En el marco de la causa que lo investiga por supuesta administración fraudulenta en el sindicato de Obras Sanitarias de Rosario, la defensa de Silvio Barrionuevo pidió ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y la comisión de Asuntos Internos de la Legislatura provincial, el apartamiento del fiscal Sebastián Narvaja. Según el secretario general del gremio, el titular de la Unidad de Delitos Económicos y quien lleva adelante su caso incurrió en una “pérdida de la objetividad” y hasta hizo referencia a un “pensamiento anti sindical” a la hora de proceder en el caso.
La causa judicial que lleva adelante Narvaja se remonta a una serie de denuncias que recibió Barrionuevo durante 2022 por supuesta administración fraudulenta y amenazas, en las vísperas de las elecciones que se celebraron en el gremio durante junio de ese año. La defensa del sindicalista objetó que las demandas respondieron a cuestiones meramente políticas, luego de exponer que los denunciantes eran candidatos opositores a la conducción del gremio. También agregaron que esos mismos que dieron origen a la causa fueron luego citados a audiencia imputativa por falso testimonio.
Otro de los fuertes cuestionamientos sobre la metodología adoptada por el funcionario apuntó a su proceder a través de la fuerza pública, más precisamente en el caso de los allanamientos. En el transcurso de la investigación, se ordenó un procedimiento en el geriátrico donde reside Oscar Barrionuevo, padre de Silvio e histórico referente del gremio un cuestión, con el objetivo de entrevistarlo. Los abogados cuestionaron severamente este proceder al poner de manifiesto la vulnerabilidad de Barrionuevo padre así como también su condición de imputado y por ende su imposibilidad de poder declarar en la causa.
En este contexto y a través de la denuncia presentada ante MPA y la Comisión de Asuntos Internos de la Legislatura, los abogados Ignacio Carlos Carbone y Gustavo E. Feldman sostuvieron: “Con las conductas adoptadas por el Fiscal, puede confirmarse que se dejó llevar por varias personas que pertenecen a la lista opositora, tomando partido en la contienda interna gremial del proceso eleccionario, encontrándose afectado seriamente el deber de objetividad que todo Fiscal debe cumplimentar”.
En la presentación detallaron la sucesión de hechos que llevaron a la demanda y acusaron al fiscal de incurrir en una “perdida de objetividad y sin fundamento aparente, doble vara flagrante que permiten inferir, con poco margen de error, la pérdida de objetividad de quien actualmente se encuentra investigando distintos delitos claramente falaces”.
Cómo comenzó
Los hechos tuvieron su origen el año pasado en el marco de las elecciones del gremio, cuando miembros de la comisión directiva (opositores) denunciaron penalmente a la familia Barrionuevo por administración fraudulenta, en la Unidad de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Área Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación 2da.
Tras esa primera demanda se dieron cuatro allanamientos en el sindicato y domicilios de la familia Barrionuevo. Su defensa cuestionó que “de las pocas evidencias que les permitieron observar, no se advirtieron suficientes pruebas para solicitar dichas medidas”.
Días después ampliaron la denuncia agregando cargos por amenazas y el conflicto escaló a tal punto que a escasos días de las elecciones presentaron un recurso de amparo ante la jueza provincial laboral para frenar las elecciones en el sindicato.
Antes del proceso electoral, la defensa de Barrionuevo envió un escrito al fiscal, poniéndolo en contexto sobre el accionar de quienes lo denunciaron y sostuvo: “Existe una clara y manifiesta campaña de desprestigio mediático / judicial personal contra el Sr. Barrionuevo Silvio, y lamentablemente el MPA está tomando partido de ello”.
En medio de este clima el 20 de mayo de 2022 se realizaron las elecciones en el sindicato, que tuvieron como resultado la victoria de la lista que encabezó Silvio Barrionuevo con el 90% de los votos.
