La diputada provincial Lionella Cattalini (FPCyS) presentó un pedido de informe para conocer cuáles son “las gestiones impulsadas por el Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, de continuar o modificar la implementación del Programa Nueva Oportunidad. En el caso de tener previsto seguir con esa política social, esbozar el plan de acción que se tiene pensado llevar adelante”.
En su petición, la legisladora recordó que el Programa Nueva Oportunidad “es una política pública social innovadora en la que intervienen el Estado municipal, provincial y las organizaciones e instituciones sociales”.
Cattalini dijo que “es una herramienta que propone un abordaje integral de jóvenes en situación de alta vulnerabilidad social, a los que se acompaña en un trayecto pedagógico de capacitación y fortalecimiento de vínculos sociales, con herramientas concretas para que puedan construir un proyecto de vida”.
La legisladora remarcó que no es un dato menor que los índices de violencia en la provincia hayan ido disminuyendo durante la implementación del programa. “La respuesta a la lucha contra la violencia y el delito tiene una fuerte arista social y es la clave para resolver la problemática”.
Cattalini advirtió que «en estos días vemos al ministro de Seguridad de la provincia (Marcelo Saín) haciendo declaraciones sobre la ola estacional de violencia que padece la ciudad de Rosario, donde la mayoría de las víctimas son jóvenes, sin hacer ninguna referencia a cómo incluirlos, acompañarlos y evitar que terminen en el delito”.
Y siguió: “El ministro de Desarrollo Social, (Danilo Capitani) no les dio ninguna precisión a las numerosas organizaciones sociales que participan de la gestión del Nueva Oportunidad sobre qué va a pasar en marzo con los recursos del programa”.
“Pareciera que sólo se puede hablar de emergencia y que todos los derechos de las santafesinas y los santafesinos están supeditados a la sanción de una ley, incluidos los jóvenes”, cerró.
Alcances del Nueva Oportunidad
En la actualidad, más de 17.700 jóvenes de 28 localidades participan del programa en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, según se consigna en el pedido de informes. “Este dato crucial hace que el Programa se constituya en la primera experiencia inédita de una estrategia de intervención como esta en el país que logra alcanzar una escala potencialmente capaz de producir un impacto social significativo. Nos tiene que inquietar que exista la posibilidad donde deje de ser una prioridad esta herramienta tan transformadora”, advirtió Cattalini.
Según señala el decreto 2160/17, el Nueva Oportunidad trabaja “con jóvenes de 12 a 35 años en situación de alta y extrema vulnerabilidad social, debido a la exclusión del sistema educativo, de salud, productivo y de sus vinculaciones con el sistema penal”.
El programa habilita “lugares de contención y genera espacios de capacitación, escucha, acompañamiento y también de acercamiento de estos jóvenes a las instituciones estatales presentes en el territorio, con el objetivo de promover su empoderamiento, fortaleciendo los lazos sociales y las relaciones de convivencia”.
El programa plantea “el referido abordaje de jóvenes desde la grupalidad y su pertenencia a un territorio, a través de actividades de capacitación en espacios u organismos estatales, no estatales y organizaciones de la sociedad civil y el pago de un incentivo económico”.
El pedido lleva las firmas de los diputados frentistas Joaquín Blanco, Lorena Ulieldín, Claudia Balagué, Érica Hynes, Mónica Peralta, Gisel Mahmud y Pablo Pinotti.
