Por Milagros Alonso
Sobrevivientes de abusos y representantes de diferentes organizaciones de Latinoamérica impulsan la creación de comisiones de la verdad en los países de la región como respuesta a la violencia sexual en las infancias y adolescencias, organismos que tienen por objetivo principal producir «una verdad histórica de un tema totalmente invisibilizado» y representan «un cambio de paradigma total», ya que a diferencia de los juicios por la verdad, incorporan recomendaciones para implementar reformas.
Luego de que en los últimos días se pusiera en agenda el tema de los juicios por la verdad a partir de declaraciones del conductor televisivo Jey Mammón, quien fue acusado por abuso sexual por Lucas Benvenuto, organizaciones que trabajan situaciones de abuso en niñez y adolescencia advirtieron que estos juicios son «un premio consuelo».
«El juicio por la verdad nos parece una solución de silenciamiento de la víctima. Es como decir ‘con eso quedate tranquilo’ y el sobreviviente quiere justicia real», indicó a Télam Sonia Almada, psicoanalista y directora de la Asociación Civil Aralma.
Es que esta instancia se da en casos en los que el delito se encuentra prescripto por el paso del tiempo, por lo que no se puede aplicar pena a la persona denunciada.
Frente a estos juicios sin efectos penales, activistas por la promoción de derechos de infancias destacaron la importancia de las comisiones de la verdad que tienen por objetivos esclarecer hechos; recibir los testimonios de las víctimas; y crear un informe final con recomendaciones dirigidas al Gobierno e instituciones para implementar las reformas necesarias para prevenir la repetición de los hechos y garantizar una reparación integral de las y los sobrevivientes.
En toda Latinoamérica, distintas asociaciones buscan crear comisiones de la verdad que atiendan la violencia sexual contra las infancias, algo inédito en la región, y que se inspira en las experiencias fructíferas que llevaron adelante varios países, como Australia, Irlanda, Alemania y Canadá.
Con el objetivo de debatir cómo se pueden establecer estos órganos en la región, se realizará el próximo viernes 14 un evento en la provincia de Buenos Aires organizado por la Asociación Civil Aralma y la Red Internacional por los Derechos de lxs Niñxs (Child Rights International Networ), que también contará con la presencia online de referentes internacionales.
Chile es el país de Latinoamérica que está más cerca de establecer una comisión de verdad en respuesta al abuso infantil institucional, y solo «depende de que el presidente Gabriel Boric firme un decreto», indicó en diálogo con Télam Eneas Espinoza, fundador y coordinador de la Red de Sobrevivientes de Abuso en Entornos Institucionales de Chile.
El año pasado, Naciones Unidas urgió al gobierno de Chile a crear una comisión «independiente, imparcial y adecuadamente financiada» sobre los casos de abuso infantil dentro de la Iglesia Católica y en centros residenciales de la Secretaría Nacional del Menor (Sename).
Otro país que registra avances es Perú. En 2019 se presentó el informe final de la Comisión Investigadora de abusos sexuales contra menores de edad en organizaciones compuesto por 1.394 páginas.
Es considerado «el mejor informe final que haya hecho una comisión investigadora en la historia del Congreso del Perú», aseguró a Télam desde Lima Jose Enrique Escardó Steck, quien fue la primera persona que denunció los abusos contra menores cometidos por el grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana y fundó la Red de Sobrevivientes Perú.
Sin embargo, como se trató de una comisión parlamentaria, el informe tenía que ser aprobado en el Congreso, algo que nunca sucedió y permaneció archivado hasta 2022, cuando el documento se hizo público gracias a una alianza entre la Red de Sobrevivientes Perú y la congresista Susel Ana María Paredes Piqué.
«A pesar de las presiones, venimos trabajando para que se haga conocido», apuntó Escardó Steck y aseguró que «cualquier comisión que investigue y emita algún tipo de conclusión, más allá de que no se pueda poner en práctica, es una victoria mediática o social. La gente puede entrar a internet y encontrar la verdad».
Para evitar los riesgos de las comisiones parlamentarias, los especialistas consultados por Télam explicaron la necesidad de establecer comisiones de la verdad independientes, que consisten en investigaciones a gran escala sobre violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado.
Tienen un tiempo determinado de duración, la integran grupos de expertos con gran prestigio que provienen de diversas instituciones o de la sociedad civil y que no pertenecen a partidos políticos.
«El objetivo central es producir una verdad histórica de un tema totalmente invisibilizado, ocultado y sepultado del que todavía no se quiere hablar», indicó Almada.
Por eso, estas comisiones aplicadas a casos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes son «un cambio de paradigma total en relación a cómo se ha tratado el abuso sexual infantil, que siempre queda adentro de los consultorios o en las denuncias judiciales», añadió la psicoanalista.
De crearse estas instituciones, el abuso se convertiría «en un problema social y la sociedad puede ir y contar aquello de lo que fue víctima», apuntó Almada.
A nivel mundial, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones han declarado haber sufrido abusos sexuales durante su infancia, según la Organización Mundial de la Salud.
A su vez, lo novedoso de instalar estas comisiones radica en que en Latinoamérica las comisiones de la verdad históricamente investigaron el terrorismo de Estado.
En nuestro país, la única experiencia que logró llevarse a cabo fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar.
Sobre la ampliación de las temáticas de las comisiones, Espinoza agregó que «es una continuación de un fenómeno lógico y natural de que si nos vamos a ocupar íntegramente de los derechos humanos tenemos que ocuparnos de esto también».
Y precisó: «No es algo nuevo porque ya se hizo en otros lugares del mundo, pero que en Latinoamérica podamos hacerlo implica resolver parte de nuestra memoria y también parte de nuestro presente porque las personas víctimas de estos crímenes han vivido entre nosotros durante todos estos años sin poder hablar, padeciendo una serie de secuelas del abuso que son gigantescas, tanto desde un punto de vista psicológico como físico».
Las y los activistas entrevistados resaltaron que las comisiones de la verdad ofrecen un «espacio seguro y confidencial para contar esa verdad que no se pudo contar nunca» y aseguraron que el «develamiento produce un efecto positivo en el camino de la recuperación».
También insistieron en que los países de Latinoamérica necesitan de estas instituciones para esclarecer la real dimensión del problema y dar el primer paso para erradicar la violencia sexual.
«El efecto va a ser multiplicador cuando logremos una comisión en un país. Va a dejar de ser imposible, de ser una locura de unas ‘víctimas locas’ y se convierte en algo real que funciona», concluyó Espinoza.
