A partir de las quejas de vecinos organizados de la zona norte por la proliferación de construcciones en altura en barrios tradicionalmente “bajos”, y la repercusión mediática que alcanzó el tema, el bloque de concejales del Partido del Progreso Social (PPS) solicitará hoy al Ejecutivo municipal la suspensión por 90 días de los permisos de demolición y edificación en las áreas de la ciudad que aún no tienen actualizada la normativa de uso del suelo y características constructivas.
El pedido, materializado en un proyecto, será presentado esta tarde a las 16, en conferencia de prensa, por los ediles María Fernanda Gigliani y Héctor Cavallero. Por medio de la iniciativa, que deberá ser debatida en el Palacio Vasallo, el PPS solicita suspender por tres meses la emisión de permisos de demolición y edificación para las obras que superen los 10 metros de altura. Esto, en toda la ciudad a excepción del área central y el primer anillo perimetral, la zona comprendida por bulevar 27 de Febrero, la calle Vera Mujica y el río, para la cual ya se aprobaron las actualizaciones del Código Urbano respecto a las normas edilicias. Para el resto de la ciudad, y a pesar de que el Ejecutivo había prometido enviar el proyecto de modernización legislativa en el inicio mismo del período de sesiones del Concejo, el trámite se demoró. En este punto, la estrategia de la gestión de Mónica Fein fue cerrar antes la mayor cantidad de acuerdos posibles con los actores involucrados, entre los cuales el de mayor peso corresponde al de los empresarios e inversionistas inmobiliarios. La última información desde la Intendencia indica que el proyecto oficial será girado a los ediles el próximo jueves 8 de agosto.
En este escenario, lo que se acrecentó fue la especulación de los inversionistas y empresarios del sector inmobiliario, que adelantándose a una legislación más restrictiva –en especial respecto a las alturas máximas de las edificaciones– adelantaron las solicitudes de permisos de construcción para garantizarse el amparo de la ya obsoleta regulación vigente, que no podía prever la revalorización, sobre todo, de ciertas zonas cercanas al río Paraná como los barrios Arroyito y Alberdi, hoy codiciados por la alta valorización de sus terrenos.
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