Un grupo de organizaciones sociales y ambientalistas presentaron este lunes en el Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe un proyecto de ordenanza para prohibir el uso de glifosato en el ejido urbano del distrito. La iniciativa busca, además, establecer 1.500 metros libres de fumigaciones a partir del límite municipal.
En una conferencia de prensa frente al Concejo, integrantes del Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente, la Multisectorial Paren de Fumigarnos Santa Fe y la central obrera CTA, entre otros, dieron a conocer la iniciativa que, en principio, estaría acompañada por los concejales del Frente Progresista Franco Ponce de León y Leandro González, y del PJ Juan Carlos Cesoni.
El glifosato —uno de los herbicidas más usados en la producción agrícola en el país— fue clasificado como probable cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015 y fue prohibido por ordenanza en Rosario y Paraná, entre otras ciudades.
Por este motivo, junto a una larga lista de argumentos vinculados a la protección de la salud y el ambiente, las organizaciones de la sociedad civil exigen que se prohíba su uso en la capital santafesina y que, a su vez, el municipio establezca una zona de resguardo de 1.500 metros alrededor del ejido urbano, libre de agroquímicos. Se trata del mismo límite que solicitan a nivel provincial en la Legislatura, junto con un proyecto de producción agroecológica en las áreas periubanas.
Según explicó Rafael Colombo, de la ONG Capibara, hoy está vigente en la ciudad la ordenanza 11462/08 que prohíbe las fumigaciones aéreas dentro del ejido urbano pero permite las aplicaciones terrestres de productos de clase toxicólogica III y IV, entre los que se encuentra el glifosato. La norma prohíbe que la Municipalidad utilice agrotóxicos para el control de malezas, pero habilita a que lo hagan los privados.
Ni las organizaciones ni los concejales conocen con precisión en qué sectores de la ciudad se aplica glifosato.
“Hicimos un pedido de informe a la Municipalidad pero aún no lo respondieron”, explicó Carlos Manessi, referente de la Multisectorial Paren de Fumigarnos.
Por su parte, el concejal Ponce de León dijo que analizarán la situación cuando el proyecto llegue a las comisiones: “En el sector norte de la ciudad tenemos el cordón frutihortícola y de producción agrícola que hay que estudiar”, dijo.
Reclamo de antigua data
(*Por Graciana Petrone, nota de 2013)
En 2011, la ONG Paren de Fumigarnos colaboró con la redacción de un proyecto de ley para frenar el uso del glifosato en el territorio santafesino. La iniciativa fue presentada por el diputado justicialista José María Tessa en 2013 luego de que perdiera estado parlamentario y que buscaba modificar la vieja norma de fitosanitarios, una ley que data de 1995 y que, según explicó Manessi, “controla toda la producción de la provincia”. Sin embargo, el nuevo intento tampoco prosperó.
En diálogo con El Ciudadano, Manessi habló en aquella oportunidad sobre la magnitud del dinero que mueve el lobby sojero a nivel nacional: “Entre 30 y 40 millones de dólares que se traducen en 400 millones de litros de veneno en la agricultura industrial”.
En los puntos que introdujeron en la presentación para modificar la ley de fotsanitarios, estaban la prohibición de fumigaciones aéreas en todo el territorio santafesino y poner al resguardo ambiental las zonas urbanas, lacustres o cualquier foco poblacional a una distancia aproximada de 800 metros aproximadamente.
La magnitud de los afectados por agroquímicos
Según explicó Manessi, la soja está presente en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, parte de Chaco y de Santiago del Estero, es decir, unos 15 millones de habitantes y en donde se usan 400 millones de litros de veneno.
“Hay que tener en cuenta que esa cantidad de agroquímico no se usa en toda la extensión del país sino que está concentrado en donde está la soja y el impacto es mucho mayor. Los campamentos sanitarios que se están haciendo desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario dan cuenta de la realidad de muchos lugares del país. Hacen un muy buen estudio epidemiológico que demuestra que los habitantes de los pueblos fumigados tienen un índice que dobla al promedio de enfermos de cáncer de aquellos lugares en donde no hay presencia de agroquímicos”, concluyó el agrónomo.
