Fiego, Mario Marcote, José Scortechini y Ramón Vergara, Chomicky es el único civil acusado en este juicio oral.
Militante de la Juventud Peronista durante los años 70, Chomicky fue detenido en el 1 de diciembre de 1976 y llevado al Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, según declaró el 6 de octubre de 2011 ante el TOF2.
De acuerdo a su testimonio, fue sometido a torturas y vejámenes propios de los centros clandestinos de detención.
Luego pasó a “colaborar” con sus verdugos, según algunos testimonios brindados por sobrevivientes durante el desarrollo del juicio, que incluso señalan que el ahora imputado fue detenido en setiembre del 76 y no diciembre.
Por su doble condición de víctima y victimario, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no lo querelló, al igual que la agrupación HIJOS Rosario.
En cambio, sí levantó cargos contra Chomicky, alias el ‘Cady’, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).
“El caso de los detenidos en los campos de concentraciones son todos casos de manual; en el caso de mi asistido es un caso evidente, palmario de la aplicación del estado de necesidad, ya sea justificante o exculpante”, dijo hoy el abogado Galarza Azzoni durante el alegato final del juicio.
En esa línea argumental, subrayó la “presión psíquica de tal intensidad” sufrida por su cliente que «no se le puede exigir una conducta conforme a derecho”. “No se le podía exigir ser un mártir o un héroe”, abundó el defensor del Chomicky.
También recordó que la Fiscalía federal de la causa, a cargo del fiscal Gonzalo Stara, pidió la absolución del imputado a la hora de su alegato.
“El mal al que se amenazaba a mi asistido es el mal mayor, que es la amenaza de muerte”, sostuvo el abogado Galarza Azzoni en otro párrafo de su alegato.
Además, leyó un documento de la LADH fechado en Buenos Aires en agosto de 2010, que señala que “al terrorismo de Estado es a quienes juzgamos y no a las víctimas”, porque “jamás avalaremos la teoría de los dos demonios”.
“Abrir la puerta para el juzgamiento de los quebrados equiparándolos a los jefes del genocidio, no sólo jurídicamente es insostenible porque el Código Penal no se rige por los códigos de honor del militante, sino que políticamente es muy peligroso”, leyó el abogado en busca de marcar la contradicción de la querella.