Los allanamientos
En los escritos presentados ante el MPA y la Comisión de Asuntos Internos, la defensa de Barrionuevo hizo especial referencia a la metodología adoptada a la hora de los allanamientos e incluso acusan al fiscal de incumplir los deberes a su cargo, al considerar que se solicitaron allanamientos “sin justificación alguna”, ordenando que se realicen en forma “violenta” e incluso “solicitando allanamientos en domicilios de personas ni siquiera denunciadas”
Según consta en las presentaciones legales, se realizaron cuatro allanamientos: en el domicilio personal de Barrionuevo, en el domicilio particular de Claudio Barrionuevo (su hermano) en la localidad de Roldan, en la sede del Sindicato de Obras Sanitarias sito en calle San Luis y Oroño y en calle Paraguay 830 piso 8 de Rosario, donde figuraba el domicilio de su padre, Oscar Barrionuevo.
Más allá de exponer detalles sobre la manera de proceder en cada una de esas intervenciones, la defensa de Barrionuevo hizo especial hincapié en lo ocurrido a la hora de inspeccionar el domicilio de Oscar Barrionuevo (padre). Luego de que las fuerzas de seguridad constataran que ya no se encontraba en la oficina de Paraguay 830, el fiscal ordenó el allanamiento en el geriátrico al que fue derivado, con la finalidad de entrevistarlo.
“A toda costas la comitiva enviada por el Fiscal Narvaja pretendía tomar declaración a mi padre, quien no solo no estaba en condiciones (cuestión que fue corroborado expresamente en el lugar) sino que desde el momento de la denuncia y allanamientos tiene la “calidad de imputado”, señaló la denuncia sobre el procedimiento que finalmente no se concretó en el geriátrico.
A partir de este episodio la familia Barrionuevo protagonizó un entredicho con una empleada del MPA que se hizo presente como parte de la comitiva mixta que ingresó al geriátrico, y terminó denunciada por “amedrentamiento”.
Particularidades de la denuncia contra Barrionuevo
En el transcurso de la investigación, la defensa de Barrionuevo pidió que se imputara a los denunciantes por falso testimonio al momento de presentar pruebas sobre la supuesta administración fraudulenta. Ante este pedido, la fiscalía los citó a audiencia imputativa.
“Los hechos que dieron origen a los allanamientos realizados sobre las vivienda, la de mis familiares, el domicilio del Sindicato, y toda la causa que se sigue en nuestra contra, con los graves perjuicios conexos que hemos sufrido (estar inhibido, imputado, etc.), tuvo como cimiento declaraciones falsas de miembros de la lista opositora, lo que transforma todo en un caso de extrema gravedad”, sostuvo el titular del gremio en la denuncia.
A partir de esa denuncia, se inició un proceso contra los propios denunciantes por falso testimonio. Intervino en dicha investigación el Fiscal Matías Ocariz, quien los citó para realizar una declaración imputativa.
Por último, la defensa de Barrionuevo aprovechó para dar explicaciones sobre el hecho que motorizó la denuncia por administración fraudulenta. Se trata de una suma de dinero asignada en concepto de viáticos y que fue puesta en cuestionamiento en su momento.
La suma total que habría salido de las arcas del Sindicato, según la propia imputación del MPA, era $76.862. “Cifra muy lejana y distante de los montos informados por el propio fiscal en las diferentes audiencias relacionadas con la presente investigación penal preparatoria; donde el Fiscal incumpliendo con sus obligaciones y deberes a su cargo (principio de objetividad) afirmo estar investigando una estafa millonaria”, precisaron en la presentación judicial.
Barrionuevo sostuvo que los gastos del rodado particular que fue utilizado para la función gremial era una operatoria normal y habitual dentro del Sindicato; y abonadas a muchos de los integrantes de las diferentes Comisiones Directivas a los largos de los años. De hecho se dio la particularidad de que, en algunos casos, los fondos en cuestión fueron transferidos a quienes iniciaron la denuncia contra la familia Barrionuevo.
